La jueza en lo Comercial Marta Cirulli ordenó ayer la intervención plena del Correo Argentino, una firma de la familia Macri que está en la mira debido a que paralelamente se investiga a funcionarios por la deuda que el Estado nacional mantiene con la empresa.
Fuentes judiciales informaron que la magistrada dispuso el desplazamiento total de la sociedad concursada hasta tanto concluya el procedimiento de salvataje de la empresa.
Días atrás, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, pidió la intervención del Correo Argentino y el desplazamiento de todos sus administradores hasta que termine el proceso de salvataje o denominado "cramdown", la antesala de la quiebra.
Zannini adhirió a un planteo presentado ya por la fiscal de Cámara Gabriela Boquín para que se controlen las cuentas de la empresa, ya que surgieron dudas sobre su situación patrimonial en cuanto a deudas que ésta tiene con la Afip, de 600 millones de pesos, con empresas y hasta un supuesto desvío de dinero por 35 millones de pesos justificado en "anticipos de directorio".
La fiscal Boquín ya tenía sospechas sobre los manejos del Correo Argentino y durante el gobierno de Mauricio Macri denunció que la firma y el Estado habían acordado una fórmula para que la empresa saldara su deuda, cuando en realidad la licuaba casi en su totalidad.
Incluso, la fiscal denunció que durante quince años el Correo Argentino S.A., empresa de la familia Macri, realizó "actos de gravedad ligados al vaciamiento", por lo que había reclamado la intervención judicial a raíz de esa situación.
Para la fiscal, la empresa "se ha conducido de forma tal que este procedimiento fue una herramienta para defraudar la ley y los derechos de los acreedores".
Boquín ya había pedido rechazar por abusivo el acuerdo entre el Correo y el Estado alcanzado durante la gestión anterior, al sostener que la homologación de la propuesta llevaría a una quita de 70 mil millones de pesos al 2033, todo en perjuicio del Estado nacional.
Dirigentes del macrismo salieron al cruce de la intervención y alertaron que "el kirchnerismo presiona a la Justicia" para "perseguir" al expresidente Macri.
En un comunicado conjunto, el exministro de Justicia Germán Garavano, el exsenador Miguel Ángel Pichetto y el diputado Pablo Tonelli afirmaron que "desde 2003 el kirchnerismo está usando la concesión del Correo Argentino para montar una operación de persecución política contra Mauricio Macri y su familia" y recordaron que el exmandatario "desde hace más de una década se desvinculó de la empresa".
