Los fiscales Gerardo Pollicita y Gerardo Mahiques pidieron ayerque la expresidenta Cristina Kirchner y sus dos hijos, Máximo y Florencia Kirchner, vayan a juicio oral y público por lavado de dinero en el caso Hotesur.
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Ante el juez federal Julián Ercolini, los fiscales presentaron el pedido para que la causa en la que se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero mediante el alquiler de habitaciones de un hotel, y que implica también al empresario Lázaro Báez, pase finalmente a instancias de juicio.
El planteo alcanza a otros 18 imputados, entre ellos a Romina Mercado, la hija de Alicia Kirchner; al empresario inmobiliario Osvaldo Sanfelice; al contador Víctor Manzanares; a Adrián Berni, César Andrés, Ricardo Albornoz, Edith Gelves, Patricio Arandia, Emilio Martín, Jorge Bringas, Julio Mendoza, Martín Jacobs, Alejandro Ruiz y Oscar Leiva.
La causa es por la maniobra de lavado de dinero de 80 millones de pesos a través del alquiler de plazas hoteleras a las empresas de Lázaro Báez, quien se encuentra detenido y actualmente es juzgado en la causa la "ruta del dinero K".
"Los planes criminales llevados adelante por esta organización criminal no se agotaban en el sistema de beneficios y prebendas a favor de los empresarios amigos, que de esta forma se enriquecían gracias a los vínculos trazados", sostuvieron los fiscales.
Pollicita recordó que el 80 por ciento de obra pública que entregó el Estado nacional entre 2003 y 2015 fue a Lázaro Báez, y luego de ello -señaló- establecieron un circuito que "permitió canalizar regularmente fondos desde las empresas a favor de una actuaria como sociedad anónima, cuya función en el esquema de blanqueo diseñado consistiría en recibir dinero proveniente del delito precedente y aplicarlo al negocio de la hotelería".
"Con una gran cantidad de fondos en poder de las empresas de Lázaro Báez que mensualmente cobraban del Estado nacional, el esquema de blanqueo consistió en que los expresidentes adquirieran un grupo de hoteles –Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea- los pusieran a disposición de la maniobra para que su administración y explotación fuera ejercitada por una empresa pantalla, Valle Mitre, que se encargaría de recibir el dinero ilícito proveniente de las empresas del Grupo Báez", remarcaron.
Por ello, concluyeron que los Kirchner recibieron dinero "a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad", lo que les aseguraba poder declarar esos fondos ante la Oficina Anticorrupción “ocultando su verdadero origen".
El planteo alcanza a otros 18 imputados, entre ellos a Romina Mercado, la hija de Alicia Kirchner; al empresario inmobiliario Osvaldo Sanfelice; al contador Víctor Manzanares; a Adrián Berni, César Andrés, Ricardo Albornoz, Edith Gelves, Patricio Arandia, Emilio Martín, Jorge Bringas, Julio Mendoza, Martín Jacobs, Alejandro Ruiz y Oscar Leiva.
La causa es por la maniobra de lavado de dinero de 80 millones de pesos a través del alquiler de plazas hoteleras a las empresas de Lázaro Báez, quien se encuentra detenido y actualmente es juzgado en la causa la "ruta del dinero K".
"Los planes criminales llevados adelante por esta organización criminal no se agotaban en el sistema de beneficios y prebendas a favor de los empresarios amigos, que de esta forma se enriquecían gracias a los vínculos trazados", sostuvieron los fiscales.
Pollicita recordó que el 80 por ciento de obra pública que entregó el Estado nacional entre 2003 y 2015 fue a Lázaro Báez, y luego de ello -señaló- establecieron un circuito que "permitió canalizar regularmente fondos desde las empresas a favor de una actuaria como sociedad anónima, cuya función en el esquema de blanqueo diseñado consistiría en recibir dinero proveniente del delito precedente y aplicarlo al negocio de la hotelería".
"Con una gran cantidad de fondos en poder de las empresas de Lázaro Báez que mensualmente cobraban del Estado nacional, el esquema de blanqueo consistió en que los expresidentes adquirieran un grupo de hoteles –Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea- los pusieran a disposición de la maniobra para que su administración y explotación fuera ejercitada por una empresa pantalla, Valle Mitre, que se encargaría de recibir el dinero ilícito proveniente de las empresas del Grupo Báez", remarcaron.
Por ello, concluyeron que los Kirchner recibieron dinero "a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad", lo que les aseguraba poder declarar esos fondos ante la Oficina Anticorrupción “ocultando su verdadero origen".
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