Ley antibúnker: podrán demoler inmuebles usados para vender droga
El proyecto fue firmado por el gobernador Llaryora. Esperan que la Legislatura lo apruebe rápidamente. Apunta a generar herramientas legales para tomar medidas contra aguantaderos y puntos de venta de estupefacientes
El gobierno provincial buscará poner en marcha lo más rápido posible la denominada Ley Antibúnker, que le permitirá intervenir y hasta demoler inmuebles usados como aguantaderos o como puntos de ventas de drogas.
Nadia Fernández, secretaria de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, señaló que la iniciativa es disruptiva y que debería ser aprobada sin dilaciones y por amplia mayoría en la Legislatura. Además, planteó que será fundamental la adhesión y el acompañamiento de los intendentes.
“Es una iniciativa que crea un régimen específico para intervenir inmuebles que son usados como búnkers o aguantaderos. El proyecto prevé un procedimiento de intervención preventiva que permite tomar medidas como cerramientos, clausuras o la demolición. En los casos de narcotráfico se prevé el derribo. Si soy una ciudadana que veo que están vendiendo droga en la esquina de mi casa, llamo al 0800, un fiscal investiga y constata que se están vendiendo estupefacientes. Se decomisan los estupefacientes, ¿pero qué pasa con el inmueble? Al mes pueden ocuparlo de nuevo. Por eso se procede al derribo y se lo devuelve a la sociedad”, dijo Fernández.
La funcionaria indicó que el programa genera una herramienta “para darles un golpe certero a las bandas de narcos”.
La secretaria de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico señaló que es relevante que los intendentes adhieran. “Está previsto un organismo multiagencial que funcione de manera coordinada e intervenga en los delitos vinculados al narcotráfico, los desarmaderos o los aguantaderos, por ejemplo”, manifestó.
Según detalló el gobierno provincial, la iniciativa que se firmó ayer “establece un régimen administrativo y judicial que permitirá actuar de manera rápida, coordinada y proporcional sobre bienes que funcionen como búnkers de venta de drogas, aguantaderos o guaridas del delito, así como sobre inmuebles abandonados, desocupados o en estado de deterioro que faciliten la comisión de ilícitos o generen situaciones de peligro para la comunidad”.
El proyecto oficial, informó el gobierno cordobés, define un procedimiento de intervención temprana, con actas de constatación, informes técnicos, resoluciones fundadas y la posibilidad de adoptar medidas preventivas como el cerramiento, tapeado, clausura provisoria, bloqueo de accesos, custodia o aseguramiento de los inmuebles, siempre respetando el debido proceso y las competencias judiciales.
“Cuando la complejidad del caso lo requiera, especialmente en situaciones vinculadas al narcotráfico, será la Justicia la que podrá ordenar medidas de mayor alcance, como desalojos, demolición de construcciones utilizadas para la comercialización de drogas o la restitución de inmuebles a sus legítimos propietarios. La propuesta también fortalece el combate al narcotráfico mediante la creación de un esquema específico para que los bienes decomisados y los recursos provenientes de esas causas sean reinvertidos en la lucha contra ese delito”, detalló el Ejecutivo.
De los recursos obtenidos, el 60 por ciento se usará para el fortalecimiento operativo, tecnológico, logístico y de equipamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), mientras que el otro 40 por ciento restante financiará programas y políticas públicas impulsadas por el Ministerio de Justicia y Trabajo para la prevención y el abordaje del narcotráfico.