La información está publicada en el Centro de GestiónEstadística del Poder Judicial Provincial. Para tener una dimensión del peso que tienen las causas vinculadas al tráfico de drogas, en todas las fiscalías de la ciudad ingresaron hasta ayer 1.357 expedientes;esto señala que cuatro de cada diez causas que entran a las fiscalías son por narcotráfico.
La incorporación en Río Cuarto de una fiscalía dedicada específicamente a las causas por narcotráfico apuntó a darle una mayor relevancia desde Tribunales al combate contra las drogas.
Además, como en las principales ciudades de la provincia, también se sumaron sedes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
En las últimas horas, el gobernador Martín Llaryora sumó además otra herramienta que comenzará a discutirse en la Legislatura: la ley antibúnkers o antiaguantaderos, que apunta a dotar de más elementos a la Justicia y a la Policía para combatir el delito y, más específicamente, el tráfico de drogas.
Georgina Osella, fiscal de Lucha contra el Narcotráfico, manifestó que el proyecto, tal como se conoció, suma elementos importantes. “Es sumamente interesante, pero primero hay que ver cómo se vota en la Legislatura. Obviamente, todas las herramientas que nos sumen para quitar el poder económico de las organizaciones delictivas van a ser una ayuda, porque la forma en que se combate ese tipo de crimen tiene muchos vectores y uno es el económico. Si no les sacas los bienes a esas bandas, no se termina de desbaratar el hecho delictivo. Me gustaría ver cómo lo trata la Legislatura pero me parece una excelente herramienta como todas las que nos permitan darle mayor agilidad a las sanciones que tiene la comisión de este tipo de delitos”, indicó la fiscal Osella.
El proyecto de ley antibúnkers, que el gobierno provincial firmó en las últimas horas, será tratado en la Unicameral;el Ejecutivo señaló que espera que avance rápido y que haya una aprobación con números contundentes.
El proyecto apunta, según detalló el gobierno cordobés, a dotar al Estado de una herramienta legal específica para intervenir sobre inmuebles utilizados para actividades delictivas o que, por su estado de abandono, representen un riesgo para la seguridad pública y la convivencia ciudadana.
Una de las novedades principales es que se habilitará la demolición de inmuebles utilizados para la venta de estupefacientes.
“La iniciativa establece un régimen administrativo y judicial que permitirá actuar de manera rápida, coordinada y proporcional sobre bienes que funcionen como búnkers de venta de drogas, aguantaderos o guaridas del delito, así como sobre inmuebles abandonados, desocupados o en estado de deterioro que faciliten la comisión de ilícitos o generen situaciones de peligro para la comunidad”, detalló el gobierno provincial.
¿Qué establece el proyecto? Se prevé un procedimiento de intervención temprana, con actas de constatación, informes técnicos, resoluciones fundadas y la posibilidad de adoptar medidas preventivas como el cerramiento, tapeado, clausura provisoria, bloqueo de accesos, custodia o aseguramiento de los inmuebles, siempre respetando el debido proceso y las competencias judiciales. “Cuando la complejidad del caso lo requiera, especialmente en situaciones vinculadas al narcotráfico, será la Justicia la que podrá ordenar medidas de mayor alcance, como desalojos, demolición de construcciones utilizadas para la comercialización de drogas o la restitución de inmuebles a sus legítimos propietarios”, comunicó la Provincia.
Nadia Fernández, secretaria General de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, había señalado en diálogo con este diario que el derribo de inmuebles apunta a evitar que los puntos de droga que se desarticulan en una investigación vuelvan a operar después de algunas semanas.
Otro aspecto importante es que el proyecto busca fortalecer el combate al narcotráfico mediante la creación de un esquema específico para que los bienes decomisados y los recursos provenientes de esas causas sean reinvertidos en la lucha contra ese delito.
Además, el proyecto crea la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos, organismos que permitirán coordinar las acciones entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico, el Ministerio de Justicia y Trabajo, la Policía de Córdoba y los municipios y comunas. La iniciativa también invita a los gobiernos municipales a adherir al régimen.
