Derechos humanos y sectarismo
Una vez más, el aniversario del golpe de 1976 llega sin poder escapar al clima de profundas divisiones que reina en la sociedad, algo que expresan no sólo las dos marchas programadas para hoy en Buenos Aires, sino el hecho de que entre ambas ni siquiera aspiran a representar al conjunto de los argentinos comprometidos con la problemática de los derechos humanos.
El nuevo aniversario del golpe de Estado que inauguró el período más aciago de la historia argentina del último siglo llega en un momento en que los traumas generados entonces mantienen su vitalidad, como demuestra la alarma ante la posibilidad de que caracterizados represores puedan salir de la cárcel o el escándalo de un episodio rayano con lo inverosímil, como el frustrado intento de contratar a Cecilia Pando como maestra de grado. También lo hace, como en los últimos años, sin poder escapar al clima de profundas divisiones que reina en la sociedad, algo que expresan no sólo las dos marchas programadas para hoy en Buenos Aires sino el hecho de que entre ambas estén muy lejos de siquiera aspirar a representar al conjunto de los argentinos comprometidos con la problemática de los derechos humanos.
Las razones por las cuales los intentos de realizar una sola marcha invariablemente se frustran son conocidas. Varias organizaciones de derechos humanos, con el respaldo de partidos de izquierda, rechazan movilizarse en conjunto con otras estrechamente ligadas al kirchnerismo, porque repudian algunas acciones del gobierno anterior, como la llamada “ley antiterrorista”, el “proyecto X” de espionaje a organizaciones sociales, y sobre todo el encumbramiento de un represor como César Milani al frente del Ejército. Y no están dispuestas a dejar de lado ese repudio en sus documentos y sus consignas, aun cuando el gobierno haya cambiado y en muchos sentidos se erija como el “enemigo común” de ambas facciones.
Pero precisamente esa hostilidad con el Gobierno actual, al expresarse no sólo en asuntos vinculados con la problemática como los casos Maldonado y Nahuel o la llamada “doctrina Chocobar”, sino en cuestionamientos a medidas de política económica o de relaciones exteriores, desnaturaliza el sentido de la conmemoración. Y expulsa de ella no sólo a los ciudadanos que adhieren a la gestión de Mauricio Macri, sino a aquellos que, aun sin simpatizar con el Presidente, no aceptan que se lo equipare a un dictador ni legitiman los deseos de promover su salida anticipada que son indisimulables en muchos de los convocantes.
No se trata aquí de reprobar la “politización” de una conmemoración que por su naturaleza no podría dejar, aun proponiéndoselo, de ser política. Se trata de lamentar su apropiación por parte de facciones que tienen una agenda de posicionamientos, reclamos y propuestas a la sociedad cuya legitimidad no se cuestiona, pero deberían expresar fuera de un ámbito que contiene un universo mucho más amplio que el representado por sus respectivas ideologías.
Memoria, verdad y justicia no son valores que pueda atribuirse en exclusividad la izquierda; mucho menos el kirchnerismo, que en su malversación de los derechos humanos hasta llegó a enlodar a la más emblemática de las organizaciones en sus miserables negociados espurios. Son aspiraciones, si no de todos, al menos de una abrumadora mayoría de los argentinos, en particular de los millones que en la práctica son sectariamente dejados fuera de toda posibilidad de sumarse a su reivindicación en esta fecha.
Las razones por las cuales los intentos de realizar una sola marcha invariablemente se frustran son conocidas. Varias organizaciones de derechos humanos, con el respaldo de partidos de izquierda, rechazan movilizarse en conjunto con otras estrechamente ligadas al kirchnerismo, porque repudian algunas acciones del gobierno anterior, como la llamada “ley antiterrorista”, el “proyecto X” de espionaje a organizaciones sociales, y sobre todo el encumbramiento de un represor como César Milani al frente del Ejército. Y no están dispuestas a dejar de lado ese repudio en sus documentos y sus consignas, aun cuando el gobierno haya cambiado y en muchos sentidos se erija como el “enemigo común” de ambas facciones.
Pero precisamente esa hostilidad con el Gobierno actual, al expresarse no sólo en asuntos vinculados con la problemática como los casos Maldonado y Nahuel o la llamada “doctrina Chocobar”, sino en cuestionamientos a medidas de política económica o de relaciones exteriores, desnaturaliza el sentido de la conmemoración. Y expulsa de ella no sólo a los ciudadanos que adhieren a la gestión de Mauricio Macri, sino a aquellos que, aun sin simpatizar con el Presidente, no aceptan que se lo equipare a un dictador ni legitiman los deseos de promover su salida anticipada que son indisimulables en muchos de los convocantes.
No se trata aquí de reprobar la “politización” de una conmemoración que por su naturaleza no podría dejar, aun proponiéndoselo, de ser política. Se trata de lamentar su apropiación por parte de facciones que tienen una agenda de posicionamientos, reclamos y propuestas a la sociedad cuya legitimidad no se cuestiona, pero deberían expresar fuera de un ámbito que contiene un universo mucho más amplio que el representado por sus respectivas ideologías.
Memoria, verdad y justicia no son valores que pueda atribuirse en exclusividad la izquierda; mucho menos el kirchnerismo, que en su malversación de los derechos humanos hasta llegó a enlodar a la más emblemática de las organizaciones en sus miserables negociados espurios. Son aspiraciones, si no de todos, al menos de una abrumadora mayoría de los argentinos, en particular de los millones que en la práctica son sectariamente dejados fuera de toda posibilidad de sumarse a su reivindicación en esta fecha.