El acuerdo contra las noticias falsas en la campaña electoral
La búsqueda de que “el derecho a votar no se vea menoscabado por la confusión o una influencia indebida en la voluntad” de la ciudadanía, como señala el texto en cuestión, da cuenta de un objetivo incuestionablemente noble, aun cuando sería ingenuo no albergar al menos algunas dudas sobre el verdadero compromiso de los actores por llevarlo adelante.
El acuerdo promovido por la Justicia y firmado por representantes de los partidos políticos y de las plataformas digitales para evitar la desinformación y las noticias falsas toma nota de la creciente y no necesariamente positiva presencia de las nuevas tecnologías en las campañas electorales. La búsqueda de que “el derecho a votar no se vea menoscabado por la confusión o una influencia indebida en la voluntad” de la ciudadanía, como señala el texto en cuestión, da cuenta de un objetivo incuestionablemente noble, aun cuando sería ingenuo no albergar al menos algunas dudas sobre el verdadero compromiso de los actores por llevarlo adelante.
Como se sabe, en el mundo es cada vez mayor la cantidad de gente que tiene a las redes sociales como una fuente de información no sólo sobre su entorno familiar o afectivo, sino sobre la realidad política, económica y social circundante, a punto tal de desplazar en algunos casos a los medios de comunicación tradicionales. Este fenómeno, virtuoso en tanto supone una democratización en la circulación de las noticias, tiene como contracara la virtual impunidad que da la falta de un editor responsable, que permite la generación y la distribución de historias distorsionadas o directamente inventadas con todo tipo de objetivos, por lo general oscuros.
Cuando las noticias falsas así concebidas no provienen de algún usuario en particular sino que forman parte de una estrategia partidaria, y cuando se aplican en el marco de una campaña electoral, sus posibilidades de influir en la decisión de un número significativo de ciudadanos han sido comprobadas, por ejemplo, en los comicios que llevaron a la presidencia a Donald Trump en los Estados Unidos. En la Argentina se han atribuido persistentemente intencionalidades similares a “trolls” que responderían al oficialismo, aunque en este caso los acusadores no parecen precisamente inocentes en cuanto al uso de la metodología que critican.
En cualquier caso, la idea de controlar este tipo de “guerra sucia” mediante algún tipo de normativa legal es sumamente peligrosa, por cuanto difícilmente pueda concebirse algún tipo de mecanismo regulatorio que no atente, al menos en potencia, contra la libertad de expresión. De hecho, por tomar el ejemplo de un país que ha emprendido ese camino, la ley instaurada en Rusia con el alegado propósito de sancionar la transmisión de “fake news” está diseñada para reprimir, en la práctica, a los opositores y críticos de Vladimir Putin.
Por eso la convocatoria realizada por la Cámara Nacional Electoral apunta a una autorregulación mediante la adhesión voluntaria al “uso responsable de las redes sociales”, en resguardo de “la integridad del proceso electoral”. Y si bien tuvo una aceptación virtualmente unánime de parte de los partidos políticos, además del respaldo de Facebook, Twitter, Google, Instagram y Whatsapp, sus posibilidades de tener efectos operativos inmediatos no pueden considerarse más allá de toda duda razonable.
Nadie puede declararse en contra de promover “la honestidad del debate democrático en las próximas elecciones nacionales, de modo de contribuir a mitigar los efectos negativos de la divulgación de contenido falso y demás tácticas de desinformación en redes sociales y otros entornos digitales”. Habrá que ver si la promesa se traduce en la renuncia a una práctica que es considerada de probada eficacia por protagonistas de una actividad en la que históricamente tuvo un gran peso aquello de que “el fin justifica los medios”.
Como se sabe, en el mundo es cada vez mayor la cantidad de gente que tiene a las redes sociales como una fuente de información no sólo sobre su entorno familiar o afectivo, sino sobre la realidad política, económica y social circundante, a punto tal de desplazar en algunos casos a los medios de comunicación tradicionales. Este fenómeno, virtuoso en tanto supone una democratización en la circulación de las noticias, tiene como contracara la virtual impunidad que da la falta de un editor responsable, que permite la generación y la distribución de historias distorsionadas o directamente inventadas con todo tipo de objetivos, por lo general oscuros.
Cuando las noticias falsas así concebidas no provienen de algún usuario en particular sino que forman parte de una estrategia partidaria, y cuando se aplican en el marco de una campaña electoral, sus posibilidades de influir en la decisión de un número significativo de ciudadanos han sido comprobadas, por ejemplo, en los comicios que llevaron a la presidencia a Donald Trump en los Estados Unidos. En la Argentina se han atribuido persistentemente intencionalidades similares a “trolls” que responderían al oficialismo, aunque en este caso los acusadores no parecen precisamente inocentes en cuanto al uso de la metodología que critican.
En cualquier caso, la idea de controlar este tipo de “guerra sucia” mediante algún tipo de normativa legal es sumamente peligrosa, por cuanto difícilmente pueda concebirse algún tipo de mecanismo regulatorio que no atente, al menos en potencia, contra la libertad de expresión. De hecho, por tomar el ejemplo de un país que ha emprendido ese camino, la ley instaurada en Rusia con el alegado propósito de sancionar la transmisión de “fake news” está diseñada para reprimir, en la práctica, a los opositores y críticos de Vladimir Putin.
Por eso la convocatoria realizada por la Cámara Nacional Electoral apunta a una autorregulación mediante la adhesión voluntaria al “uso responsable de las redes sociales”, en resguardo de “la integridad del proceso electoral”. Y si bien tuvo una aceptación virtualmente unánime de parte de los partidos políticos, además del respaldo de Facebook, Twitter, Google, Instagram y Whatsapp, sus posibilidades de tener efectos operativos inmediatos no pueden considerarse más allá de toda duda razonable.
Nadie puede declararse en contra de promover “la honestidad del debate democrático en las próximas elecciones nacionales, de modo de contribuir a mitigar los efectos negativos de la divulgación de contenido falso y demás tácticas de desinformación en redes sociales y otros entornos digitales”. Habrá que ver si la promesa se traduce en la renuncia a una práctica que es considerada de probada eficacia por protagonistas de una actividad en la que históricamente tuvo un gran peso aquello de que “el fin justifica los medios”.