El escenario apropiado
Más allá de las diferentes opiniones que es capaz de suscitar la iniciativa oficial de involucrar en mayor medida a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, que como ha quedado expuesto en estos días sigue siendo una cuestión sumamente sensible en un país históricamente signado por las dictaduras militares como la Argentina, la idea de que el legislativo es el ámbito adecuado para tratarla resulta difícil de objetar.
Pocos días después del anuncio del presidente Mauricio Macri sobre su intención de asignarles nuevas funciones a las Fuerzas Armadas, el debate abierto en el seno de la sociedad y en la dirigencia política ha incluido el surgimiento en el Congreso de iniciativas para derogar el decreto respectivo, emanadas de diferentes expresiones de la oposición. Más allá de las diferentes opiniones que es capaz de suscitar la cuestión de fondo, que como ha quedado expuesto en estos días sigue siendo sumamente sensible en un país históricamente signado por las dictaduras militares como la Argentina, la idea de que el legislativo es el ámbito adecuado para tratarla resulta difícil de objetar.
De hecho, tanto quienes rechazan de plano la medida porque descuentan que las verdaderas intenciones del Gobierno son las de sumar una nueva herramienta para reprimir la protesta social como quienes lo hacen porque la experiencia de otros países demuestra que la incorporación de las Fuerzas Armadas a la lucha contra el narcotráfico trae más perjuicios que beneficios, advierten que contradice una o varias leyes en vigencia. Y que, naturalmente, una ley no puede ser dejada sin efecto por un decreto, instrumento jurídico de menor jerarquía.
Los voceros del Gobierno, en cambio, sostienen que el nuevo decreto de Macri no modifica ninguna ley, sino otro decreto precedente, elaborado durante la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Defensa, que precisaba el alcance del respaldo que de acuerdo con la ley de defensa las Fuerzas Armadas pueden proporcionarles a las de seguridad. Ciertamente, parece una discusión jurídica dentro de la cual caben diferentes interpretaciones, que con toda probabilidad se adaptarán a los posicionamientos políticos de quienes las realicen.
Sin embargo, la cuestión no debería pasar solamente por determinar si la intervención del Congreso es o no necesaria, desde el punto de vista jurídico, para facultar a las Fuerzas Armadas a cumplir las misiones que Macri pretende asignarles, sino por evaluar si es o no conveniente. Y en este sentido la respuesta no puede sino ser afirmativa. Basta considerar que el dilema actual no existiría si lo prescripto por el decreto de Kirchner y Garré hubiera sido fijado por ley, y que, suponiendo que la medida de Macri queda en vigencia, bastaría un cambio de gobierno para que su sucesor, también por decreto, revirtiera todo lo actuado.
Más allá de las opiniones negativas –como las consignadas en esta página oportunamente– o positivas sobre las intenciones de Macri, el alcance de la participación militar en la lucha contra el narcotráfico es un tema delicado que debería establecerse con un mayor grado de consenso entre las fuerzas políticas, incluso para darles más certeza y estabilidad a quienes deberían llevar la iniciativa a la práctica. Por eso el tránsito por el Congreso sería el camino correcto, aun en el caso de que no fuera estrictamente necesario desde lo legal.
De hecho, tanto quienes rechazan de plano la medida porque descuentan que las verdaderas intenciones del Gobierno son las de sumar una nueva herramienta para reprimir la protesta social como quienes lo hacen porque la experiencia de otros países demuestra que la incorporación de las Fuerzas Armadas a la lucha contra el narcotráfico trae más perjuicios que beneficios, advierten que contradice una o varias leyes en vigencia. Y que, naturalmente, una ley no puede ser dejada sin efecto por un decreto, instrumento jurídico de menor jerarquía.
Los voceros del Gobierno, en cambio, sostienen que el nuevo decreto de Macri no modifica ninguna ley, sino otro decreto precedente, elaborado durante la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Defensa, que precisaba el alcance del respaldo que de acuerdo con la ley de defensa las Fuerzas Armadas pueden proporcionarles a las de seguridad. Ciertamente, parece una discusión jurídica dentro de la cual caben diferentes interpretaciones, que con toda probabilidad se adaptarán a los posicionamientos políticos de quienes las realicen.
Sin embargo, la cuestión no debería pasar solamente por determinar si la intervención del Congreso es o no necesaria, desde el punto de vista jurídico, para facultar a las Fuerzas Armadas a cumplir las misiones que Macri pretende asignarles, sino por evaluar si es o no conveniente. Y en este sentido la respuesta no puede sino ser afirmativa. Basta considerar que el dilema actual no existiría si lo prescripto por el decreto de Kirchner y Garré hubiera sido fijado por ley, y que, suponiendo que la medida de Macri queda en vigencia, bastaría un cambio de gobierno para que su sucesor, también por decreto, revirtiera todo lo actuado.
Más allá de las opiniones negativas –como las consignadas en esta página oportunamente– o positivas sobre las intenciones de Macri, el alcance de la participación militar en la lucha contra el narcotráfico es un tema delicado que debería establecerse con un mayor grado de consenso entre las fuerzas políticas, incluso para darles más certeza y estabilidad a quienes deberían llevar la iniciativa a la práctica. Por eso el tránsito por el Congreso sería el camino correcto, aun en el caso de que no fuera estrictamente necesario desde lo legal.