El pedido de detención de Pablo Moyano
El descargo de Pablo Moyano ante el pedido de captura de un fiscal bonaerense, previsiblemente basado en vincular sus problemas judiciales con un gobierno nacional que se la pasa organizando campañas de desprestigio y maniobras de distracción, se ve en esta oportunidad avalado por una alarmante reacción corporativa del mundo sindical en su conjunto, cuya defensa no excluye nada veladas amenazas de perturbar la paz social si la detención se formaliza.
El pedido de captura formulado por un fiscal de la provincia de Buenos Aires contra el líder sindical del gremio de los camioneros Pablo Moyano se ha sumado a la lista de disposiciones de la Justicia de gran impacto político, que como tales se ven expuestas de inmediato a los ataques y las descaliicaciones de quienes les atribuyen una intencionalidad distinta de la formalmente enunciada. El descargo del acusado, previsiblemente basado en vincular sus problemas judiciales con un gobierno nacional que se la pasa organizando campañas de desprestigio y maniobras de distracción, se ve en esta oportunidad avalado por una alarmante reacción corporativa del mundo sindical en su conjunto, cuya defensa no excluye nada veladas amenazas de perturbar la paz social si la detención se formaliza.
En rigor, desde que comenzó a perfilarse como sucesor de su padre, Hugo, Pablo Moyano viene viéndose involucrado en problemas judiciales que ambos han adjudicado invariablemente a su actividad sindical, sin mucho empeño en despejar las dudas sobre las acusaciones concretas. En este caso, la culpa es de un gobierno “peor que la dictadura”, como en el pasado fue de la presidenta anterior, con la que acababan de distanciarse y hoy aparecen una vez más estrechamente aliados.
Desde luego, en un país donde históricamente la Justicia se ha mostrado permeable a las presiones del poder político las suspicacaias resultan inevitables. Sin embargo, y como ocurre en prácticamente todas las investigaciones que involucran a exfuncionarios de los años recientes, las evidencias conocidas públicamente no contribuyen precisamente a sostener las teorías conspirativas que únicamente encuentran oídos atentos en quienes ya tienen una predisposición a no escuchar nada que se contraponga a sus propios puntos de vista.
Este caso es un ejemplo. La actividad criminal de la barra brava de Independiente es un hecho comprobado, con múltiples aristas, y tampoco cabe duda en cuanto a la complicidad de al menos parte de la dirigencia del club, uno de cuyos miembros más prominentes, Noray Nakis, lleva detenido un largo tiempo. Sobre el papel desempeñado por los Moyano la evidencia no es tan contundente, pero sugerir que el fiscal actúa como ariete en una acusación inventada por el Gobierno es absurdo. Y si bien es cierto que sería un exceso dictar una orden de captura basándose exclusivamente en las confesiones de un delincuente consumado como el afamado “Bebote” Álvarez, debe señalarse que el fiscal también ha reunido otros testimonios, pruebas documentales e intervenciones telefónicas antes de formular su pedido.
De todas formas, que Moyano se defienda con el argumento de ser un perseguido político es tan natural como en cualquiera que no disponga de una defensa jurídica más sólida. Que el sindicalismo cierre filas en torno de él es más grave, y genera la pregunta de si tal solidaridad no responde a lo expuesta que está la mayoría de sus dirigentes, sospechados de atender más a sus propios intereses que a los de los trabajadores. Una reacción que paradójicamente habrá de leerse como un intento de presionar a la Justicia más grosero que el que atribuyen al Gobierno, y que inevitablemente abrirá dudas sobre la decisión del juez bonaerense actuante si, como anticipan algunas versiones, no da curso al pedido de detención formulado por el fiscal.
En rigor, desde que comenzó a perfilarse como sucesor de su padre, Hugo, Pablo Moyano viene viéndose involucrado en problemas judiciales que ambos han adjudicado invariablemente a su actividad sindical, sin mucho empeño en despejar las dudas sobre las acusaciones concretas. En este caso, la culpa es de un gobierno “peor que la dictadura”, como en el pasado fue de la presidenta anterior, con la que acababan de distanciarse y hoy aparecen una vez más estrechamente aliados.
Desde luego, en un país donde históricamente la Justicia se ha mostrado permeable a las presiones del poder político las suspicacaias resultan inevitables. Sin embargo, y como ocurre en prácticamente todas las investigaciones que involucran a exfuncionarios de los años recientes, las evidencias conocidas públicamente no contribuyen precisamente a sostener las teorías conspirativas que únicamente encuentran oídos atentos en quienes ya tienen una predisposición a no escuchar nada que se contraponga a sus propios puntos de vista.
Este caso es un ejemplo. La actividad criminal de la barra brava de Independiente es un hecho comprobado, con múltiples aristas, y tampoco cabe duda en cuanto a la complicidad de al menos parte de la dirigencia del club, uno de cuyos miembros más prominentes, Noray Nakis, lleva detenido un largo tiempo. Sobre el papel desempeñado por los Moyano la evidencia no es tan contundente, pero sugerir que el fiscal actúa como ariete en una acusación inventada por el Gobierno es absurdo. Y si bien es cierto que sería un exceso dictar una orden de captura basándose exclusivamente en las confesiones de un delincuente consumado como el afamado “Bebote” Álvarez, debe señalarse que el fiscal también ha reunido otros testimonios, pruebas documentales e intervenciones telefónicas antes de formular su pedido.
De todas formas, que Moyano se defienda con el argumento de ser un perseguido político es tan natural como en cualquiera que no disponga de una defensa jurídica más sólida. Que el sindicalismo cierre filas en torno de él es más grave, y genera la pregunta de si tal solidaridad no responde a lo expuesta que está la mayoría de sus dirigentes, sospechados de atender más a sus propios intereses que a los de los trabajadores. Una reacción que paradójicamente habrá de leerse como un intento de presionar a la Justicia más grosero que el que atribuyen al Gobierno, y que inevitablemente abrirá dudas sobre la decisión del juez bonaerense actuante si, como anticipan algunas versiones, no da curso al pedido de detención formulado por el fiscal.