Encarcelados sin condena
Aunque no cambia en lo más mínimo la situación procesal de los beneficiados, la excarcelación de Carlos Zannini y Luis D’Elía, como antes lo había hecho la de Amado Boudou, vuelve a cuestionar la catarata de prisiones preventivas contra figuras del régimen anterior abierta a fines del año pasado, que en no pocos casos denota una arbitrariedad difícil de defender.
En línea con lo ocurrido pocos días atrás con el exvicepresidente Amado Boudou, y con parecidos fundamentos, la Justicia resolvió dejar en libertad ambulatoria al exsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación Carlos Zannini y al conspicuo militante kirchnerista Luis D’Elía, luego de haber permanecido detenidos por tres meses y medio por orden del juez federal Claudio Bonadio. La decisión, que no cambia en lo más mínimo la situación procesal de los beneficiados, vuelve a cuestionar la catarata de prisiones preventivas contra figuras del régimen anterior abierta a fines del año pasado, que en no pocos casos denota una arbitrariedad difícil de defender.
Insistentemente se señala, frente a casos que no siempre involucran a personajes vinculados con la política, que el procesamiento de una persona no implica su culpabilidad, y que la presunción de inocencia le otorga el derecho de esperar en libertad la definición de su situación, que puede darse a través de un juicio oral y público. Naturalmente, existen circunstancias que aconsejan el dictado de la prisión preventiva, pero es justo y lógico, para evitar su transformación en un castigo anticipado, considerarlas de modo restrictivo.
Como bien expresa el dictamen del tribunal que liberó a Zannini y D’Elía, en este caso esas circunstancias no se verifican. Ninguno de los dos parece tener posibilidades -como tampoco las tenía Boudou- de borrar pruebas u obstruir la investigación en modo alguno, porque el “poder residual” que les atribuía la resolución que los envió a la cárcel da la impresión de ser una fantasía del juez actuante. Y es aún menos verosímil, por su carácter de personajes públicos muy conocidos, que intenten fugarse.
Aun cuando atribuyó su temporada tras las rejas al gobierno nacional, en línea con todos los miembros del gobierno del que fue parte, Zannini hizo notar que los presos sin condena firme son mayoría entre la población carcelaria del país. Queja sumamente paradójica en quien durante más de doce años estuvo en una posición inmejorable para elaborar y promover iniciativas aptas para corregir tal anomalía, y que en cambio los dedicó a perfeccionar instrumentos para presionar y condicionar a la Justicia desde el Ejecutivo; pero la escasa legitimidad de quien la emite no vuelve menos exacta la apreciación.
En ese sentido, mejorar los instrumentos procesales para acelerar el desarrollo de las causas, independientemente de su sensibilidad política, aparece una vez más como una necesidad acuciante. La sensación de que en la Argentina la Justicia no cumple con su papel va a seguir instalada en la sociedad mientras las investigaciones no terminen de resolverse nunca, estén en prisión los acusados o no lo estén.
Insistentemente se señala, frente a casos que no siempre involucran a personajes vinculados con la política, que el procesamiento de una persona no implica su culpabilidad, y que la presunción de inocencia le otorga el derecho de esperar en libertad la definición de su situación, que puede darse a través de un juicio oral y público. Naturalmente, existen circunstancias que aconsejan el dictado de la prisión preventiva, pero es justo y lógico, para evitar su transformación en un castigo anticipado, considerarlas de modo restrictivo.
Como bien expresa el dictamen del tribunal que liberó a Zannini y D’Elía, en este caso esas circunstancias no se verifican. Ninguno de los dos parece tener posibilidades -como tampoco las tenía Boudou- de borrar pruebas u obstruir la investigación en modo alguno, porque el “poder residual” que les atribuía la resolución que los envió a la cárcel da la impresión de ser una fantasía del juez actuante. Y es aún menos verosímil, por su carácter de personajes públicos muy conocidos, que intenten fugarse.
Aun cuando atribuyó su temporada tras las rejas al gobierno nacional, en línea con todos los miembros del gobierno del que fue parte, Zannini hizo notar que los presos sin condena firme son mayoría entre la población carcelaria del país. Queja sumamente paradójica en quien durante más de doce años estuvo en una posición inmejorable para elaborar y promover iniciativas aptas para corregir tal anomalía, y que en cambio los dedicó a perfeccionar instrumentos para presionar y condicionar a la Justicia desde el Ejecutivo; pero la escasa legitimidad de quien la emite no vuelve menos exacta la apreciación.
En ese sentido, mejorar los instrumentos procesales para acelerar el desarrollo de las causas, independientemente de su sensibilidad política, aparece una vez más como una necesidad acuciante. La sensación de que en la Argentina la Justicia no cumple con su papel va a seguir instalada en la sociedad mientras las investigaciones no terminen de resolverse nunca, estén en prisión los acusados o no lo estén.