Entre el debate acelerado y el posible nuevo cajoneo
La decisión de la Cámara de Diputados de interrumpir el debate en particular del proyecto contra la violencia en los espectáculos deportivos, para enviarlo a estudio en comisión, no sólo refleja las dificultades de la política para lidiar con ciertas problemáticas delicadas, sino que en alguna medida pone en entredicho la seriedad con que se llevan adelante los trámites parlamentarios.
Entre los diversos debates puestos en marcha con la aceleración de la actividad legislativa verificada este diciembre, luego del llamado a sesiones extraordinarias del Poder Ejecutivo, la frustración del proyecto que agrava las penas de los delitos cometidos en los espectáculos deportivos constituye probablemente un factor que de cara a la opinión pública inclina la balanza en un sentido negativo. La decisión de la Cámara de Diputados de interrumpir el debate en particular de un texto que acababa de aprobar en general con un respaldo casi unánime, para enviarlo a estudio en comisión, no sólo refleja las dificultades de la política para lidiar con ciertas problemáticas delicadas, sino que en alguna medida pone en entredicho la seriedad con que se llevan adelante los trámites parlamentarios.
Puntualmente, el debate se trabó en el artículo que sanciona la tenencia de entradas falsas con penas consideradas por algunos excesivas -aun cuando el máximo de tres años permitiría dejarlas en suspenso-, mientras otros temen que recaigan en compradores de buena fe. Sin embargo, quedó la impresión de que esa y otras cuestiones específicas han servido de excusa para que quienes no desean realmente intervenir en un ámbito en que el delito se entronca con diversos factores de poder -desde la política al sindicalismo, pasando por la Justicia y las fuerzas de seguridad- pudieran controlar el impulso que tomó en los últimos días la ofensiva contra los barrabravas.
Desde luego, en cierta forma, no es una mala excusa. Dado que el proyecto ni siquiera figuraba en la convocatoria original a extraordinarias, tiene legitimidad el planteo de algunos diputados de que no es lo ideal legislar al calor de una coyuntura crítica -como la surgida de la agresión a los jugadores de Boca Juniors que forzó la suspensión de la final de la Copa Libertadores- si lo que se pretende es un debate serio que alumbre la mejor ley posible.
Sin embargo, en este caso en particular -y no es el único- el reclamo de más tiempo para el análisis y la reflexión pierde validez cuando se recuerda que en realidad se trata de un proyecto presentado originalmente en 2016, cajoneado hasta su reflotamiento reciente, y tratado con modificaciones incorporadas también a último momento. Quienes piden no ser forzados a legislar atropelladamente, al calor de la coyuntura, son los mismos que tampoco legislan cuando la realidad no los apura con sus urgencias.
En cualquier caso, y aunque la inclusión de medidas para cortar el financiamiento de los violentos procura presentarla como una iniciativa superadora, no está claro hasta qué punto se está ante una herramienta apta para hacer frente a un flagelo que hasta ahora ha resistido todos los intentos de hacerlo retroceder desde la política. Pero la manera en que quedó bloqueado el proyecto en Diputados y la incertidumbre en torno de su futuro inmediato alcanzan para poner en duda la sinceridad de los esfuerzos de quienes, en muchos casos, están demasiado cerca de la raíz del problema como para quedar libres de sospecha.
Puntualmente, el debate se trabó en el artículo que sanciona la tenencia de entradas falsas con penas consideradas por algunos excesivas -aun cuando el máximo de tres años permitiría dejarlas en suspenso-, mientras otros temen que recaigan en compradores de buena fe. Sin embargo, quedó la impresión de que esa y otras cuestiones específicas han servido de excusa para que quienes no desean realmente intervenir en un ámbito en que el delito se entronca con diversos factores de poder -desde la política al sindicalismo, pasando por la Justicia y las fuerzas de seguridad- pudieran controlar el impulso que tomó en los últimos días la ofensiva contra los barrabravas.
Desde luego, en cierta forma, no es una mala excusa. Dado que el proyecto ni siquiera figuraba en la convocatoria original a extraordinarias, tiene legitimidad el planteo de algunos diputados de que no es lo ideal legislar al calor de una coyuntura crítica -como la surgida de la agresión a los jugadores de Boca Juniors que forzó la suspensión de la final de la Copa Libertadores- si lo que se pretende es un debate serio que alumbre la mejor ley posible.
Sin embargo, en este caso en particular -y no es el único- el reclamo de más tiempo para el análisis y la reflexión pierde validez cuando se recuerda que en realidad se trata de un proyecto presentado originalmente en 2016, cajoneado hasta su reflotamiento reciente, y tratado con modificaciones incorporadas también a último momento. Quienes piden no ser forzados a legislar atropelladamente, al calor de la coyuntura, son los mismos que tampoco legislan cuando la realidad no los apura con sus urgencias.
En cualquier caso, y aunque la inclusión de medidas para cortar el financiamiento de los violentos procura presentarla como una iniciativa superadora, no está claro hasta qué punto se está ante una herramienta apta para hacer frente a un flagelo que hasta ahora ha resistido todos los intentos de hacerlo retroceder desde la política. Pero la manera en que quedó bloqueado el proyecto en Diputados y la incertidumbre en torno de su futuro inmediato alcanzan para poner en duda la sinceridad de los esfuerzos de quienes, en muchos casos, están demasiado cerca de la raíz del problema como para quedar libres de sospecha.