Frente a otra forma de violencia familiar
Más allá de las reacciones que van del sarcasmo a la indignación desencadenadas por la irrisoria multa de 750 pesos dispuesta por un juez tucumano contra Sergio Schoklender, debido a la falta de pago de la manutención de su hija a la que se había comprometido, es oportuno señalar que refleja un drama generalizado, que está muy lejos de ceñirse a un caso en particular.
En un momento en que las asimetrías por cuestiones de género ocupan un lugar central en la agenda pública por la impactante denuncia de la violación de una menor en el ámbito del mundo del espectáculo, la noticia de la imposición de una sanción irrisoria a una personalidad de triste fama por no pagar la manutención de su hija ha puesto al descubierto una cara de la violencia de género que tampoco ha merecido, hasta ahora, una respuesta institucional adecuada. Más allá de las reacciones que van del sarcasmo a la indignación desencadenadas por la multa de 750 pesos dispuesta por un juez tucumano contra Sergio Schoklender, es oportuno señalar que refleja un drama generalizado, que está muy lejos de ceñirse a un caso en particular.
La novedad permitió revisar un aspecto de la historia de Schoklender menos conocido, pero igualmente teñido de oscuridad, que su condena por el asesinato de sus padres o su participación en la estafa del programa “Sueños Compartidos” bajo la cobertura de la organización Madres de Plaza de Mayo y su líder Hebe de Bonafini: su negativa a reconocer como propia a una hija nacida de una pareja que formó después de salir de la cárcel, y a la que se empeñó en mantener abandonada incluso después de que un largo juicio por paternidad, con prueba de ADN incluida, demostrara que sólo estaba tratando de demorar todo lo posible la hora de asumir su responsabilidad.
Sin duda, la excusa de que este sujeto no se encuentra en condiciones de afrontar el pago de una cuota alimentaria no puede menos que redoblar la indignación y el asombro, si se piensa no sólo en la empresa constructora de la que era propietario, y a través de la cual se desarrolló la defraudación con el plan de viviendas, sino en los bienes que se le descubrieron en el curso de las diversas investigaciones judiciales en su contra, que incluían varias propiedades inmobiliarias, autos de lujo, yates y hasta un avión privado. Sin embargo, también en esto Schoklender se muestra digno exponente de los de su clase: las maniobras para enajenar y ocultar su patrimonio siempre han sido una especialidad de los padres que eluden la obligación de prestar asistencia financiera a sus exparejas en el cuidado de sus hijos.
La dimensión de la problemática quedó en evidencia esta semana en Río Cuarto, en el marco del conflicto por la recolección de basura, cuando exmujeres de empleados de Cotreco impidieron la salida de camiones en reclamo por la falta de pago de las cuotas alimentarias a pesar de que la firma las descontaba de los salarios. Mientras la necesidad de judicialización de tantos casos revela el alcance de la actitud renuente de quienes se empeñan en eludir una obligación no sólo legal sino moral, y hasta podría decirse biológica, la decisión de la empresa de cubrir parte de sus baches financieros de este modo, independientemente de sus pretendidas justificaciones, refleja que la desaprensión se extiende más allá de sus responsables directos.
En rigor, el caso que ha devuelto a la consideración pública a la odiosa figura de Schoklender parece indicar que se extiende a la Justicia y a las leyes. Todas las iniciativas para combatir el flagelo emanadas de las diferentes jurisdicciones, desde las listas de padres incumplidores para quitarles la posibilidad de acceder a algún beneficio hasta las penas de cárcel, naufragan cuando se emite el mensaje de que el abandono material de un hijo -para ni siquiera hablar del abandono emocional- tiene un costo de 750 pesos.
La novedad permitió revisar un aspecto de la historia de Schoklender menos conocido, pero igualmente teñido de oscuridad, que su condena por el asesinato de sus padres o su participación en la estafa del programa “Sueños Compartidos” bajo la cobertura de la organización Madres de Plaza de Mayo y su líder Hebe de Bonafini: su negativa a reconocer como propia a una hija nacida de una pareja que formó después de salir de la cárcel, y a la que se empeñó en mantener abandonada incluso después de que un largo juicio por paternidad, con prueba de ADN incluida, demostrara que sólo estaba tratando de demorar todo lo posible la hora de asumir su responsabilidad.
Sin duda, la excusa de que este sujeto no se encuentra en condiciones de afrontar el pago de una cuota alimentaria no puede menos que redoblar la indignación y el asombro, si se piensa no sólo en la empresa constructora de la que era propietario, y a través de la cual se desarrolló la defraudación con el plan de viviendas, sino en los bienes que se le descubrieron en el curso de las diversas investigaciones judiciales en su contra, que incluían varias propiedades inmobiliarias, autos de lujo, yates y hasta un avión privado. Sin embargo, también en esto Schoklender se muestra digno exponente de los de su clase: las maniobras para enajenar y ocultar su patrimonio siempre han sido una especialidad de los padres que eluden la obligación de prestar asistencia financiera a sus exparejas en el cuidado de sus hijos.
La dimensión de la problemática quedó en evidencia esta semana en Río Cuarto, en el marco del conflicto por la recolección de basura, cuando exmujeres de empleados de Cotreco impidieron la salida de camiones en reclamo por la falta de pago de las cuotas alimentarias a pesar de que la firma las descontaba de los salarios. Mientras la necesidad de judicialización de tantos casos revela el alcance de la actitud renuente de quienes se empeñan en eludir una obligación no sólo legal sino moral, y hasta podría decirse biológica, la decisión de la empresa de cubrir parte de sus baches financieros de este modo, independientemente de sus pretendidas justificaciones, refleja que la desaprensión se extiende más allá de sus responsables directos.
En rigor, el caso que ha devuelto a la consideración pública a la odiosa figura de Schoklender parece indicar que se extiende a la Justicia y a las leyes. Todas las iniciativas para combatir el flagelo emanadas de las diferentes jurisdicciones, desde las listas de padres incumplidores para quitarles la posibilidad de acceder a algún beneficio hasta las penas de cárcel, naufragan cuando se emite el mensaje de que el abandono material de un hijo -para ni siquiera hablar del abandono emocional- tiene un costo de 750 pesos.