Hacia un juicio revelador
La elevación a juicio de la causa sobre la retención indebida de ocho mil millones de pesos recaudados y no transferidos al Estado por la empresa Oil Combustibles, una maniobra facilitada y convalidada en su momento por la Afip, es una medida trascendental dentro de las que desde la Justicia lidian con el pasado reciente, en tanto concierne a una de las operaciones que con más claridad muestra la asociación entre figuras centrales del gobierno anterior y empresarios favorecidos de manera irregular y hasta delictiva por sus acciones y omisiones.
Luego de haber atravesado instancias sumamente controvertidas, en particular un escandaloso fallo dictado en beneficio de los principales imputados, fue elevada por fin a juicio la causa sobre la retención indebida de ocho mil millones de pesos recaudados y no transferidos al Estado por la empresa Oil Combustibles, una maniobra facilitada y convalidada en su momento por la Afip. Se trata de una medida trascendental dentro de las que desde la Justicia lidian con el pasado reciente, en tanto concierne a una de las operaciones que con más claridad muestra la asociación entre figuras centrales del gobierno anterior y empresarios favorecidos de manera irregular y hasta delictiva por sus acciones y omisiones.
En rigor, lo ocurrido ya ha sido expuesto ante la opinión pública con claridad: en lugar de remitir al fisco el dinero que cobraba a sus clientes, cada vez que cargaban nafta en sus surtidores, en concepto del Impuesto a la Transferencia de Combustibles, el grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián De Sousa, lo usó para expandirse, en particular a través de la compra de medios de comunicación. Así montó un conglomerado gráfico, radial y televisivo que defendía las políticas del kirchnerismo, a expensas del Estado, es decir, del conjunto de los argentinos.
Desde luego, esa financiación groseramente contraria a la ley fue posible porque la Afip, en lugar de intentar cobrar lo adeudado, se limitó a concederle planes de pago que sistemáticamente eran violados por la empresa, que sin problemas obtenía de inmediato su renovación. Por eso ahora quien estuvo al frente de la entidad recaudadora durante toda la última etapa del kirchnerismo, Ricardo Echegaray, también es enviado al banquillo junto a López y De Sousa, aunque a diferencia de los empresarios sigue en libertad.
Resulta clave que la elevación a juicio sea por "administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública" y no por evasión fiscal, una acusación que podría haber permitido a los empresarios zafar de la persecución penal o recibir una sanción mucho menor, y que fue la impuesta por dos camaristas que ya no ocupan los puestos desde los cuales dictaron la resolución respectiva, luego revertida en Casación. Queda claro que los empresarios no omitieron pagar un impuesto propio, sino que el impuesto sí fue pagado por sus clientes, y ellos simplemente se robaron ese dinero.
Lamentablemente, la coyuntura actual llevará a que la típica defensa de las asociaciones delictivas como la que va a juicio, que pasa por adjudicar sus problemas legales a una “persecución política” o a “maniobras de distracción” para desviar la atención de las dificultades económicas, resuene todavía con más fuerza. Aun cuando sea cierto que los avances en procesos como éste pueden convenirle al Gobierno actual, será preciso insistir en que de lo que se trata es del robo de miles de millones de pesos al conjunto de los argentinos, la mayor parte de los cuales son irrecuperables, y que el carácter inevitablemente político de la causa no puede de ningún modo ser esgrimido por los ladrones como una excusa para reclamar impunidad.
En rigor, lo ocurrido ya ha sido expuesto ante la opinión pública con claridad: en lugar de remitir al fisco el dinero que cobraba a sus clientes, cada vez que cargaban nafta en sus surtidores, en concepto del Impuesto a la Transferencia de Combustibles, el grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián De Sousa, lo usó para expandirse, en particular a través de la compra de medios de comunicación. Así montó un conglomerado gráfico, radial y televisivo que defendía las políticas del kirchnerismo, a expensas del Estado, es decir, del conjunto de los argentinos.
Desde luego, esa financiación groseramente contraria a la ley fue posible porque la Afip, en lugar de intentar cobrar lo adeudado, se limitó a concederle planes de pago que sistemáticamente eran violados por la empresa, que sin problemas obtenía de inmediato su renovación. Por eso ahora quien estuvo al frente de la entidad recaudadora durante toda la última etapa del kirchnerismo, Ricardo Echegaray, también es enviado al banquillo junto a López y De Sousa, aunque a diferencia de los empresarios sigue en libertad.
Resulta clave que la elevación a juicio sea por "administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública" y no por evasión fiscal, una acusación que podría haber permitido a los empresarios zafar de la persecución penal o recibir una sanción mucho menor, y que fue la impuesta por dos camaristas que ya no ocupan los puestos desde los cuales dictaron la resolución respectiva, luego revertida en Casación. Queda claro que los empresarios no omitieron pagar un impuesto propio, sino que el impuesto sí fue pagado por sus clientes, y ellos simplemente se robaron ese dinero.
Lamentablemente, la coyuntura actual llevará a que la típica defensa de las asociaciones delictivas como la que va a juicio, que pasa por adjudicar sus problemas legales a una “persecución política” o a “maniobras de distracción” para desviar la atención de las dificultades económicas, resuene todavía con más fuerza. Aun cuando sea cierto que los avances en procesos como éste pueden convenirle al Gobierno actual, será preciso insistir en que de lo que se trata es del robo de miles de millones de pesos al conjunto de los argentinos, la mayor parte de los cuales son irrecuperables, y que el carácter inevitablemente político de la causa no puede de ningún modo ser esgrimido por los ladrones como una excusa para reclamar impunidad.