Herencia que apuntala la supervivencia de los buitres
A más de tres años del costoso cierre de la demanda de los fondos buitre, el dictamen del procurador general de los Estados Unidos que casi asegura que habrá en Nueva York un nuevo juicio contra la Argentina confirma que la herencia dejada por los desmanejos jurídicos y económicos del kirchnerismo sigue pasando una cuenta enorme que será extraordinariamente difícil esquivar.
Sin tomar aparentemente nota de la buena sintonía entre los gobiernos de Mauricio Macri y Donald Trump. el dictamen formula- do por el procurador general de los Estados Unidos a pedido de la Corte Suprema de ese país, en el marco de un pleito que se lleva adelante en los tribunales de Nueva York por la estatización de YPF, resultó contrario a los intereses de la Argentina, que con toda probabilidad deberá afrontar un juicio multimillonario con serias perspectivas de perderlo. A más de tres años del costoso cierre de la demanda de los fondos buitre, que redujo al país a la condición de paria financiero a nivel internacional y llegó a provocar el embargo de la fragata Libertad, la herencia dejada por los desmanejos jurídicos y económicos del kirchnerismo sigue pasando una cuenta enorme que será extraordinariamente difícil esquivar.
La demanda se origina en que cuando dispuso la estatización del paquete mayoritario de YPF, por el cual terminó pagando 4.800 millones de dólares a Repsol, el Estado nacional omitió realizar una oferta por las acciones que estaban en poder del grupo Petersen, un holding vinculado a los Kirchner que las había adquirido en una cuestionada operación en la que no debió invertir nada. El gobierno de entonces incumplió así una cláusula incluida en el estatuto de la compañía petrolera, y se expuso a la querella iniciada por un estudio de abogados norteamericano que compró los derechos a los propietarios que se decían defraudados.
La Argentina ha intentado que la causa se tramite en el país, con el argumento de que la expropiación fue un acto soberano y esta consideración prevalece por sobre el valor legal del estatuto, pero la Justicia norteamericana ha fallado en su contra en todas las instancias y sólo le queda el pronunciamiento de la Corte Suprema. Esta fue la solicitante de la opinión del procurador, representante del gobierno de Trump, quien se inclinó por la versión de los demandantes, que para avalarla hasta presentaron un discurso que dio el exministro Axel Kicillof en el Congreso al defender la estatización.
Cabe aclarar que el conocido el martes es un dictamen no vinculante: de hecho, en el caso del juicio de los fondos buitre el procurador de entonces, en tiempos de Barack Obama, dictaminó en favor de la Argentina, aunque no sirvió de nada, y era probable que aquí pasara lo mismo. Pero si ni siquiera se cuenta con este aval, con menos razón puede esperarse que la Corte Suprema les dé la razón a los demandados.
Todo esto podría costarle a la Argentina, según los cálculos, unos tres mil millones de dólares: una verdadera injusticia, por cuanto en realidad el Grupo Petersen vendió sus derechos al estudio Burford Capital por una suma muchísimo menor, y aun así obtuvo una ganancia indebida por un bien que le llegó casi regalado. Pero el increíblemente chapucero manejo de los negociados de la época vuelve perfectamente posible este aprovechamiento por parte de buitres de otro pelaje a los que no les molesta ser acusados de tales.
La demanda se origina en que cuando dispuso la estatización del paquete mayoritario de YPF, por el cual terminó pagando 4.800 millones de dólares a Repsol, el Estado nacional omitió realizar una oferta por las acciones que estaban en poder del grupo Petersen, un holding vinculado a los Kirchner que las había adquirido en una cuestionada operación en la que no debió invertir nada. El gobierno de entonces incumplió así una cláusula incluida en el estatuto de la compañía petrolera, y se expuso a la querella iniciada por un estudio de abogados norteamericano que compró los derechos a los propietarios que se decían defraudados.
La Argentina ha intentado que la causa se tramite en el país, con el argumento de que la expropiación fue un acto soberano y esta consideración prevalece por sobre el valor legal del estatuto, pero la Justicia norteamericana ha fallado en su contra en todas las instancias y sólo le queda el pronunciamiento de la Corte Suprema. Esta fue la solicitante de la opinión del procurador, representante del gobierno de Trump, quien se inclinó por la versión de los demandantes, que para avalarla hasta presentaron un discurso que dio el exministro Axel Kicillof en el Congreso al defender la estatización.
Cabe aclarar que el conocido el martes es un dictamen no vinculante: de hecho, en el caso del juicio de los fondos buitre el procurador de entonces, en tiempos de Barack Obama, dictaminó en favor de la Argentina, aunque no sirvió de nada, y era probable que aquí pasara lo mismo. Pero si ni siquiera se cuenta con este aval, con menos razón puede esperarse que la Corte Suprema les dé la razón a los demandados.
Todo esto podría costarle a la Argentina, según los cálculos, unos tres mil millones de dólares: una verdadera injusticia, por cuanto en realidad el Grupo Petersen vendió sus derechos al estudio Burford Capital por una suma muchísimo menor, y aun así obtuvo una ganancia indebida por un bien que le llegó casi regalado. Pero el increíblemente chapucero manejo de los negociados de la época vuelve perfectamente posible este aprovechamiento por parte de buitres de otro pelaje a los que no les molesta ser acusados de tales.