La declaración de emergencia penitenciaria
El hecho de que uno de los principales motivos de la declaración de “emergencia penitenciaria” pase por la sobrepoblación de las cárceles y las consiguientes situaciones de hacinamiento resulta particularmente relevante en un momento en el cual el Gobierno plantea políticas de lucha contra la inseguridad que hacen eje en el endurecimiento de las penas y la restricción a las excarcelaciones.
A pocas semanas de conocido un fallo judicial que criticó duramente la situación de las cárceles federales, y llegó a calificar una dependencia clave como la alcaidía del Palacio de Tribunales porteño de “no apta para la condición humana”, el Ministerio de Justicia de la Nación ha declarado la “emergencia penitenciaria” para todo el sistema por tres años. El hecho de que uno de los principales reproches pase por la sobrepoblación y las consiguientes situaciones de hacinamiento resulta particularmente relevante en un momento en el cual el Gobierno plantea políticas de lucha contra la inseguridad que hacen eje en el endurecimiento de las penas y la restricción a las excarcelaciones.
De hecho, según cifras oficiales, esa estrategia se está llevando adelante y es parte del problema que se pretende abordar con la medida. Aun cuando la percepción popular de que los delincuentes “entran por una puerta y salen por la otra” (que de todos modos depende más de las instituciones provinciales) no parece haberse modificado demasiado, el número de alojados en los establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal pasó de 10.274 en diciembre de 2015 a 13.773 en la actualidad, un incremento de más del 30 por ciento, con el resultado de generar un exceso de más de 1.500 internos respecto de la capacidad total reconocida.
En la declaración de emergencia, el Ministerio de Justicia atribuye la situación a “la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado” llevada adelante en estos años y sostiene que ha realizado “esfuerzos” para paliar la crisis, pero reconoce que el estado de cosas resultante “puede afectar las condiciones de salubridad y añadir factores de violencia intracarcelaria”. Por eso propone formar una comisión con representantes de diversas dependencias de los poderes Ejecutivo y Judicial para elaborar un programa que aspira a paliar el déficit habitacional de los penales, “mejorar las condiciones de privación de la libertad” y avanzar con “medidas alternativas” como las tobilleras electrónicas, un instru- mento controvertido que en algunas ocasiones ha demostrado su falibilidad.
En cualquier caso, debe hacerse notar que esta declaración de emergencia se produce casi en simultáneo con el envío al Congreso de un proyecto de reforma del Código Penal que, de prosperar, redundaría en penas de cárcel más prolongadas para numerosos delitos, además de restricciones a los beneficios de salidas anticipadas para otros. Y también con los constantes reclamos de integrantes del Gobierno, con el Presidente de la Nación a la cabeza, de cesar con la liberación automática de delincuentes sorprendidos en flagrancia, con particular hincapié en los motochorros.
De este modo, medidas que acaso en su mayoría aparezcan como lógicas y necesarias exigirían ser acompañadas con otras mucho menos populares y “rendidoras” electoralmente como la construcción de establecimientos penitenciarios, que sin embargo no se puede soslayar si se pretende cumplir con el mandato constitucional de que las cárceles sean “sanas y limpias, para seguridad y no para castigo” de los alojados en ellas. Cabe esperar que la declaración de emergencia no termine por agotarse en la conformación de un ámbito formal para discutir un problema cuya solución habrá de seguir postergándose.
De hecho, según cifras oficiales, esa estrategia se está llevando adelante y es parte del problema que se pretende abordar con la medida. Aun cuando la percepción popular de que los delincuentes “entran por una puerta y salen por la otra” (que de todos modos depende más de las instituciones provinciales) no parece haberse modificado demasiado, el número de alojados en los establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal pasó de 10.274 en diciembre de 2015 a 13.773 en la actualidad, un incremento de más del 30 por ciento, con el resultado de generar un exceso de más de 1.500 internos respecto de la capacidad total reconocida.
En la declaración de emergencia, el Ministerio de Justicia atribuye la situación a “la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado” llevada adelante en estos años y sostiene que ha realizado “esfuerzos” para paliar la crisis, pero reconoce que el estado de cosas resultante “puede afectar las condiciones de salubridad y añadir factores de violencia intracarcelaria”. Por eso propone formar una comisión con representantes de diversas dependencias de los poderes Ejecutivo y Judicial para elaborar un programa que aspira a paliar el déficit habitacional de los penales, “mejorar las condiciones de privación de la libertad” y avanzar con “medidas alternativas” como las tobilleras electrónicas, un instru- mento controvertido que en algunas ocasiones ha demostrado su falibilidad.
En cualquier caso, debe hacerse notar que esta declaración de emergencia se produce casi en simultáneo con el envío al Congreso de un proyecto de reforma del Código Penal que, de prosperar, redundaría en penas de cárcel más prolongadas para numerosos delitos, además de restricciones a los beneficios de salidas anticipadas para otros. Y también con los constantes reclamos de integrantes del Gobierno, con el Presidente de la Nación a la cabeza, de cesar con la liberación automática de delincuentes sorprendidos en flagrancia, con particular hincapié en los motochorros.
De este modo, medidas que acaso en su mayoría aparezcan como lógicas y necesarias exigirían ser acompañadas con otras mucho menos populares y “rendidoras” electoralmente como la construcción de establecimientos penitenciarios, que sin embargo no se puede soslayar si se pretende cumplir con el mandato constitucional de que las cárceles sean “sanas y limpias, para seguridad y no para castigo” de los alojados en ellas. Cabe esperar que la declaración de emergencia no termine por agotarse en la conformación de un ámbito formal para discutir un problema cuya solución habrá de seguir postergándose.