La ley y la trampa a lo largo de la campaña electoral
Tanto los reclamos por las supuestas violaciones a la veda electoral por parte del gobierno de Mauricio Macri como la respuesta que han merecido hasta ahora por parte de los acusados demuestran una vez más las dificultades para separar los actos propios de la gestión de los de campaña, particularmente cuando desde los oficialismos de turno transmiten toda la impresión de que la confusión entre ambos es completamente deliberada.
Luego de que la intensa actividad desplegada por el presidente Mauricio Macri y varios de sus colaboradores motivara denuncias de algunos voceros de la oposición sobre posibles violaciones a las restricciones impuestas por la ley ante las proximidad de las Paso, la Justicia se sumó a tales reparos a través de la advertencia del fiscal con competencia electoral, Jorge Di Lello, quien recordó al Gobierno las reglas propias del período. Tanto los reclamos como la respuesta que han merecido hasta ahora por parte de los acusados demuestran una vez más las dificultades para separar los actos propios de la gestión de los de campaña, particularmente cuando desde los oficialismos de turno transmiten toda la impresión de que la confusión entre ambos es completamente deliberada.
Específicamente, Di Lello trajo a colación el artículo 64 del Código Nacional Electoral, que puntualiza textualmente: "Durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan o desincentiven expresamente la captación del sufragio”, y asimismo precisa: “Queda prohibido durante los veinticinco (25) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las elecciones primarias, abiertas y simultáneas y la elección general la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos".
El Gobierno salió a responder, a través del secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, que es "prudente y respetuoso de la veda electoral”, por lo cual no realiza “inauguraciones ni anuncios en este momento”. Y que las constantes apariciones por todo el territorio nacional, en las que Macri y sus funcionarios aparecen en sitios donde se realizan obras, junto a maquinarias y trabajadores, al tiempo que piden el voto para seguir adelante con las transformaciones que según su discurso están en marcha, se enmarcan en "la responsabilidad de seguir gobernando”.
Por supuesto, nadie niega que estar en medio de una campaña electoral no puede eximir a un gobernante de su obligación de gobernar, pero es evidente que los actos que se le cuestionan a Macri –entre otros, la recorrida de la obra de depuración que realizó en Río Cuarto– ni siquiera se preocupan por disimular su intención proselitista. Aun si se aceptara que como desde el punto de vista formal nada ha sido inaugurado la letra de la ley no ha sido violada, sería un verdadero ejercicio de cinismo negar el atropello al espíritu de una norma que prohíbe “la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos".
Si a ello se agregan otras desviaciones como el uso del avión presidencial para actos de campaña, acaso el único argumento verdaderamente válido en defensa del Gobierno sea uno que no puede pronunciarse en voz alta: todos actúan o han actuado de la misma manera, incluidos aquellos que hoy están en primera línea de los reproches. Y difícilmente pueda esperarse un cambio de actitud cuando no hay para temer mucho más que una sanción módica y formal, como casi todas las que contemplan las leyes electorales, mucho menos sagaces y sofisticadas que los expertos en encontrar resquicios para eludir las limitaciones que establecen.
Específicamente, Di Lello trajo a colación el artículo 64 del Código Nacional Electoral, que puntualiza textualmente: "Durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan o desincentiven expresamente la captación del sufragio”, y asimismo precisa: “Queda prohibido durante los veinticinco (25) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las elecciones primarias, abiertas y simultáneas y la elección general la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos".
El Gobierno salió a responder, a través del secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, que es "prudente y respetuoso de la veda electoral”, por lo cual no realiza “inauguraciones ni anuncios en este momento”. Y que las constantes apariciones por todo el territorio nacional, en las que Macri y sus funcionarios aparecen en sitios donde se realizan obras, junto a maquinarias y trabajadores, al tiempo que piden el voto para seguir adelante con las transformaciones que según su discurso están en marcha, se enmarcan en "la responsabilidad de seguir gobernando”.
Por supuesto, nadie niega que estar en medio de una campaña electoral no puede eximir a un gobernante de su obligación de gobernar, pero es evidente que los actos que se le cuestionan a Macri –entre otros, la recorrida de la obra de depuración que realizó en Río Cuarto– ni siquiera se preocupan por disimular su intención proselitista. Aun si se aceptara que como desde el punto de vista formal nada ha sido inaugurado la letra de la ley no ha sido violada, sería un verdadero ejercicio de cinismo negar el atropello al espíritu de una norma que prohíbe “la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos".
Si a ello se agregan otras desviaciones como el uso del avión presidencial para actos de campaña, acaso el único argumento verdaderamente válido en defensa del Gobierno sea uno que no puede pronunciarse en voz alta: todos actúan o han actuado de la misma manera, incluidos aquellos que hoy están en primera línea de los reproches. Y difícilmente pueda esperarse un cambio de actitud cuando no hay para temer mucho más que una sanción módica y formal, como casi todas las que contemplan las leyes electorales, mucho menos sagaces y sofisticadas que los expertos en encontrar resquicios para eludir las limitaciones que establecen.