La necesidad de que la investigación judicial no paralice las obras
La posibilidad de que las repercusiones del escándalo de los cuadernos sobre las empresas involucradas ejerzan un efecto paralizante sobre la obra pública se revela como una peligrosa amenaza en un momento en el que el rubro se ofrece como la principal vía -si no la única- de estimular una actividad golpeada por una recesión que amaga con terminar siendo más profunda de lo anticipado.
Uno de los indicadores más significativos de que la investigación desatada por las revelaciones de los cuadernos del exchofer Oscar Centeno es sensiblemente diferente de todos los escándalos focalizados en la corrupción durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner -que fueron muchos y en algunos casos reforzados por pruebas igualmente demoledoras- es su impacto sobre la “economía real”. La posibilidad de que las repercusiones sobre las empresas involucradas ejerzan un efecto paralizante sobre la obra pública, en particular, se revela como una peligrosa amenaza en un momento en el que el rubro se ofrece como la principal vía -si no la única- de estimular una actividad golpeada por una recesión que amaga con terminar siendo más profunda de lo anticipado.
La insistencia del kirchnerismo en utilizar, como estrategia para descalificar las acusaciones, el argumento de la presunta maquinación oficialista para desviar la atención de los graves problemas económicos existentes, resulta en este caso paradójica. Desde el punto de vista del Gobierno, en realidad, el momento del estallido del escándalo es el más inoportuno posible, precisamente porque las obras que deja en pie el ajuste de las cuentas fiscales son casi con exclusividad las inscriptas en el programa de Participación Público Privada (PPP), que debido a la marcha de la causa llevada adelante por el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli ha ingresado en un mar de incertidumbre.
Sucede que el PPP depende de un financiamiento que ha dejado de estar disponible, porque los bancos que iban a proveerlo no pueden -y probablemente tampoco quieren- respaldar a empresas involucradas en procesos penales por actos de corrupción. Se lo impiden regulaciones nacionales e internacionales, así como disposiciones internas de las propias instituciones, pero también los lógicos reparos frente a la posibilidad de prestarles dinero a deudores cuya misma existencia podría verse amenazada en un plazo no muy largo.
En ese marco, ya se han escuchado aclaraciones como la de que se debe diferenciar entre empresarios y empresas, una posibilidad que puede verse reforzada por renuncias de los directivos personalmente responsables de los pagos de sobornos, o mejor todavía por la venta de las firmas a otros actores no involucrados. Sin embargo, ese tipo de salidas -del que ya existen algunos ejemplos- tiene un efecto limitado en el corto plazo, porque las prevenciones de los bancos no se limitan a los que aparecen mencionados en los cuadernos sino a todo el sector, incluidos los exponentes que todavía no aparecen “contaminados”, frente a la sospecha de que podrían llegar a estarlo.
En ese marco, se ha informado que están bajo estudio propuestas como una mayor participación del Banco Nación, no directamente sino como respaldo a un fideicomiso que se ofrecería como garantía de devolución de los préstamos, y permitiría a los bancos proveer el financiamiento sin violar la normativa vigente. Un mecanismo cuya solvencia habrá de ser puesta a prueba con la práctica, y del que se espera que no sea únicamente un paliativo.
Más allá de estas contrariedades, es preciso destacar que si este escándalo terminara por alumbrar un sistema más transparente para las contrataciones del Estado, de modo de eliminar la coima como elemento insoslayable, los beneficios a largo plazo para el país serían incalculables. El mientras tanto, sin embargo, es decididamente crítico, y sólo cabe abogar por que se encuentren las vías para que una investigación de esa trascendencia no se convierta en una carga tan gravosa para una economía en recesión.
La insistencia del kirchnerismo en utilizar, como estrategia para descalificar las acusaciones, el argumento de la presunta maquinación oficialista para desviar la atención de los graves problemas económicos existentes, resulta en este caso paradójica. Desde el punto de vista del Gobierno, en realidad, el momento del estallido del escándalo es el más inoportuno posible, precisamente porque las obras que deja en pie el ajuste de las cuentas fiscales son casi con exclusividad las inscriptas en el programa de Participación Público Privada (PPP), que debido a la marcha de la causa llevada adelante por el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli ha ingresado en un mar de incertidumbre.
Sucede que el PPP depende de un financiamiento que ha dejado de estar disponible, porque los bancos que iban a proveerlo no pueden -y probablemente tampoco quieren- respaldar a empresas involucradas en procesos penales por actos de corrupción. Se lo impiden regulaciones nacionales e internacionales, así como disposiciones internas de las propias instituciones, pero también los lógicos reparos frente a la posibilidad de prestarles dinero a deudores cuya misma existencia podría verse amenazada en un plazo no muy largo.
En ese marco, ya se han escuchado aclaraciones como la de que se debe diferenciar entre empresarios y empresas, una posibilidad que puede verse reforzada por renuncias de los directivos personalmente responsables de los pagos de sobornos, o mejor todavía por la venta de las firmas a otros actores no involucrados. Sin embargo, ese tipo de salidas -del que ya existen algunos ejemplos- tiene un efecto limitado en el corto plazo, porque las prevenciones de los bancos no se limitan a los que aparecen mencionados en los cuadernos sino a todo el sector, incluidos los exponentes que todavía no aparecen “contaminados”, frente a la sospecha de que podrían llegar a estarlo.
En ese marco, se ha informado que están bajo estudio propuestas como una mayor participación del Banco Nación, no directamente sino como respaldo a un fideicomiso que se ofrecería como garantía de devolución de los préstamos, y permitiría a los bancos proveer el financiamiento sin violar la normativa vigente. Un mecanismo cuya solvencia habrá de ser puesta a prueba con la práctica, y del que se espera que no sea únicamente un paliativo.
Más allá de estas contrariedades, es preciso destacar que si este escándalo terminara por alumbrar un sistema más transparente para las contrataciones del Estado, de modo de eliminar la coima como elemento insoslayable, los beneficios a largo plazo para el país serían incalculables. El mientras tanto, sin embargo, es decididamente crítico, y sólo cabe abogar por que se encuentren las vías para que una investigación de esa trascendencia no se convierta en una carga tan gravosa para una economía en recesión.