La política como escenario de acosos y abusos sexuales
La cantidad de denuncias contra dirigentes políticos de diversas extracciones y jerarquías pone el foco sobre una actividad que ya le daba a la sociedad suficientes motivos para el reproche antes de comenzar a ser exhibida como cuna de abusos, perversiones y comportamientos retrógrados del tipo de los que en teoría debería estar combatiendo.
A una semana de su dramática irrupción en la agenda nacional, la impactante denuncia de Thelma Fardin y el grupo Actrices Argentinas contra Juan Darthés ha cumplido acabadamente tanto con su objetivo de dar visibilidad a un tema que obviamente no se circunscribe a un caso en particular como con la predicción formulada entonces de que generaría una avalancha de acusaciones similares. En ese marco, la cantidad de casos protagonizados por dirigentes políticos de diversas extracciones y jerarquías pone el foco sobre una actividad que ya le daba a la sociedad suficientes motivos para el reproche antes de comenzar a ser exhibida como cuna de abusos, perversiones y comportamientos retrógrados del tipo de los que en teoría debería estar tratando de combatir.
Los relatos difundidos en los últimos días dan cuenta de situaciones de diferente naturaleza y gravedad, pero hermanadas no sólo por el encuadramiento dentro del rubro de las agresiones sexuales, sino por la suerte de naturalización de la que gozaban en el ámbito en el que se producían. Esto es, de repente queda claro que “se sabía” que episodios como los descriptos ocurrían, que los nombres de algunos de quienes los cometían eran también de conocimiento público y que no aparecían de manera aislada y aleatoria, sino de forma sistemática y reiterada.
Y, para coronar el ciclo de ignominia, también parece haber sido análoga la reacción de las organizaciones en el marco de las cuales los agresores actúan: una tolerancia condescendiente, un “y bueno, él es así” pronunciado con una media sonrisa y meneando la cabeza, como si la agresión sexual a una subordinada colocada en situación de inferioridad fuera una falta menor ante la cual convenía mirar para otro lado para no perjudicar a un dirigente o a un “compañero” valioso, ni al movimiento del que se forma parte. Hay aquí una sugestiva equivalencia con otro flagelo terrible, el abuso sexual de menores dentro de la Iglesia católica, cuyos autores directos pueden haber sido una minoría, pero que de ninguna manera podrían haber llegado a hacer lo que hicieron sin un sistemático encubrimiento institucional.
Se podría argumentar que la política es parte de la sociedad y por lo tanto no puede sino reproducir sus desviaciones, desde la corrupción a las asimetrías de género. Pero también es el lugar desde donde se pueden producir las transformaciones necesarias para lograr una mejor convivencia entre los seres humanos: al menos, ese es uno de los propósitos con los que pretende justificar su lugar en el mundo.
De algún modo, todo lo que desde la política se ha realizado en materia de equiparación de derechos, muchas veces materializando avances reales y tangibles, queda de alguna manera expuesto a ser descalificado como producto del oportunismo y la hipocresía. Parece increíble que las mismas personas que impulsan leyes o políticas públicas tendientes a prevenir y sancionar los abusos protejan al mismo tiempo a los abusadores y recomienden a las víctimas mantener el silencio como un acto de militancia.
Los relatos difundidos en los últimos días dan cuenta de situaciones de diferente naturaleza y gravedad, pero hermanadas no sólo por el encuadramiento dentro del rubro de las agresiones sexuales, sino por la suerte de naturalización de la que gozaban en el ámbito en el que se producían. Esto es, de repente queda claro que “se sabía” que episodios como los descriptos ocurrían, que los nombres de algunos de quienes los cometían eran también de conocimiento público y que no aparecían de manera aislada y aleatoria, sino de forma sistemática y reiterada.
Y, para coronar el ciclo de ignominia, también parece haber sido análoga la reacción de las organizaciones en el marco de las cuales los agresores actúan: una tolerancia condescendiente, un “y bueno, él es así” pronunciado con una media sonrisa y meneando la cabeza, como si la agresión sexual a una subordinada colocada en situación de inferioridad fuera una falta menor ante la cual convenía mirar para otro lado para no perjudicar a un dirigente o a un “compañero” valioso, ni al movimiento del que se forma parte. Hay aquí una sugestiva equivalencia con otro flagelo terrible, el abuso sexual de menores dentro de la Iglesia católica, cuyos autores directos pueden haber sido una minoría, pero que de ninguna manera podrían haber llegado a hacer lo que hicieron sin un sistemático encubrimiento institucional.
Se podría argumentar que la política es parte de la sociedad y por lo tanto no puede sino reproducir sus desviaciones, desde la corrupción a las asimetrías de género. Pero también es el lugar desde donde se pueden producir las transformaciones necesarias para lograr una mejor convivencia entre los seres humanos: al menos, ese es uno de los propósitos con los que pretende justificar su lugar en el mundo.
De algún modo, todo lo que desde la política se ha realizado en materia de equiparación de derechos, muchas veces materializando avances reales y tangibles, queda de alguna manera expuesto a ser descalificado como producto del oportunismo y la hipocresía. Parece increíble que las mismas personas que impulsan leyes o políticas públicas tendientes a prevenir y sancionar los abusos protejan al mismo tiempo a los abusadores y recomienden a las víctimas mantener el silencio como un acto de militancia.