La seguridad presidencial, una vez más comprometida
La sorpresiva aparición, durante la ceremonia inaugural de la Rural de Palermo, de dos carteles con pronunciamientos contra la deforestación, colocados por la organización ambientalista Greenpeace, vuelve a despertar interrogantes sobre la calidad del dispositivo de seguridad que rodea al Presidente de la Nación, que una y otra vez viene demostrando una vulnerabilidad alarmante.
Mientras la ceremonia de inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo transcurría con la expectativa de una nueva demostración vegana que en definitiva no se produjo, la sorpresiva aparición en el techo del escenario de dos carteles con pronunciamientos contra la deforestación, colocados por la organización ambientalista Greenpeace, intentó poner en primer plano un cuestionamiento a la actividad ganadera con fundamentos más atendibles que los presentados por los objetores de la explotación de los animales. La visibilidad lograda, no obstante, ha sido más eficaz en volver a despertar interrogantes sobre la calidad del dispositivo de seguridad que rodea al Presidente de la Nación, que una y otra vez viene demostrando una vulnerabilidad alarmante sin que las medidas al respecto, si existen, parezcan estar en condiciones de corregir la anomalía.
En rigor, se trata de una escalada puesta en marcha prácticamente con la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia, a partir de la cual se fue forjando una lista de incidentes imposible de resumir en su totalidad, y que más allá de sus diferentes niveles de espontaneidad o de premeditación coincidían en constituir amenazas reales o potenciales contra el mandatario. Lluvias de piedras contra el automóvil en que se conducía, el intento de un vehículo de ingresar en la Casa Rosada, “escraches” filmados para su emisión por las redes sociales –algunos inclusive en el extranjero– y lluvias de insultos de ciudadanos que encontraban sorprendentes facilidades para emplazarse a cortísimas distancias del objeto de su odio son algunas de las predecesoras de la “intervención” en la Rural.
Aunque formalmente lo que hacían los carteles era interpelar a un sector del universo agropecuario por una práctica nociva para el ambiente –y en todo caso a un Gobierno que no hace nada por impedirla–, también revelaban que no era difícil colocar a metros de la máxima autoridad del país un artefacto susceptible de ser accionado de manera remota. Ese es el fundamento de la denuncia penal por “intimidación pública” presentada por el Ministerio de Seguridad contra Greenpeace, que a su vez se queja de que el debate sobre las deficiencias en la protección del Presidente se discuten más que su reclamo específico sobre la tala de bosques para dar espacio a la cría de ganado.
Da la impresión de que ambos llegan tarde: si los activistas deberían haber calculado antes que la modalidad de su protesta resultaría ante los ojos de los medios, y de la sociedad en general, de más interés que la problemática que pretenden difundir, la cartera conducida por Patricia Bullrich haría mejor en enfocarse en cuidar que Macri no sea puesto en peligro, antes que en perseguir a los que pusieron en evidencia que estarían en condiciones de hacerlo.
En oportunidades en que ciudadanos fueron procesados y en algún caso debieron pasar varios días detenidos por acercarse de manera amenazante al Presidente de la Nación o a su familia, frente a quienes criticaban esta “persecución” por considerarla exagerada, en esta página se defendió el criterio de no tomar a la ligera acciones de este tipo, que no sólo agreden al funcionario sino al sistema del cual es su principal exponente institucional. Pero independientemente del rumbo que tome la Justicia respecto de la denuncia oficial, actuar para evitar estos hechos, no solamente para reprimirlos, debería merecer el mismo celo, y la superposición de incidentes indica, más allá de cualquier justificación puntual sobre alguno de ellos, que esa función no se cumple apropiadamente.
En rigor, se trata de una escalada puesta en marcha prácticamente con la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia, a partir de la cual se fue forjando una lista de incidentes imposible de resumir en su totalidad, y que más allá de sus diferentes niveles de espontaneidad o de premeditación coincidían en constituir amenazas reales o potenciales contra el mandatario. Lluvias de piedras contra el automóvil en que se conducía, el intento de un vehículo de ingresar en la Casa Rosada, “escraches” filmados para su emisión por las redes sociales –algunos inclusive en el extranjero– y lluvias de insultos de ciudadanos que encontraban sorprendentes facilidades para emplazarse a cortísimas distancias del objeto de su odio son algunas de las predecesoras de la “intervención” en la Rural.
Aunque formalmente lo que hacían los carteles era interpelar a un sector del universo agropecuario por una práctica nociva para el ambiente –y en todo caso a un Gobierno que no hace nada por impedirla–, también revelaban que no era difícil colocar a metros de la máxima autoridad del país un artefacto susceptible de ser accionado de manera remota. Ese es el fundamento de la denuncia penal por “intimidación pública” presentada por el Ministerio de Seguridad contra Greenpeace, que a su vez se queja de que el debate sobre las deficiencias en la protección del Presidente se discuten más que su reclamo específico sobre la tala de bosques para dar espacio a la cría de ganado.
Da la impresión de que ambos llegan tarde: si los activistas deberían haber calculado antes que la modalidad de su protesta resultaría ante los ojos de los medios, y de la sociedad en general, de más interés que la problemática que pretenden difundir, la cartera conducida por Patricia Bullrich haría mejor en enfocarse en cuidar que Macri no sea puesto en peligro, antes que en perseguir a los que pusieron en evidencia que estarían en condiciones de hacerlo.
En oportunidades en que ciudadanos fueron procesados y en algún caso debieron pasar varios días detenidos por acercarse de manera amenazante al Presidente de la Nación o a su familia, frente a quienes criticaban esta “persecución” por considerarla exagerada, en esta página se defendió el criterio de no tomar a la ligera acciones de este tipo, que no sólo agreden al funcionario sino al sistema del cual es su principal exponente institucional. Pero independientemente del rumbo que tome la Justicia respecto de la denuncia oficial, actuar para evitar estos hechos, no solamente para reprimirlos, debería merecer el mismo celo, y la superposición de incidentes indica, más allá de cualquier justificación puntual sobre alguno de ellos, que esa función no se cumple apropiadamente.