La transparencia en las declaraciones juradas de bienes
La advertencia de la Oficina Anticorrupción a la Administración Federal de Ingresos Públicos acerca de las inconsistencias y las omisiones en la información consignada en las declaraciones juradas de bienes de funcionarios públicos despierta interrogantes sobre la real vocación de asegurar los máximos niveles de transparencia en todas las áreas del Gobierno, al poner en evidencia, cuanto menos, que en esa materia no todas están en la misma sintonía.
A pocos días de conocido un fallo judicial que declara inconstitucional el régimen de declaraciones juradas patrimoniales debido a que permite mantener en reserva los bienes de los parientes directos de los funcionarios, este sistema esencial para controlar a quienes se desempeñan en altos cargos dentro del Estado ha vuelto a ser cuestionado a partir de una controversia entre dos organismos clave vinculados con el tema. La advertencia de la Oficina Anticorrupción a la Administración Federal de Ingresos Públicos acerca de las inconsistencias y las omisiones en la información consignada en esos documentos despierta interrogantes sobre la real vocación de asegurar los máximos niveles de transparencia en todas las áreas del Gobierno, al poner en evidencia, cuanto menos, que en esa materia no todas están en la misma sintonía.
El cortocircuito proviene del hecho de que la aplicación informática por medio de la cual los funcionarios deben cargar sus declaraciones juradas ante la OA fue elaborada por la Afip, sobre la base de su experiencia en el rubro y aun cuando las que recibe en el ejercicio de sus funciones tienen un propósito diferente. Sin embargo, la primera de esas dependencias le ha señalado días atrás a la otra, a través de un reclamo formal, que los registros omiten datos sobre los inmuebles, las acciones y otras inversiones de los firmantes, en particular de las partes de su patrimonio localizadas en el exterior, y que todo ello entorpece la tarea de seguimiento a través de la comparación con declaraciones anteriores, cargadas con un sistema más eficaz.
Desde luego, la objeción no tiene la misma entidad que se le adjudicó en un primer momento, cuando trascendió que los cuestionamientos de la Oficina Anticorrupción estaban dirigidos específicamente a la declaración jurada del propio titular de la Afip, Leandro Cuccioli. Tal eventualidad sería especialmente seria porque el patrimonio del funcionario, que incluye varias cuentas e inmuebles en el extranjero y participaciones en compañías radicadas en paraísos fiscales, estuvo en el ojo de la tormenta en oportunidad de su nombramiento.
La aclaración de que el reproche de la OA no es en realidad personal sino que se dirige a todo el sistema –aunque desde luego incluye necesariamente la declaración jurada del propio Ciccioli- cambia el eje de la controversia. Pero no deja de renovar la pregunta –formulada oportunamente en este mismo espacio- sobre si alguien que durante su vida ha adquirido una vasta experiencia en cómo eludir el pago de impuestos es la persona ideal para perseguir a quienes hacen lo mismo, ya sea violando la ley o bien aprovechando los resquicios que deja.
En cualquier caso, cabe esperar que el origen del cortocircuito haya sido un error subsanable, cuyas consecuencias no vayan más allá de la demora en la recepción del texto definitivo de las declaraciones juradas, cuyo vencimiento estaba fijado originalmente para el 31 de agosto. En un momento en que las evidencias de las acciones delictivas concretadas desde el Estado durante los gobiernos precedentes se despliegan ante la opinión pública con una elocuencia nunca vista, cada episodio que echa sombras sobre el comportamiento de las actuales autoridades refuerza la cínica concepción de que “son todos lo mismo”, una idea que más allá de estar o no ajustada a la realidad siempre es nociva para la salud institucional de la República.
El cortocircuito proviene del hecho de que la aplicación informática por medio de la cual los funcionarios deben cargar sus declaraciones juradas ante la OA fue elaborada por la Afip, sobre la base de su experiencia en el rubro y aun cuando las que recibe en el ejercicio de sus funciones tienen un propósito diferente. Sin embargo, la primera de esas dependencias le ha señalado días atrás a la otra, a través de un reclamo formal, que los registros omiten datos sobre los inmuebles, las acciones y otras inversiones de los firmantes, en particular de las partes de su patrimonio localizadas en el exterior, y que todo ello entorpece la tarea de seguimiento a través de la comparación con declaraciones anteriores, cargadas con un sistema más eficaz.
Desde luego, la objeción no tiene la misma entidad que se le adjudicó en un primer momento, cuando trascendió que los cuestionamientos de la Oficina Anticorrupción estaban dirigidos específicamente a la declaración jurada del propio titular de la Afip, Leandro Cuccioli. Tal eventualidad sería especialmente seria porque el patrimonio del funcionario, que incluye varias cuentas e inmuebles en el extranjero y participaciones en compañías radicadas en paraísos fiscales, estuvo en el ojo de la tormenta en oportunidad de su nombramiento.
La aclaración de que el reproche de la OA no es en realidad personal sino que se dirige a todo el sistema –aunque desde luego incluye necesariamente la declaración jurada del propio Ciccioli- cambia el eje de la controversia. Pero no deja de renovar la pregunta –formulada oportunamente en este mismo espacio- sobre si alguien que durante su vida ha adquirido una vasta experiencia en cómo eludir el pago de impuestos es la persona ideal para perseguir a quienes hacen lo mismo, ya sea violando la ley o bien aprovechando los resquicios que deja.
En cualquier caso, cabe esperar que el origen del cortocircuito haya sido un error subsanable, cuyas consecuencias no vayan más allá de la demora en la recepción del texto definitivo de las declaraciones juradas, cuyo vencimiento estaba fijado originalmente para el 31 de agosto. En un momento en que las evidencias de las acciones delictivas concretadas desde el Estado durante los gobiernos precedentes se despliegan ante la opinión pública con una elocuencia nunca vista, cada episodio que echa sombras sobre el comportamiento de las actuales autoridades refuerza la cínica concepción de que “son todos lo mismo”, una idea que más allá de estar o no ajustada a la realidad siempre es nociva para la salud institucional de la República.