Las adhesiones fraudulentas al blanqueo
El hecho de que un número significarivo de contribuyentes que aceptaron libremente exteriorizar sus bienes en oportunidad del blanqueo instrumentado en 2016 haya preferido mantener ocultos parte de estos proporciona la oportunidad de demostrar que esta vez la decisión de burlar la ley tendrá un alto costo para los transgresores.
La detección en el extranjero de 400 cuentas bancarias de argentinos que no las tienen declaradas, a pesar de haber ingresado en el blanqueo de capitales sancionado por ley en los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri, refleja las limitaciones que suelen encontrar los intentos de regularizar actividades acostumbradas a manejarse, al menos en parte, en las sombras más oscuras. El hecho de que un número significativo de contribuyentes que aceptaron libremente exteriorizar sus bienes haya preferido mantener ocultos parte de estos proporciona sin embargo la oportunidad de demostrar que esta vez la decisión de burlar la ley tendrá un alto costo para los transgresores.
Se trata de una nueva vuelta de tuerca en torno de una medida polémica como todas las de su tipo, en tanto implica enviarle a la sociedad el mensaje equivocado, al perdonar faltas previas -una evasión tributaria como mínimo- de ciudadanos que no están precisamente entre los más desfavorecidos, con un objetivo que no suele ir más allá de lo recaudatorio. En la Argentina, además, existe un cuestionamiento adicional debido a la decisión del presidente Mauricio Macri de incorporar por decreto al universo de posibles beneficiarios a los parientes de los funcionarios, incluidos desde luego los suyos.
En cualquier caso, ahora llega la novedad de que algunos de los que aprovecharon la oportunidad que se les brindaba ni siquiera se atuvieron a la letra de la norma, ya que lejos de cumplir con el compromiso de no ocultar bienes “hacia adelante” demostraron tener toda la intención de seguir con el mismo comportamiento que venían teniendo antes del blanqueo. Es decir, mantener una parte de su economía personal o empresarial a la luz del día, y otra en las sombras, con el añadido de mentir explícitamente y en toda la línea al respecto en el mismo acto en el que manifiestan su intención de corregirse.
Además de ser taxativa en cuanto a que quien se incorpora al blanqueo debe declarar todos sus bienes y no únicamente aquellos que le plazcan, la ley establece claramente las consecuencias de una eventual adhesión fraudulenta como las que han quedado en evidencia a partir de informaciones obtenidas gracias a un convenio con la Ocde. Los transgresores no sólo perderán todos los beneficios impositivos, y deberán tributar tanto por lo que declararon como por lo que no, sino que quedan expuestos a ser procesados penalmente, al quedar sin efecto el perdón concedido en el marco de la norma.
Frente a ello, se alza la larga tradición argentina según la cual sólo muy raramente los delitos tributarios son sancionados con algo más que una multa, muchas veces de monto probablemente menor que el que debería haberse abonado en caso de mantenerse en regla. Las particularidades del caso, en el que quienes burlaron al fisco vuelven a hacerlo en el contenido de su propio pedido de perdón, exigen una respuesta diferente. Es imprescindible actuar con rigor, de manera que por una vez en la Argentina el costo de violar la ley sea más alto que el de cumplirla escrupulosamente.
Se trata de una nueva vuelta de tuerca en torno de una medida polémica como todas las de su tipo, en tanto implica enviarle a la sociedad el mensaje equivocado, al perdonar faltas previas -una evasión tributaria como mínimo- de ciudadanos que no están precisamente entre los más desfavorecidos, con un objetivo que no suele ir más allá de lo recaudatorio. En la Argentina, además, existe un cuestionamiento adicional debido a la decisión del presidente Mauricio Macri de incorporar por decreto al universo de posibles beneficiarios a los parientes de los funcionarios, incluidos desde luego los suyos.
En cualquier caso, ahora llega la novedad de que algunos de los que aprovecharon la oportunidad que se les brindaba ni siquiera se atuvieron a la letra de la norma, ya que lejos de cumplir con el compromiso de no ocultar bienes “hacia adelante” demostraron tener toda la intención de seguir con el mismo comportamiento que venían teniendo antes del blanqueo. Es decir, mantener una parte de su economía personal o empresarial a la luz del día, y otra en las sombras, con el añadido de mentir explícitamente y en toda la línea al respecto en el mismo acto en el que manifiestan su intención de corregirse.
Además de ser taxativa en cuanto a que quien se incorpora al blanqueo debe declarar todos sus bienes y no únicamente aquellos que le plazcan, la ley establece claramente las consecuencias de una eventual adhesión fraudulenta como las que han quedado en evidencia a partir de informaciones obtenidas gracias a un convenio con la Ocde. Los transgresores no sólo perderán todos los beneficios impositivos, y deberán tributar tanto por lo que declararon como por lo que no, sino que quedan expuestos a ser procesados penalmente, al quedar sin efecto el perdón concedido en el marco de la norma.
Frente a ello, se alza la larga tradición argentina según la cual sólo muy raramente los delitos tributarios son sancionados con algo más que una multa, muchas veces de monto probablemente menor que el que debería haberse abonado en caso de mantenerse en regla. Las particularidades del caso, en el que quienes burlaron al fisco vuelven a hacerlo en el contenido de su propio pedido de perdón, exigen una respuesta diferente. Es imprescindible actuar con rigor, de manera que por una vez en la Argentina el costo de violar la ley sea más alto que el de cumplirla escrupulosamente.