Las cifras de la corrupción
Poco después de conocidos los resultados preliminares de la auditoría que lleva adelante el Consejo de la Magistratura sobre los tribunales federales, según los cuales los procesos por corrupción llevan en la Argentina un promedio de tres años y medio, un segundo capítulo del mismo relevamiento ha informado que sólo dos de cada cien funcionarios públicos acusados de cometer irregularidades en el ejercicio de sus gestiones reciben una condena. Sin resultar exactamente sorpresivo, el dato pone de manifiesto de manera dramática que la convicción insertada en la ciudadanía de que quienes delinquen desde el poder gozan de una virtual garantía de impunidad no se encuentra lejos de la verdad.
El informe, que analiza expedientes abiertos entre 1996 y 2016, alude a las diferentes vías por las cuales se arriba a tan magras cifras, comenzando por el hecho de que solamente un tercio de las causas llega a la instancia del juicio oral. Y pone énfasis en el papel que juega la prescripción, es decir el mero paso del tiempo, producto del “cajoneo” decidido por razones políticas.
Si se pretende explicar la escasez de condenas con el argumento de que muchas de las acusaciones también son políticas, y carecen de un sustento real, cabe advertir que el Consejo sólo ha analizado aquellas denuncias a las que un fiscal dio curso. Es decir, si también se incluyeran las que son rechazadas sin investigación alguna -lo que a veces ocurre por motivos asimismo sospechosos- el porcentaje resultaría todavía más insignificante.
Podría pensarse, teniendo en cuenta los resonantes procesos hoy en curso y el hecho de que la auditoría no abarca el último año y medio, que las cosas podrían estar cambiando en este rubro. Pero un simple cálculo revela que si, por ejemplo, las condenas se multiplicaran por cinco -lo que sería un salto de una magnitud improbable por lo extraordinaria- el “índice de impunidad” aún rondaría nada menos que el 90 por ciento.
Se reafirma así la necesidad de cambios legislativos, como la propuesta de declarar imprescriptibles los delitos de corrupción, y procesales, para evitar la avalancha de argucias legales utilizadas para demorar los expedientes. Pero también la de jueces y fiscales menos predispuestos a dejarse influir por el poder, por miedo o por no disponer ellos mismos de un pasado blindado a un pedido de rendición de cuentas.
El informe, que analiza expedientes abiertos entre 1996 y 2016, alude a las diferentes vías por las cuales se arriba a tan magras cifras, comenzando por el hecho de que solamente un tercio de las causas llega a la instancia del juicio oral. Y pone énfasis en el papel que juega la prescripción, es decir el mero paso del tiempo, producto del “cajoneo” decidido por razones políticas.
Si se pretende explicar la escasez de condenas con el argumento de que muchas de las acusaciones también son políticas, y carecen de un sustento real, cabe advertir que el Consejo sólo ha analizado aquellas denuncias a las que un fiscal dio curso. Es decir, si también se incluyeran las que son rechazadas sin investigación alguna -lo que a veces ocurre por motivos asimismo sospechosos- el porcentaje resultaría todavía más insignificante.
Podría pensarse, teniendo en cuenta los resonantes procesos hoy en curso y el hecho de que la auditoría no abarca el último año y medio, que las cosas podrían estar cambiando en este rubro. Pero un simple cálculo revela que si, por ejemplo, las condenas se multiplicaran por cinco -lo que sería un salto de una magnitud improbable por lo extraordinaria- el “índice de impunidad” aún rondaría nada menos que el 90 por ciento.
Se reafirma así la necesidad de cambios legislativos, como la propuesta de declarar imprescriptibles los delitos de corrupción, y procesales, para evitar la avalancha de argucias legales utilizadas para demorar los expedientes. Pero también la de jueces y fiscales menos predispuestos a dejarse influir por el poder, por miedo o por no disponer ellos mismos de un pasado blindado a un pedido de rendición de cuentas.