Las fallas en el escrutinio provisorio de las Paso
El informe de los veedores designados oportunamente por la Justicia Electoral para vigilar el escrutinio provisorio de las Paso, conocido ayer, renueva parcialmente la preocupación en torno de la transparencia de un acto que por la salud de la democracia debe necesariamente estar al margen de toda sospecha.
Aun cuando el impacto de los resultados de las Paso ha dominado naturalmente la agenda pública en las últimas dos semanas, no debería pasar al olvido la polémica generada antes de la elección por el sistema implementado para el escrutinio provisorio, que la oposición objetó a punto tal de motivar presentaciones ante la Justicia para pedir su exclusión. El informe de los veedores judiciales designados oportunamente para vigilar el proceso, conocido ayer, actualiza el tema y renueva parcialmente la preocupación en torno de la transparencia de un acto que por la salud de la democracia debe necesariamente estar al margen de toda sospecha.
En rigor, el nombramiento de los veedores había sido leído como una señal de que la jueza María Romilda Servini de Cubría concedía al reclamo opositor alguna entidad, pero no la suficiente como para disponer a pocas horas de la elección el empleo de un sistema diferente del que se estaba preparando, con las complicaciones que ello traería. La orden de la Cámara Nacional Electoral de no difundir resultados antes de que fuera escrutado un porcentaje importante de los votos en los principales distritos apareció como otra medida preventiva para disipar los temores de que se manipulara la difusión de los datos, el principal argumento utilizado por los reclamantes.
De hecho, la noche del domingo 11 dio motivos para reforzar las suspicacias, dado que las cifras oficiales se informaron mucho después del horario estipulado, cuando el mandato judicial estaba sobradamente cubierto y hasta el presidente Mauricio Macri había reconocido que había sufrido una derrota contundente. La demora fue atribuida indistintamente a la renuencia del oficialismo a dar a conocer números tan adversos y a fallas de la empresa Startmatic, dos versiones que curiosamente coincidían en darle en alguna medida la razón a los reparos formulados por la oposición.
En cualquier caso, el informe de los veedores apunta contra la empresa, aunque paradójicamente no al mecanismo de transmisión de telegramas -la gran novedad en la que estaban centrados los cuestionamientos-, que al parecer trabajó impecablemente, sino al sistema de "recuento provisional de resultados provisorios", a cuyo funcionamiento defectuoso atribuye la demora de una hora y media. Smartmatic, en cambio, ha respondido que los dos aspectos del proceso que se encontraban bajo su responsabilidad "funcionaron muy bien y tal cual lo convenido", con lo que procura deslindar su compromiso respecto de las fallas.
En cualquier caso, más allá de la distribución de culpas, es preciso instrumentar los medios para que los problemas no se repitan en la elección del 27 de octubre, y que la difusión de los datos siga el cronograma normal, sin alentar las sospechas de que se está ocultando algo, como ocurrió la noche del 11 de agosto. Una vez más, aunque la ocurrencia de un fraude es muy improbable y en todo caso no podría materializarse a través del escrutinio provisorio, hasta la más tenue sombra de duda debe ser erradicada, para desalentar denuncias irresponsables como las que tampoco han faltado en esta oportunidad.
En rigor, el nombramiento de los veedores había sido leído como una señal de que la jueza María Romilda Servini de Cubría concedía al reclamo opositor alguna entidad, pero no la suficiente como para disponer a pocas horas de la elección el empleo de un sistema diferente del que se estaba preparando, con las complicaciones que ello traería. La orden de la Cámara Nacional Electoral de no difundir resultados antes de que fuera escrutado un porcentaje importante de los votos en los principales distritos apareció como otra medida preventiva para disipar los temores de que se manipulara la difusión de los datos, el principal argumento utilizado por los reclamantes.
De hecho, la noche del domingo 11 dio motivos para reforzar las suspicacias, dado que las cifras oficiales se informaron mucho después del horario estipulado, cuando el mandato judicial estaba sobradamente cubierto y hasta el presidente Mauricio Macri había reconocido que había sufrido una derrota contundente. La demora fue atribuida indistintamente a la renuencia del oficialismo a dar a conocer números tan adversos y a fallas de la empresa Startmatic, dos versiones que curiosamente coincidían en darle en alguna medida la razón a los reparos formulados por la oposición.
En cualquier caso, el informe de los veedores apunta contra la empresa, aunque paradójicamente no al mecanismo de transmisión de telegramas -la gran novedad en la que estaban centrados los cuestionamientos-, que al parecer trabajó impecablemente, sino al sistema de "recuento provisional de resultados provisorios", a cuyo funcionamiento defectuoso atribuye la demora de una hora y media. Smartmatic, en cambio, ha respondido que los dos aspectos del proceso que se encontraban bajo su responsabilidad "funcionaron muy bien y tal cual lo convenido", con lo que procura deslindar su compromiso respecto de las fallas.
En cualquier caso, más allá de la distribución de culpas, es preciso instrumentar los medios para que los problemas no se repitan en la elección del 27 de octubre, y que la difusión de los datos siga el cronograma normal, sin alentar las sospechas de que se está ocultando algo, como ocurrió la noche del 11 de agosto. Una vez más, aunque la ocurrencia de un fraude es muy improbable y en todo caso no podría materializarse a través del escrutinio provisorio, hasta la más tenue sombra de duda debe ser erradicada, para desalentar denuncias irresponsables como las que tampoco han faltado en esta oportunidad.