Las sospechas de corrupción sobre los investigadores
Las coincidentes imputaciones a dos jueces y un fiscal pone al desnudo un lado particularmente crítico del cuadro de corrupción generalizado de los tiempos del kirchnerismo, como es el obstáculo que significa para albergar expectativas de una mejora el hecho de que no sea posible confiar en quienes deberían ser los protagonistas centrales del proceso.
La reanudación de la actividad tribunalicia luego de la feria de enero se ha caracterizado por una verdadera avalancha de novedades en torno de las causas que investigan los delitos cometidos desde el poder a lo largo de las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner, con la particularidad de que en esta ocasión se puso en la mira a varios de los investigadores. La coincidencia, que desde luego difícilmente pueda asumirse como tal, pone al desnudo un lado particularmente crítico del cuadro de corrupción generalizado tantas veces descripto, como es el obstáculo que significa para albergar expectativas de una mejora el hecho de que no sea posible confiar en quienes deberían ser los protagonistas centrales del proceso.
En rigor, las imputaciones conocidas al final de la semana pasada son muy diferentes en cuanto a sus características y su entidad. Mientras el juez jubilado Norberto Oyarbide y su colega todavía en actividad Luis Rodríguez han sido apuntados por “arrepentidos” con testimonios congruentes con acusaciones que ya se les habían formulado precedentemente, el fiscal Carlos Stornelli quedó envuelto en una denuncia tan sorpresiva como delicada, en tanto de ser cierta podría hacer tambalear gran parte de los procesos en curso.
En rigor, nadie ignoraba que el sobreseimiento de la causa por enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner dictado por Oyarbide era fraudulento, aunque la declaración del contador Manzanares de que fue el propio juez quien lo instruyó para fraguar la pericia de parte refuerza la posibilidad de dejar sin efecto aquí el principio de cosa juzgada. Y que Rodríguez había favorecido al matrimonio Muñoz ya había sido establecido por la Cámara Federal, que le había quitado la causa, aunque el hecho de que haya existido una coima de por medio añade, desde luego, una carga adicional de iniquidad a su actuación.
Pero es indudable que si se probara que Stornelli intentó extorsionar a un empresario para dejarlo fuera de la causa de los cuadernos la imagen de esa investigación, y por añadidura de otras que tratan de la corrupción kirchnerista, se alteraría de un modo mucho más radical. Claro está, para ello no basta la denuncia, definida por el propio imputado como una “operación basura”, montada para descalificar el trabajo que lleva adelante y que en efecto ha logrado exponer una maniobra delictiva con un arsenal probatorio impresionante.
En este sentido, es indudable que Stornelli cuenta a su favor con los personajes que tiene enfrente: no el empresario denunciante, que es un desconocido, sino el periodista Horacio Verbitsky, que desde su adhesión al proyecto del kirchnerismo es totalmente selectivo en el tratamiento de los casos de corrupción, y el juez Alejo Ramos Padilla, integrante de Justicia Legítima y promovido al cargo por La Cámpora. Sobre todo este último, porque es extraordinariamente sugestivo que la supuesta extorsión se haya llevado a cabo justamente en un sitio que la hace caer bajo su jurisdicción.
De todas formas, está claro que la existencia de esta investigación resultará funcional a la defensa de Cristina Kirchner y los demás imputados, si no en los tribunales al menos ante la opinión pública. Más allá de sus fundamentos en cada oportunidad, no puede menos que lamentarse la instalación de la idea de que las decisiones de jueces y fiscales son motivadas por causas ajenas a los hechos objetivos de las causas.
En rigor, las imputaciones conocidas al final de la semana pasada son muy diferentes en cuanto a sus características y su entidad. Mientras el juez jubilado Norberto Oyarbide y su colega todavía en actividad Luis Rodríguez han sido apuntados por “arrepentidos” con testimonios congruentes con acusaciones que ya se les habían formulado precedentemente, el fiscal Carlos Stornelli quedó envuelto en una denuncia tan sorpresiva como delicada, en tanto de ser cierta podría hacer tambalear gran parte de los procesos en curso.
En rigor, nadie ignoraba que el sobreseimiento de la causa por enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner dictado por Oyarbide era fraudulento, aunque la declaración del contador Manzanares de que fue el propio juez quien lo instruyó para fraguar la pericia de parte refuerza la posibilidad de dejar sin efecto aquí el principio de cosa juzgada. Y que Rodríguez había favorecido al matrimonio Muñoz ya había sido establecido por la Cámara Federal, que le había quitado la causa, aunque el hecho de que haya existido una coima de por medio añade, desde luego, una carga adicional de iniquidad a su actuación.
Pero es indudable que si se probara que Stornelli intentó extorsionar a un empresario para dejarlo fuera de la causa de los cuadernos la imagen de esa investigación, y por añadidura de otras que tratan de la corrupción kirchnerista, se alteraría de un modo mucho más radical. Claro está, para ello no basta la denuncia, definida por el propio imputado como una “operación basura”, montada para descalificar el trabajo que lleva adelante y que en efecto ha logrado exponer una maniobra delictiva con un arsenal probatorio impresionante.
En este sentido, es indudable que Stornelli cuenta a su favor con los personajes que tiene enfrente: no el empresario denunciante, que es un desconocido, sino el periodista Horacio Verbitsky, que desde su adhesión al proyecto del kirchnerismo es totalmente selectivo en el tratamiento de los casos de corrupción, y el juez Alejo Ramos Padilla, integrante de Justicia Legítima y promovido al cargo por La Cámpora. Sobre todo este último, porque es extraordinariamente sugestivo que la supuesta extorsión se haya llevado a cabo justamente en un sitio que la hace caer bajo su jurisdicción.
De todas formas, está claro que la existencia de esta investigación resultará funcional a la defensa de Cristina Kirchner y los demás imputados, si no en los tribunales al menos ante la opinión pública. Más allá de sus fundamentos en cada oportunidad, no puede menos que lamentarse la instalación de la idea de que las decisiones de jueces y fiscales son motivadas por causas ajenas a los hechos objetivos de las causas.