Opinión | Editorial

Los nuevos censores de la Argentina autoritaria e intolerante

La coincidencia entre los ataques violentos a salas cinematográficas donde se exhibían películas en las que estuvieron involucradas las hijas del actual presidente de la Nación y de su predecesora bien puede interpretarse como un reflejo cabal del clima de intolerancia que contamina a buena parte de la sociedad, que no sólo rechaza toda voz contraria a su modo de ver las cosas sino que pretende acallarla con mecanismos que no excluyen la intimidación y la violencia.
Menos de dos meses después de que un grupo de encapuchados empeñados en impedir la proyección de un documental sobre Santiago Maldonado atacara el cine donde iba a exhibirse, un episodio análogo se verificó en una de las salas donde se presentaba la película “Soledad”, basada en la vida de una militante anarquista argentina que murió en Italia hace dos décadas. La coincidencia entre las agresiones a obras en las que estuvieron involucradas las hijas del actual presidente de la Nación y de su predecesora bien puede interpretarse como un reflejo cabal del clima de intolerancia que contamina a buena parte de la sociedad, que no sólo rechaza toda voz contraria a su modo de ver las cosas sino que pretende acallarla con mecanismos que no excluyen la intimidación y la violencia.



“El camino de Santiago” es, sin duda, un trabajo apto para generar polémica, en tanto se inscribe en la línea de pensamiento que sostiene -o al menos no descarta- la hipótesis de desaparición forzada que todo el material probatorio recogido en la investigación desmiente. La vida y la muerte de Soledad Rosas nunca habían estado en la agenda de la opinión pública argentina hasta ahora, aunque el anuncio del estreno parece haber sido mal recibido por grupos anarquistas argentinos que acaso sospechen -ya que no es probable que hayan visto la película- un tratamiento más basado en la dimensión humana de la protagonista que en sus posicionamientos políticos.



De cualquier forma, resulta indudable que en la decisión de irrumpir en las salas con el propósito de impedir las proyecciones y, sobre todo, generar un escándalo que visibilice su repudio a las obras fílmicas, han ejercido una influencia clave algunos de los apellidos involucrados: Florencia Kirchner como coguionista de la primera y Agustina Macri como directora de la segunda. Que en un caso la identificación con el ideario de la madre sea total, mientras en el otro el tema y el enfoque indiquen más bien una ruptura con el legado familiar parece haberles dado lo mismo a los intolerantes que llevaron adelante los atentados.



En la Argentina, la pretensión de impedirles a otras personas presenciar una película por no estar de acuerdo con el criterio artístico o el posicionamiento político o social de los realizadores es un comportamiento que evoca a los censores de la dictadura militar. No tenían, obviamente, más derecho a hacerlo que el que se autoadjudicaban, a partir de reglas dictadas por ellos mismos que sin embargo no vacilaban en violar cuando se les daba la gana. 



Los atacantes de los cines no tienen el mismo poder que quienes actuaban de esa manera cuatro décadas atrás. Pero los anima un espíritu autoritario similar, el que de hecho subyace en todo acto de censura al margen de si sus autores ocupan un rol institucional o se manejan desde una marginalidad asumida por elección.



Que una obra artística genere controversia no es en sí mismo negativo, y hasta podría considerarse saludable en la mayoría de los casos. Pero ello es así porque los puntos de vista expuestos desafían los preconceptos del espectador, que puede cambiarlos o reafirmarlos con fundamentos más sólidos. Nada de esto es posible si prevalece la censura, un actor que siempre empobrece a la sociedad que oprime, tanto como  la tendencia a dirimir los conflictos por medio de la violencia.