Los siempre insólitos tiempos de la Justicia
Más allá de la amplia variedad de protagonistas y de temáticas que muestran algunas novedades judiciales de los últimos días, a las que acaba de sumarse un juicio por discriminación contra Luis D’Elía por expresiones antisemitas que formuló en 2011, todas coinciden en despertar una pregunta que puede formularse exactamente en los mismos términos: ¿por qué recién ahora?
El comienzo del juicio contra el dirigente social Luis D’Elía por discriminación viene a sumar un nuevo elemento a una lista de novedades judiciales que incluye la condena contra Amado Boudou por una defraudación cometida antes de su penoso paso por la función pública, la absolución de César Milani en relación con el secuestro y la aplicación de torturas a dos personas en 1976, el inicio de otro juicio contra Guillermo Moreno por aplicarles multas a las consultoras privadas que intentaban suministrar las cifras verdaderas de inflación mientras el Indec dominado por él mentía sistemáticamente al respecto y la sanción contra el cómico Miguel Del Sel por irregularidades en la administración de fondos de la campaña para la gobernación de Santa Fe de 2011. Más allá de la amplia variedad de protagonistas y de temáticas que muestran estas causas, todas coinciden en despertar una pregunta que puede formularse exactamente en los mismos términos: ¿por qué recién ahora?.
En rigor, el delito que se atribuye a D’Elía data de 2011, en pleno auge del escándalo entonces en curso debido al fraude en el plan de viviendas “Sueños Compartidos” llevado adelante por la Fundación Madres de Plaza de Mayo con fondos públicos. El conspicuo dirigente kirchnerista vinculó la maniobra con la condición judía de algunos de los involucrados -en particular quien estaba sindicado como el principal responsable, Sergio Schoklender- y hasta lanzó sospechas sobre una supuesta operación de la “inteligencia sionista”.
Sin ser la más delirante de las hipótesis emanadas del grosero antisemitismo del personaje -que, por ejemplo, también ha sugerido que fueron israelíes los culpables de las voladuras de la embajada de Israel y de la Amia-, en este caso generó una causa por violación a una ley sancionada durante el gobierno del que propio D’Elía formó parte. En cualquier caso, y aunque en la audiencia de ayer se negó a declarar, ha negado muchas veces que sus expresiones hacia los judíos sean antisemitas, incluidas las formuladas en esta ocasión, pero la insistencia evoca obsesiones asociadas al pensamiento racista.
En cualquier caso, será la Justicia la que habrá determinarlo, y para ello cuenta con el registro exacto de sus palabras, que de hecho son, al margen de alguna apreciación adicional, prácticamente la única prueba existente en este juicio. Pero precisamente por eso, frente a la simplicidad de lo que hay que resolver -los dichos del acusado son discriminatorios o no lo son-, ¿hacía falta que la Justicia se tomara ocho años?
Obviamente, no; pero queda claro que el caso ni siquiera está entre los peores en materia de morosidad judicial. Es más, el propio D’Elía se encuentra preso desde febrero pasado, después de haber sido condenado por la toma de la comisaría en el barrio porteño de la Boca, ocurrida en 2004. La naturalización de estos tiempos absurdos debe ser revertida si se quiere tener un servicio de justicia serio y confiable, menos expuesto a la influencia de la sensibilidad política que acompaña a determinados expedientes que parecen “quemarles” a jueces y fiscales.
En rigor, el delito que se atribuye a D’Elía data de 2011, en pleno auge del escándalo entonces en curso debido al fraude en el plan de viviendas “Sueños Compartidos” llevado adelante por la Fundación Madres de Plaza de Mayo con fondos públicos. El conspicuo dirigente kirchnerista vinculó la maniobra con la condición judía de algunos de los involucrados -en particular quien estaba sindicado como el principal responsable, Sergio Schoklender- y hasta lanzó sospechas sobre una supuesta operación de la “inteligencia sionista”.
Sin ser la más delirante de las hipótesis emanadas del grosero antisemitismo del personaje -que, por ejemplo, también ha sugerido que fueron israelíes los culpables de las voladuras de la embajada de Israel y de la Amia-, en este caso generó una causa por violación a una ley sancionada durante el gobierno del que propio D’Elía formó parte. En cualquier caso, y aunque en la audiencia de ayer se negó a declarar, ha negado muchas veces que sus expresiones hacia los judíos sean antisemitas, incluidas las formuladas en esta ocasión, pero la insistencia evoca obsesiones asociadas al pensamiento racista.
En cualquier caso, será la Justicia la que habrá determinarlo, y para ello cuenta con el registro exacto de sus palabras, que de hecho son, al margen de alguna apreciación adicional, prácticamente la única prueba existente en este juicio. Pero precisamente por eso, frente a la simplicidad de lo que hay que resolver -los dichos del acusado son discriminatorios o no lo son-, ¿hacía falta que la Justicia se tomara ocho años?
Obviamente, no; pero queda claro que el caso ni siquiera está entre los peores en materia de morosidad judicial. Es más, el propio D’Elía se encuentra preso desde febrero pasado, después de haber sido condenado por la toma de la comisaría en el barrio porteño de la Boca, ocurrida en 2004. La naturalización de estos tiempos absurdos debe ser revertida si se quiere tener un servicio de justicia serio y confiable, menos expuesto a la influencia de la sensibilidad política que acompaña a determinados expedientes que parecen “quemarles” a jueces y fiscales.