Otro pasado cuestionable
La situación del titular de la AFI, Gustavo Arribas, ha vuelto a ser puesta en entredicho al conocerse la apertura de una investigación en su contra en Brasil. Aun cuando podría no haber en la acusación nada verdaderamente novedoso, no caben dudas de que las objeciones a su permanencia en el cargo, que ya estaban muy bien fundadas, han recibido un empuje adicional.
Meses después de que la Justicia argentina desestimara la denuncia presentada contra Gustavo Arribas por las acusaciones de un “arrepentido” del caso Odebrecht, la situación del titular de la Agencia Federal de Inteligencia ha vuelto a ser puesta en entredicho al conocerse la apertura de una investigación en su contra en Brasil. Más allá de la validez del argumento esgrimido por la defensa del funcionario, en el sentido de que no hay verdaderamente nada novedoso en el anuncio, no caben dudas de que las objeciones a su permanencia en el cargo, que ya estaban muy bien fundadas, han recibido un empuje adicional.
En línea con la declaración del financista Leonardo Meirelles, la Policía Federal brasileña sostiene que desde una cuenta destinada al pago de coimas se realizaron transferencias por 850 mil dólares a otra a nombre de Arribas. El jefe de la AFI, por su parte, insiste en reconocer una sola de esas operaciones, por 70 mil dólares, y niega que se trate de un soborno, aunque las características de la operación sugieren como mínimo la intención de mantenerla en la clandestinidad.
La investigación de la Justicia argentina, a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, se cerró rápidamente por “inexistencia de delito”, sin dar curso a las medidas de prueba solicitadas por el fiscal. Dado que el razonamiento que condujo a la decisión fue, básicamente, que cualquier cosa que haya hecho Arribas no la hizo en la Argentina, ni mientras se desempeñaba como funcionario público, habría que convenir que en efecto no parece haber razones para modificarla.
Sin embargo, no se puede ignorar que las explicaciones del jefe de la AFI sobre la operación que reconoció resultaron en primera instancia contradictorias -dijo que fue producto de la venta de un departamento, luego de obras de arte y finalmente de mobiliario- y de una inverosimilitud manifiesta: por ejemplo, cuando sostuvo que fue por pedido del comprador que el pago se materializó con una transferencia a una cuenta en Suiza. Y si para Canicoba no hay aquí delito alguno, para cualquier observador atento hay cuanto menos una maniobra que no tendría sentido si todo se hubiera desarrollado dentro de un marco de legalidad.
Debe reiterarse, por lo tanto, lo oportunamente afirmado en esta página: es posible que no haya motivos para procesar a Arribas en la Argentina, pero su historia previa a la asunción como jefe de la AFI -como ocurre de hecho con no pocos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri- incluye actos que en condiciones normales deberían inhabilitarlo para la función pública. Mucho más cuando el puesto involucrado es tan sensible como la jefatura del servicio de inteligencia, porque en quien por la naturaleza de su tarea está más alejado del escrutinio público las garantías de probidad deberían ser mayores que en cualquier otro agente del Estado.
En línea con la declaración del financista Leonardo Meirelles, la Policía Federal brasileña sostiene que desde una cuenta destinada al pago de coimas se realizaron transferencias por 850 mil dólares a otra a nombre de Arribas. El jefe de la AFI, por su parte, insiste en reconocer una sola de esas operaciones, por 70 mil dólares, y niega que se trate de un soborno, aunque las características de la operación sugieren como mínimo la intención de mantenerla en la clandestinidad.
La investigación de la Justicia argentina, a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, se cerró rápidamente por “inexistencia de delito”, sin dar curso a las medidas de prueba solicitadas por el fiscal. Dado que el razonamiento que condujo a la decisión fue, básicamente, que cualquier cosa que haya hecho Arribas no la hizo en la Argentina, ni mientras se desempeñaba como funcionario público, habría que convenir que en efecto no parece haber razones para modificarla.
Sin embargo, no se puede ignorar que las explicaciones del jefe de la AFI sobre la operación que reconoció resultaron en primera instancia contradictorias -dijo que fue producto de la venta de un departamento, luego de obras de arte y finalmente de mobiliario- y de una inverosimilitud manifiesta: por ejemplo, cuando sostuvo que fue por pedido del comprador que el pago se materializó con una transferencia a una cuenta en Suiza. Y si para Canicoba no hay aquí delito alguno, para cualquier observador atento hay cuanto menos una maniobra que no tendría sentido si todo se hubiera desarrollado dentro de un marco de legalidad.
Debe reiterarse, por lo tanto, lo oportunamente afirmado en esta página: es posible que no haya motivos para procesar a Arribas en la Argentina, pero su historia previa a la asunción como jefe de la AFI -como ocurre de hecho con no pocos funcionarios del gobierno de Mauricio Macri- incluye actos que en condiciones normales deberían inhabilitarlo para la función pública. Mucho más cuando el puesto involucrado es tan sensible como la jefatura del servicio de inteligencia, porque en quien por la naturaleza de su tarea está más alejado del escrutinio público las garantías de probidad deberían ser mayores que en cualquier otro agente del Estado.