Otro revés por una estatización mal realizada
Un fallo adverso de un tribunal arbitral internacional en el marco de un litigio por la estatización de Aerolíneas Argentinas implica un nuevo golpe para los intereses nacionales, que confirma una vez más la notable mala praxis con que la administración anterior llevó adelante iniciativas que presentaba como una recuperación del patrimonio del país y de su soberanía.
A pocos días del pronunciamiento del procurador general de los Estados Unidos que anticipa un curso y un desenlace muy negativos, desde la perspectiva de nuestro país, de una causa que sustancia la Justicia de Nueva York en torno de la estatización de YPF, un fallo de un tribunal arbitral internacional sobre la estatización de Aerolíneas Argentinas implica un nuevo golpe, en este caso sin más apelación posible, para los intereses nacionales. Con notables puntos de contacto y también algunas diferencias entre ambos, se confirma una vez más la notable mala praxis con que la administración anterior llevó adelante iniciativas que presentaba como una recuperación del patrimonio y de la soberanía.
En rigor, el fallo dictado esta semana por el Ciadi -tribunal dependiente del Banco Mundial que los integrantes de la organización aceptan como competente para la resolución de controversias comerciales o de negocios- se limita a rechazar un recurso presentado por la Argentina contra otro emitido en 2017, por el cual le indicaba al país que debía pagar algo más de 300 millones de dólares en concepto de indemnización por la estatización de Aerolíneas. El ganador del pleito es el mismo estudio de abogados que litiga por YPF y así como compró los derechos del grupo Esquenazi en esa operación también hizo algo similar con el grupo Marsans, al que el Estado le había expropiado la línea aérea en 2008.
Desde luego, la sentencia resulta increíble si se toma en consideración que el grupo Marsans, encargado de continuar con el vaciamiento de Aerolíneas que había iniciado Iberia tras la privatización de la empresa en los 90, tiene a sus responsables presos en España por delitos económicos, y que la compañía había ingresado en una crisis terminal que la había llevado a tener patrimonio neto negativo: es decir, el valor de la suma de todos sus bienes no alcanzaba para pagar sus deudas. Este fue el motivo por el cual la oposición propuso, en el momento del debate en el Congreso, no expropiar la empresa sino crear una nueva, para mantener el servicio y absorber al personal sin asumir un pasivo de más de 800 millones de dólares, pero el kirchnerismo impuso su postura en medio de las consabidas proclamas patrióticas que pretendían presentar como epopeya lo que era una simple operación comercial ruinosa.
Ese mismo discurso fue, al parecer, la línea predominante de la conducción de Aerolíneas -que inmediatamente después de la estatización fue convertida en una especie de caja de empleos de La Cámpora- en el juicio iniciado en el Ciadi, donde habría sido más inteligente centrarse en los argumentos jurídicos. Sin embargo, la orientación siguió siendo similar después de diciembre de 2015, ya que en virtud de la continuidad jurídica de los Estados no había quedado demasiado margen para cambiar de estrategia.
En cualquier caso, al altísimo precio que los argentinos han pagado por Aerolíneas desde su reestatización -más de cinco mil millones de dólares en subsidios-, habrá que sumar otros 300 millones en favor de unos descarados oportunistas que, debe aclararse, no se benefician exclusivamente gracias a su propia habilidad. También aprovechan la torpeza y la ceguera de quienes han manejado el patrimonio nacional con una torpeza y una irresponsabilidad mayúsculas, bajo la cobertura de un discurso patriotero que con toda certeza habrá que seguir escuchándoles sin la menor admisión de culpa.
En rigor, el fallo dictado esta semana por el Ciadi -tribunal dependiente del Banco Mundial que los integrantes de la organización aceptan como competente para la resolución de controversias comerciales o de negocios- se limita a rechazar un recurso presentado por la Argentina contra otro emitido en 2017, por el cual le indicaba al país que debía pagar algo más de 300 millones de dólares en concepto de indemnización por la estatización de Aerolíneas. El ganador del pleito es el mismo estudio de abogados que litiga por YPF y así como compró los derechos del grupo Esquenazi en esa operación también hizo algo similar con el grupo Marsans, al que el Estado le había expropiado la línea aérea en 2008.
Desde luego, la sentencia resulta increíble si se toma en consideración que el grupo Marsans, encargado de continuar con el vaciamiento de Aerolíneas que había iniciado Iberia tras la privatización de la empresa en los 90, tiene a sus responsables presos en España por delitos económicos, y que la compañía había ingresado en una crisis terminal que la había llevado a tener patrimonio neto negativo: es decir, el valor de la suma de todos sus bienes no alcanzaba para pagar sus deudas. Este fue el motivo por el cual la oposición propuso, en el momento del debate en el Congreso, no expropiar la empresa sino crear una nueva, para mantener el servicio y absorber al personal sin asumir un pasivo de más de 800 millones de dólares, pero el kirchnerismo impuso su postura en medio de las consabidas proclamas patrióticas que pretendían presentar como epopeya lo que era una simple operación comercial ruinosa.
Ese mismo discurso fue, al parecer, la línea predominante de la conducción de Aerolíneas -que inmediatamente después de la estatización fue convertida en una especie de caja de empleos de La Cámpora- en el juicio iniciado en el Ciadi, donde habría sido más inteligente centrarse en los argumentos jurídicos. Sin embargo, la orientación siguió siendo similar después de diciembre de 2015, ya que en virtud de la continuidad jurídica de los Estados no había quedado demasiado margen para cambiar de estrategia.
En cualquier caso, al altísimo precio que los argentinos han pagado por Aerolíneas desde su reestatización -más de cinco mil millones de dólares en subsidios-, habrá que sumar otros 300 millones en favor de unos descarados oportunistas que, debe aclararse, no se benefician exclusivamente gracias a su propia habilidad. También aprovechan la torpeza y la ceguera de quienes han manejado el patrimonio nacional con una torpeza y una irresponsabilidad mayúsculas, bajo la cobertura de un discurso patriotero que con toda certeza habrá que seguir escuchándoles sin la menor admisión de culpa.