Para no depender de la “bola de cristal”
Con la absolución del juez de Ejecución Penal Carlos Rossi, el intento de que el castigo a un violador y homicida se extienda también al responsable de que estuviera en libertad por haber sido excarcelado antes de cumplir una condena anterior, se topa con lo que da la impresión de ser una defensa corporativa, cuyos fundamentos legales contradicen inevitablemente la sensibilidad y el sentido de Justicia del grueso de la sociedad.
En línea con lo ocurrido en otros casos similares, algunos de enorme notoriedad pública, el juicio político seguido contra el juez de Ejecución Penal de Entre Ríos Carlos Rossi concluyó con su absolución, en un fallo dividido que le permitirá seguir tomando decisiones como la que lo llevó al banquillo. Una vez más, el intento de que el castigo a un violador y homicida se extienda también al responsable de que estuviera en libertad por haber sido excarcelado antes de cumplir una condena anterior, se topa con lo que da la impresión de ser una defensa corporativa, cuyos fundamentos legales contradicen inevitablemente la sensibilidad y el sentido de justicia del grueso de la sociedad.
El crimen de Micaela García es un caso cuyos trazos gruesos reproducen una historia conocida: básicamente, un violador convicto, luego de gozar de salidas anticipadas o una libertad ambulatoria que se le concede antes de cumplir la pena, pese a informes desfavorables de peritos o del Servicio Penitenciario, vuelve a violar, pero esta vez asesina a su víctima. La mirada se vuelve entonces sobre el juez que, como Rossi en esta oportunidad, argumenta que simplemente cumplió con la ley, y que no tiene “la bola de cristal” para anticipar la conducta del sujeto cuya libertad dispuso.
Eso no le basta siempre para cerrar una ofensiva que llevan adelante los familiares de la víctima, con el respaldo de organizaciones gubernamentales y a veces de algunos políticos que, por sensibilidad u oportunismo, alcanzan a forzar la realización del juicio político. Pero invariablemente termina conservando su cargo, como en el emblemático caso del juez Axel López, quien fue defendido en su momento por el propio exintegrante de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni.
En el proceso concluido esta semana, votaron por la absolución los tres integrantes del jury que son a su vez jueces, mientras el procurador general de Entre Ríos, a cargo de la acusación, se manejó con absoluta complacencia respecto del acusado. Quedó claro que el Poder Judicial en su conjunto respaldaba a Rossi, sea por solidaridad de clase o acaso porque en realidad, desde el punto técnico, nada podía reprochársele al contenido de su resolución.
En cambio, los dos miembros del jury que son legisladores se inclinaron por la destitución, acaso conscientes del efecto que en la sociedad -y por lo tanto en el electorado- tiene el tratamiento benigno que la Justicia parece dar a los delincuentes en general y a los violadores en particular. El resultado, sin embargo, es expresivo: más allá de lo que puedan hacer en el jury, cuando ya el daño se ha hecho, lo que se requiere de la política son leyes que limiten la posibilidad de los jueces de ejecución penal de poner en la calle anticipadamente a quienes lejos de haberse rehabilitado se han vuelto un peligro mayor que antes de ir a la cárcel.
El crimen de Micaela García es un caso cuyos trazos gruesos reproducen una historia conocida: básicamente, un violador convicto, luego de gozar de salidas anticipadas o una libertad ambulatoria que se le concede antes de cumplir la pena, pese a informes desfavorables de peritos o del Servicio Penitenciario, vuelve a violar, pero esta vez asesina a su víctima. La mirada se vuelve entonces sobre el juez que, como Rossi en esta oportunidad, argumenta que simplemente cumplió con la ley, y que no tiene “la bola de cristal” para anticipar la conducta del sujeto cuya libertad dispuso.
Eso no le basta siempre para cerrar una ofensiva que llevan adelante los familiares de la víctima, con el respaldo de organizaciones gubernamentales y a veces de algunos políticos que, por sensibilidad u oportunismo, alcanzan a forzar la realización del juicio político. Pero invariablemente termina conservando su cargo, como en el emblemático caso del juez Axel López, quien fue defendido en su momento por el propio exintegrante de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni.
En el proceso concluido esta semana, votaron por la absolución los tres integrantes del jury que son a su vez jueces, mientras el procurador general de Entre Ríos, a cargo de la acusación, se manejó con absoluta complacencia respecto del acusado. Quedó claro que el Poder Judicial en su conjunto respaldaba a Rossi, sea por solidaridad de clase o acaso porque en realidad, desde el punto técnico, nada podía reprochársele al contenido de su resolución.
En cambio, los dos miembros del jury que son legisladores se inclinaron por la destitución, acaso conscientes del efecto que en la sociedad -y por lo tanto en el electorado- tiene el tratamiento benigno que la Justicia parece dar a los delincuentes en general y a los violadores en particular. El resultado, sin embargo, es expresivo: más allá de lo que puedan hacer en el jury, cuando ya el daño se ha hecho, lo que se requiere de la política son leyes que limiten la posibilidad de los jueces de ejecución penal de poner en la calle anticipadamente a quienes lejos de haberse rehabilitado se han vuelto un peligro mayor que antes de ir a la cárcel.