Un compromiso que debería revisarse
Aunque los representantes del campo tengan razón en reclamarle al Gobierno el cumplimiento de una promesa formulada y ratificada sin condicionamientos, como la de la reducción progresiva de las retenciones a la soja, también la tienen quienes plantean que si no hay más remedio que tolerar un ajuste, éste debe ser equitativo, y contemplar el esfuerzo solidario de todos, particularmente de quienes están en mejores condiciones de afrontarlo.
Luego de que parte del sector agropecuario emergiera entre los pocos beneficiarios de la devaluación que siguió a la corrida cambiaria, la posibilidad de que se le requiriera un esfuerzo adicional para enfrentar la crisis surgió con naturalidad, y llevó al presidente Mauricio Macri a comprometerse personalmente ante los representantes del campo a no modificar el cronograma de baja progresiva de retenciones a las exportaciones de soja y derivados. Sin embargo, la difusión de la posición en la materia del Fondo Monetario Internacional indica que la cuestión permanece al menos como tema bajo análisis, tanto más cuando miembros de peso dentro de la alianza gobernante, como el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, se han sumado al debate.
Como se sabe, el esquema de retenciones impuesto durante los gobiernos kirchneristas fue blanco de duras críticas por parte de Macri durante la campaña electoral, y motivó su promesa de eliminar todos los gravámenes a las exportaciones: gradualmente para la soja y de inmediato para todo el resto de la producción. Sin embargo, para muchos un compromiso asumido con un dólar sensiblemente más barato que el actual no debería tomarse como un condicionante cuando la situación ha cambiado por completo.
Básicamente, la Argentina enfrenta una tormenta financiera que la pone ante la posibilidad de un colapso, frente a lo cual el propio Gobierno proclama como única salida posible la reducción del déficit fiscal. Algo que, desde luego, ya está pasándole una elevada factura al conjunto de la población, por la doble vía de una aceleración inflacionaria y una caída de la actividad económica.
En ese marco, el hecho de que un sector que figura entre los pocos que han salido ganando con la suba del dólar sea eximido de pagar los costos asociados a las turbulencias de las últimas semanas no parece justo ni lógico. Y aunque sus representantes tengan razón en reclamarle al Gobierno el cumplimiento de una promesa formulada y ratificada sin condicionamientos, también la tienen quienes plantean que si no hay más remedio que tolerar un ajuste, éste debe ser equitativo, y contemplar el esfuerzo solidario de todos, particularmente de quienes están en mejores condiciones de afrontarlo.
El planteo del FMI es significativo porque, obviamente, las retenciones están muy lejos de ser parte del libreto habitual de la institución. Por el contrario, las considera un gravamen distorsivo que desalienta la producción y el comercio. Sin embargo, reconoce que la ortodoxia económica importa menos que la urgencia por salir de una situación fiscal tan delicada como la que se vive.
Pero en cualquier caso, no es porque lo pida el FMI que el Gobierno debería revisar su política de mantener la baja de las retenciones. No sólo está perjudicando su objetivo de atacar el déficit, sino enviando el mensaje de que mientras a algunos se les impone un ajuste brutal, a otros se les concede el llamativo privilegio de reducirles las cargas.
Como se sabe, el esquema de retenciones impuesto durante los gobiernos kirchneristas fue blanco de duras críticas por parte de Macri durante la campaña electoral, y motivó su promesa de eliminar todos los gravámenes a las exportaciones: gradualmente para la soja y de inmediato para todo el resto de la producción. Sin embargo, para muchos un compromiso asumido con un dólar sensiblemente más barato que el actual no debería tomarse como un condicionante cuando la situación ha cambiado por completo.
Básicamente, la Argentina enfrenta una tormenta financiera que la pone ante la posibilidad de un colapso, frente a lo cual el propio Gobierno proclama como única salida posible la reducción del déficit fiscal. Algo que, desde luego, ya está pasándole una elevada factura al conjunto de la población, por la doble vía de una aceleración inflacionaria y una caída de la actividad económica.
En ese marco, el hecho de que un sector que figura entre los pocos que han salido ganando con la suba del dólar sea eximido de pagar los costos asociados a las turbulencias de las últimas semanas no parece justo ni lógico. Y aunque sus representantes tengan razón en reclamarle al Gobierno el cumplimiento de una promesa formulada y ratificada sin condicionamientos, también la tienen quienes plantean que si no hay más remedio que tolerar un ajuste, éste debe ser equitativo, y contemplar el esfuerzo solidario de todos, particularmente de quienes están en mejores condiciones de afrontarlo.
El planteo del FMI es significativo porque, obviamente, las retenciones están muy lejos de ser parte del libreto habitual de la institución. Por el contrario, las considera un gravamen distorsivo que desalienta la producción y el comercio. Sin embargo, reconoce que la ortodoxia económica importa menos que la urgencia por salir de una situación fiscal tan delicada como la que se vive.
Pero en cualquier caso, no es porque lo pida el FMI que el Gobierno debería revisar su política de mantener la baja de las retenciones. No sólo está perjudicando su objetivo de atacar el déficit, sino enviando el mensaje de que mientras a algunos se les impone un ajuste brutal, a otros se les concede el llamativo privilegio de reducirles las cargas.