Un expresidente en prisión
La detención del expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva implica un cimbronazo político que trasciende las fronteras de Brasil, tanto por el peso demográfico y económico del país más grande de Latinoamérica en el contexto de la región como por las interpretaciones que inscriben lo ocurrido en un ciclo más amplio, que según los puntos de vista puede leerse como de revalorización institucional o de retroceso histórico.
Luego de un largo proceso que por momentos hizo temer la transformación de una situación sociopolítica convulsionada en algo mucho más violento y luctuoso, dada la profundidad de la división que el caso pone de manifiesto, y no sin omitir en las últimas horas un dramático pico de tensión que todavía no cede, se ha formalizado finalmente la detención del expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva. Se vive en consecuencia un cimbronazo político que trasciende las fronteras de Brasil, tanto por el peso de la economía más grande de Latinoamérica en el contexto de la región como por las interpretaciones que inscriben lo ocurrido en un ciclo más amplio, que según los puntos de vista puede leerse como de revalorización institucional o de retroceso histórico.
Desde la fuerza política que llevó a Lula al poder, y que aspira a reinstaurarlo en la Presidencia en las elecciones previstas para octubre de este año, se promueve una versión de lo ocurrido basada en teorías conspirativas del tipo de las que ningún político en dificultades se priva de señalar: un complot para demoler un líder popular motivado tanto por la venganza política como por el deseo de suprimir la posibilidad de un regreso que interrumpa la restauración conservadora en curso. En tal caso, las acusaciones en su contra serían un fraude perpetrado por las fuerzas oscuras que emplean como ariete a una Justicia manipulable y servicial con los poderosos.
Esta visión, sin embargo, además de prescindir de cualquier evaluación objetiva de las imputaciones –las demostradas en juicio y las pendientes, que son unas cuantas más– tropiezan con la figura del juez que, bajo la acusación de ser un obsesivo buscador de un estrellato indigno en alguien con sus responsabilidades, encarna una serie de investigaciones, del “Petrolao” al “Lava Jato”, que han hecho tambalear no sólo a Lula y a su partido sino a todo el sistema político brasileño. Y también ha puesto presos a varios de los empresarios potentados que, de tener asidero las versiones conspirativas, deberían estar supuestamente al frente de las conspiraciones.
Acaso lo ocurrido con la destitución de Dilma Rousseff, que en efecto se realizó mediante imputaciones que parecían meras excusas e impulsada por políticos infinitamente más sospechados de corrupción que ella –empezando por su propio reemplazante–, dé pie a la idea de esa gigantesca conspiración, de la que también formarían parte los “grandes medios concentrados”. Pero la detención de Lula –que sobreviene, cabe recordarlo, después de haber sido condenado en dos instancias, y no por una debatible orden de prisión preventiva– es de una categoría diferente, aunque parezca emparentarse por sus posibles consecuencias.
La distinción es particularmente relevante en la Argentina, donde imputados que se han beneficiado de una actuación de la Justicia menos diligente y enérgica que la verificada en Brasil, pero hoy se ven más cerca de un destino parecido, insistirán hasta el hartazgo con una estrategia de victimización que ahora, con la situación de Lula, tendrá alcance latinoamericano. Como las fantasmales conspiraciones que, en la inmensa mayoría de los casos, son torpes intentos de reemplazar las respuestas que no pueden dar cuando se les piden explicaciones por sus negociados oscuros y sus patrimonios obscenamente engordados.
Desde la fuerza política que llevó a Lula al poder, y que aspira a reinstaurarlo en la Presidencia en las elecciones previstas para octubre de este año, se promueve una versión de lo ocurrido basada en teorías conspirativas del tipo de las que ningún político en dificultades se priva de señalar: un complot para demoler un líder popular motivado tanto por la venganza política como por el deseo de suprimir la posibilidad de un regreso que interrumpa la restauración conservadora en curso. En tal caso, las acusaciones en su contra serían un fraude perpetrado por las fuerzas oscuras que emplean como ariete a una Justicia manipulable y servicial con los poderosos.
Esta visión, sin embargo, además de prescindir de cualquier evaluación objetiva de las imputaciones –las demostradas en juicio y las pendientes, que son unas cuantas más– tropiezan con la figura del juez que, bajo la acusación de ser un obsesivo buscador de un estrellato indigno en alguien con sus responsabilidades, encarna una serie de investigaciones, del “Petrolao” al “Lava Jato”, que han hecho tambalear no sólo a Lula y a su partido sino a todo el sistema político brasileño. Y también ha puesto presos a varios de los empresarios potentados que, de tener asidero las versiones conspirativas, deberían estar supuestamente al frente de las conspiraciones.
Acaso lo ocurrido con la destitución de Dilma Rousseff, que en efecto se realizó mediante imputaciones que parecían meras excusas e impulsada por políticos infinitamente más sospechados de corrupción que ella –empezando por su propio reemplazante–, dé pie a la idea de esa gigantesca conspiración, de la que también formarían parte los “grandes medios concentrados”. Pero la detención de Lula –que sobreviene, cabe recordarlo, después de haber sido condenado en dos instancias, y no por una debatible orden de prisión preventiva– es de una categoría diferente, aunque parezca emparentarse por sus posibles consecuencias.
La distinción es particularmente relevante en la Argentina, donde imputados que se han beneficiado de una actuación de la Justicia menos diligente y enérgica que la verificada en Brasil, pero hoy se ven más cerca de un destino parecido, insistirán hasta el hartazgo con una estrategia de victimización que ahora, con la situación de Lula, tendrá alcance latinoamericano. Como las fantasmales conspiraciones que, en la inmensa mayoría de los casos, son torpes intentos de reemplazar las respuestas que no pueden dar cuando se les piden explicaciones por sus negociados oscuros y sus patrimonios obscenamente engordados.