Un sistema que invita a la corrupción
Si ya la detención de empresarios no asociados directamente al gobierno anterior apuntaba prácticamente por primera vez a un partícipe necesario en la corrupción frecuentemente soslayado, un nombre como el del primo del Presidente vuelve inocultable el carácter sistémico del problema y proporciona una oportunidad única de imprimir un giro decisivo en la manera de lidiar con él.
En medio del verdadero terremoto político generado por la causa conocida como “cuadernos de la corrupción”, la presentación ante los tribunales del primo hermano del presidente Mauricio Macri confirma la naturaleza revulsiva de un caso que no parece diferenciarse de los demás de su tipo únicamente por su dimensión. Si ya la detención de empresarios no asociados directamente al gobierno anterior apuntaba prácticamente por primera vez a un partícipe necesario frecuentemente soslayado, un nombre de semejante peso vuelve inocultable el carácter sistémico del problema y proporciona una oportunidad única de imprimir un giro decisivo en la manera de lidiar con él
Desde luego, la posibilidad de que Ángelo Calcaterra quedara “pegado” a esta causa era prácticamente una certeza desde el momento en que se supo que una de las primeras órdenes de detención era contra Javier Sánchez Caballero. Nadie iba a creer que el gerente de una empresa pagara una coima sin conocimiento del dueño. Pero siempre cabía la sospecha de que la relación familiar pudiera preservarlo de alguna manera, y resulta un dato gratificante que eso no haya ocurrido.
En cuanto a su declaración, que refleja la misma estrategia defensiva de los demás “imputados colaboradores”, puede aportar elementos valiosos aunque no necesariamente merece ser tomada sin reparos. Las “presiones” que dice haber sufrido para realizar pagos ilegales a funcionarios no explican la prolongada participación en los procesos en los que era víctima de esa supuesta extorsión. Y aun cuando no corresponda inscribirlo como integrante de la asociación ilícita liderada primero por Néstor y luego por Cristina Kirchner que ha definido la investigación judicial, está clara su participación en un delito del cual se benefició.
Lo real es que ni él ni los demás empresarios involucrados estaban “obligados” a entregar bolsos repletos de dólares a los funcionarios kirchneristas -para las campañas, y también obviamente para sus bolsillos-, pero también que negarse a hacerlo significaba quedar afuera de los negocios con el Estado. Y esta dinámica no fue inventada por el kirchnerismo, aunque la haya llevado a extremos tan grotescos que su inverosimilitud es la principal línea de defensa de los responsables.
Desde luego, es preciso que todos los involucrados sean castigados en la medida de sus responsabilidades, no por una venganza política ni para ocultar las dificultades actuales, sino porque los que se cometieron fueron delitos en perjucio de la Nación y de los argentinos. Pero además, debe instrumentarse un sistema que garantice que las obras públicas costarán lo que deben, sin excedentes a repartir entre funcionarios inescrupulosos y empresarios que sólo se “arrepienten” con el agua al cuello.
Desde luego, la posibilidad de que Ángelo Calcaterra quedara “pegado” a esta causa era prácticamente una certeza desde el momento en que se supo que una de las primeras órdenes de detención era contra Javier Sánchez Caballero. Nadie iba a creer que el gerente de una empresa pagara una coima sin conocimiento del dueño. Pero siempre cabía la sospecha de que la relación familiar pudiera preservarlo de alguna manera, y resulta un dato gratificante que eso no haya ocurrido.
En cuanto a su declaración, que refleja la misma estrategia defensiva de los demás “imputados colaboradores”, puede aportar elementos valiosos aunque no necesariamente merece ser tomada sin reparos. Las “presiones” que dice haber sufrido para realizar pagos ilegales a funcionarios no explican la prolongada participación en los procesos en los que era víctima de esa supuesta extorsión. Y aun cuando no corresponda inscribirlo como integrante de la asociación ilícita liderada primero por Néstor y luego por Cristina Kirchner que ha definido la investigación judicial, está clara su participación en un delito del cual se benefició.
Lo real es que ni él ni los demás empresarios involucrados estaban “obligados” a entregar bolsos repletos de dólares a los funcionarios kirchneristas -para las campañas, y también obviamente para sus bolsillos-, pero también que negarse a hacerlo significaba quedar afuera de los negocios con el Estado. Y esta dinámica no fue inventada por el kirchnerismo, aunque la haya llevado a extremos tan grotescos que su inverosimilitud es la principal línea de defensa de los responsables.
Desde luego, es preciso que todos los involucrados sean castigados en la medida de sus responsabilidades, no por una venganza política ni para ocultar las dificultades actuales, sino porque los que se cometieron fueron delitos en perjucio de la Nación y de los argentinos. Pero además, debe instrumentarse un sistema que garantice que las obras públicas costarán lo que deben, sin excedentes a repartir entre funcionarios inescrupulosos y empresarios que sólo se “arrepienten” con el agua al cuello.