Una estrategia desgastada pero sin alternativas
Más allá de la utilización sistemática del derecho a negarse a contestar preguntas, y de algunas observaciones razonables, los escritos presen-tados en su indagatoria ratifican la apuesta de Cristina Kirchner a una victimización incapaz de convencer a nadie que no le profese una adhesión acrítica y sin matices.
Si el escándalo abierto a partir de las revelaciones de los llamados “cuadernos de la corrupción” ha superado en impacto político a otros casos anteriores por el volumen del material probatorio y la introducción de actores que hasta ahora habían permanecido fuera del escrutinio judicial, ello no ha sido suficiente para modificar la estrategia de la principal imputada. Más allá de la utilización sistemática del derecho a negarse a contestar preguntas -irreprochable en lo jurídico aunque políticamente la deje mal parada-, y de algunas observaciones razonables, los escritos presentados en su declaración indagatoria ratifican la apuesta de Cristina Fernández de Kirchner a una victimización incapaz de convencer a nadie que no le profese una adhesión acrítica y sin matices.
Como ya se ha señalado en otras oportunidades aquí, el protagonismo desproporcionado del juez Claudio Bonadio en las vicisitudes judiciales de la expresidenta no puede dejar de llamar la atención, y es cierto que algunas disposiciones sugieren cierta animadversión. Y si bien la atribución de todo a acciones del gobierno nacional carece de sustento y a veces de congruencia, en este caso en particular parece oportuna una aclaración sobre las conversaciones que Mauricio Macri habría mantenido con su primo Ángelo Calcaterra antes de la presentación de éste en el juzgado.
En cambio, hay en los escritos de la exmandataria elementos inadmisibles como los intentos de comparar el Gobierno actual con el régimen de la dictadura militar a través de una supresión de las garantías constitucionales que no existe, incluyendo la agresiva e insultante utilización del término “grupo de tareas” para referirse al equipo periodístico que examinó la información registrada en los cuadernos antes de entregarlos a la Justicia. Algo que llega al ridículo al referirse al chofer Centeno, cuyo pasado militar, que no constituyó ningún obstáculo para que estuviera al servicio de su administración durante más de una década, ahora se ha convertido, según ella, en un antecedente que desacredita su testimonio.
Pero el problema central de las declaraciones de Cristina Kirchner sigue siendo el de todas sus indagatorias: así como no responde por qué Lázaro Báez y Cristóbal López le pagaban millones por el alquiler de propiedades que no utilizaban, así como no da explicaciones razonables sobre su insólito giro en relación con la responsabilidad de Irán en el atentado a la Amia, por dar un par de ejemplos evidentes, tampoco aquí se refiere al sistema de recaudación ilegal montado a partir del reparto de obra pública que quedó confirmado en las primeras revelaciones de esta causa. Esa es la razón por la que no responde preguntas: así mantiene el control del discurso y elude los temas en que simplemente no tiene respuestas.
Desde luego, es natural que frente a la imposibilidad de abordar las acusaciones específicas en su contra más que de un modo tangencial e impreciso, trate de sacar partido de la suspicacia -extendida más allá de los límites de la fuerza que la respalda- de que el Gobierno utiliza los procesos judiciales contra la corrupción pasada para desviar la atención respecto de sus gruesas dificultades para administrar la crisis económica en el presente. No es una lectura desatinada, aunque en este caso puntual los padecimientos de la “patria contratista” parecen haber hecho una contribución a aumentar la inestabilidad. Sin embargo, ninguno de los problemas judiciales de Cristina Kirchner es un “invento”, ni las causas en su contra -al menos, las relacionadas con la corrupción, que son la mayoría- están “armadas” sobre una estructura endeble, como sí lo está su insistencia en la estrategia de autovictimizarse.
Como ya se ha señalado en otras oportunidades aquí, el protagonismo desproporcionado del juez Claudio Bonadio en las vicisitudes judiciales de la expresidenta no puede dejar de llamar la atención, y es cierto que algunas disposiciones sugieren cierta animadversión. Y si bien la atribución de todo a acciones del gobierno nacional carece de sustento y a veces de congruencia, en este caso en particular parece oportuna una aclaración sobre las conversaciones que Mauricio Macri habría mantenido con su primo Ángelo Calcaterra antes de la presentación de éste en el juzgado.
En cambio, hay en los escritos de la exmandataria elementos inadmisibles como los intentos de comparar el Gobierno actual con el régimen de la dictadura militar a través de una supresión de las garantías constitucionales que no existe, incluyendo la agresiva e insultante utilización del término “grupo de tareas” para referirse al equipo periodístico que examinó la información registrada en los cuadernos antes de entregarlos a la Justicia. Algo que llega al ridículo al referirse al chofer Centeno, cuyo pasado militar, que no constituyó ningún obstáculo para que estuviera al servicio de su administración durante más de una década, ahora se ha convertido, según ella, en un antecedente que desacredita su testimonio.
Pero el problema central de las declaraciones de Cristina Kirchner sigue siendo el de todas sus indagatorias: así como no responde por qué Lázaro Báez y Cristóbal López le pagaban millones por el alquiler de propiedades que no utilizaban, así como no da explicaciones razonables sobre su insólito giro en relación con la responsabilidad de Irán en el atentado a la Amia, por dar un par de ejemplos evidentes, tampoco aquí se refiere al sistema de recaudación ilegal montado a partir del reparto de obra pública que quedó confirmado en las primeras revelaciones de esta causa. Esa es la razón por la que no responde preguntas: así mantiene el control del discurso y elude los temas en que simplemente no tiene respuestas.
Desde luego, es natural que frente a la imposibilidad de abordar las acusaciones específicas en su contra más que de un modo tangencial e impreciso, trate de sacar partido de la suspicacia -extendida más allá de los límites de la fuerza que la respalda- de que el Gobierno utiliza los procesos judiciales contra la corrupción pasada para desviar la atención respecto de sus gruesas dificultades para administrar la crisis económica en el presente. No es una lectura desatinada, aunque en este caso puntual los padecimientos de la “patria contratista” parecen haber hecho una contribución a aumentar la inestabilidad. Sin embargo, ninguno de los problemas judiciales de Cristina Kirchner es un “invento”, ni las causas en su contra -al menos, las relacionadas con la corrupción, que son la mayoría- están “armadas” sobre una estructura endeble, como sí lo está su insistencia en la estrategia de autovictimizarse.