El gobernador envió a la Legislatura el nuevo proyecto de Seguridad Pública
Tras anticipar cambios en la ley vigente, el gobernador Martín Llaryora envió ayer a la Legislatura Unicameral el nuevo proyecto de Seguridad Pública.
El mismo contempla la creación de las Guardias Locales, el uso de armas no letales por parte de las empresas privadas, la conformación de Fiscalías Antinarcóticos (entre ellas, la de Río Cuarto), un plan de desarme y la implementación del narcotest a los funcionaros públicos.
En detalle, la iniciativa dice lo siguiente:
Guardias Locales de Prevención y Convivencia. Las municipalidades y comunas pueden adherir a la presente ley y, sobre esa base, constituir sus respectivas Guardias Locales de Prevención y Convivencia. Cada Guardia Local de Prevención y Convivencia tiene como misión contribuir al desarrollo del capital social de cada localidad, municipalidad o comuna, colaborando en el marco de sus funciones en la prevención del delito y las contravenciones como auxiliar de la Policía de Córdoba. Sus integrantes podrán usar armas no letales en el ejercicio de sus tareas. Entre sus funciones y atributos se encuentran los de disuadir, prevenir y, en su defecto, hacer cesar la comisión de todo tipo de faltas, infracciones o contravenciones.
Plan de Desarme. La ley enviada a la Legislatura Unicameral establece la estimulación del Plan de Desarme. Para tal fin, se cambia el criterio vigente y se establece el pago por cada arma que los vecinos entreguen.
Gestión privada de la seguridad. Se podrán contratar los servicios de empresas prestadoras de seguridad para la custodia o vigilancia de edificios públicos, dependencias oficiales, establecimientos educativos o sanitarios y cualquier otra infraestructura edilicia que sirva para la prestación de servicios provinciales. En los casos previstos en la reglamentación de esta ley, las empresas prestadoras de servicios de seguridad que así lo requieran podrán obtener autorización para el uso de dispositivos no letales en el ejercicio de las tareas a cargo del personal de su dependencia. La norma establece expresamente que “el personal autorizado al uso de armas no letales debe ajustar su conducta a los protocoles de uso de la fuerza y otros específicos sobre la materia, dictados o a dictar a tales fines”. Otro aspecto contemplado por el proyecto de ley es que las empresas prestadoras de seguridad podrán ser contratadas para la custodia o vigilancia de edificios o espacios públicos, dependencias oficiales, establecimientos educativos, etcétera. Los servicios de las empresas prestadoras de seguridad también podrán ser requeridos por clubes, sindicatos o gremios.
Narcotest. El proyecto de ley fija la realización de un certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales, conocido como narcotest. Esta medida alcanzará de manera obligatoria a quienes desempeñen funciones por elección popular, gobernador, vicegobernador, legisladores y tribunos, los ministros, secretarios, directores y subdirectores, asesores y toda persona que, por disposición legal o reglamentaria, ejerza funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos mencionados.
Más fiscalías en el interior provincial. Se crearán Fiscalías Antinarcóticos en Villa Dolores, Carlos Paz, Bell Ville, Marcos Juárez, Cruz del Eje, Río Cuarto y la ciudad de Córdoba. Además, se dotará de presupuesto a la ya existente en la ciudad de San Francisco. Se crearán 12 Fiscalías Criminales de distrito en la ciudad de Córdoba y se crea la figura de auxiliar de los servicios de seguridad.
Cámaras de seguridad vinculadas con la Policía. Se exigirá que todas las cámaras de seguridad, orientadas hacia el exterior, en bancos, superficies comerciales, edificios públicos, estaciones de servicio, espacios públicos, estén articuladas con el Centro de Monitoreo de la Policía.