El Covid-19 y el proceso electoral del año próximo
El complicado trance en que quedó inmerso el proceso electoral riocuartense debido a la emergencia sanitaria desencadenada luego de que se hbiera puesto en marcha, resuelto con una postergación del calendario cuestionada en su legalidad por algunos de los actores, representa una situación única en el país que, no obstante, bien podría haberse generalizado a otras jurisdicciones si el inesperado desembarco del Covid-19 se hubiera producido en otra fecha. En ese marco, la convocatoria de la Cámara Nacional Electoral al Ministerio del Interior y a otros responsables a abrir las discusiones sobre los caminos a seguir si la pandemia se prolonga hasta el año próximo constituye un llamado de atención que no por parecer prematuro resulta menos oportuno dada la trascendencia de lo que está en juego.
En sus fundamentos, la Cámara no menciona lo ocurrido en Río Cuarto, pero sí las tribulaciones de varios países de la región que tenían previstas elecciones para este año, entre ellos Chile, México, Bolivia, Uruguay y Paraguay, que debieron en algunos casos reprogra- mar los llamados a las urnas y en otros adoptar medidas especiales para que el acto de concurrir a votar no supusiera un aumento desproporcionado del riesgo sanitario. En ese sentido, está claro que la salida masiva de personas a la calle, las largas colas y las aglomeraciones en los colegios u otros sitios donde se emplazan los cuartos oscuros deben ser en la medida de lo posible evitadas para minimizar el peligro de contagio entre los ciudadanos, las autoridades de mesa y el personal de seguridad.
Harán falta protocolos específicos cuya elaboración es precisamente uno de los propósitos del llamado de la Cámara, que no parece en cambio tomar en consideración dentro del menú de opcio- nes un cambio de la fecha prevista para la elección de renovación legislativa, el 24 de octubre de 2021, ni para el de asunción de los nuevos diputados y senadores que resulten electos, el 10 de diciembre inmediatamente posterior. Justamente el tiempo relativamente extenso del que se dispone para buscar el mejor camino debería asegurar que no se repitiera una salida como la resuelta para Río Cuarto, que incluye una postergación de mandatos de las autoridades que no está contemplada por ninguna normativa preexistente ni siquiera para casos de emergencia.
Ello requerirá de la tarea conjunta de múltiples actores, más allá de la convocatoria inicial al Ministerio del Interior, al Comando Electoral y al Correo Argentino, ya que también deberán terciar los ministerios de Salud y de Justicia, y no se debería descartar a priori la necesidad de alguna reforma legislativa que debería pasar por el Congreso, ya que la Constitución prohíbe los decretos de necesidad y urgencia en materia electoral. Asimismo, habría que consensuar las regulaciones con provincias y municipios, ya que en 2021 también se renovarán algunas legislaturas y concejos deliberantes, además de las gobernaciones de Corrientes y Santiago del Estero.
Es decir, es un intenso trabajo el que debe realizarse para asegurar que la integridad del proceso esencial del sistema democrático no se vea comprometida, y aun cuando en un momento como el actual daría la impresión de que las elecciones deberían ser la última de las preocupaciones de las autoridades, un abordaje temprano del desafío es el primer paso para evitar que se convierta en un problema. Desde luego, sería deseable que en los próximos meses la crisis quede atrás y este esfuerzo termine por ser innecesario, pero si la pandemia ha puesto en primer plano la importancia de la prevención, resulta ciertamente aconsejable aplicar ese criterio también en el plano electoral.