El fiscal pidió sobreseer a una mujer y un médico imputados por un aborto

Es una de las pocas causas penales -o la única- por un aborto clandestino.

Después de tres años, el fiscal que investiga el aborto clandestino, ocurrido en el consultorio médico del médico Roldán Tafur en marzo de 2018, decidió pedir el sobresemiento de la mujer y del facultativo; ambos, imputados en el marco de la causa.

A la espera de una definición final

Todavía no hay una definición, dado que la última palabra la tiene la jueza de Control, que todavía no se ha pronunciado respecto a la solicitud de Moine. De todos modos, desde la defensa de la mujer acusada por la práctica abortiva creen que prevalecerá el criterio del magistrado. Es decir, la aplicación de la ley penal más benigna con los encausados.

"El fiscal ha pedido el sobreseimiento de la imputada, que es la persona que yo defiendo”, confirmó la abogada Mariana Giogetti, que ejerce la defensa de la mujer.

“Esperamos que la jueza de control va a estar de acuerdo con la medida solicitada por el fiscal, teniendo en cuenta que se debe aplicar siempre la ley penal más benigna. En este caso, se ha legalizado la Interrupción Voluntaria del Embarazo, por lo que esta persona ya no estaría en condiciones de quedar imputada, en virtud de que esa conducta dejó de ser un delito”, amplió la profesional.

El pedido de sobreseimiento también incluye al médico que participó de la intervención, Mariano Roldán Tafur, según detalló la abogada.

Frente a la eliminación de la conducta tipificada como delito, ambos quedaron en condiciones de ser desincriminados en el marco de la investigación penal de Moine.

No obstante, Giorgetti aclaró que la resolución del planteo está en manos de la jueza de control, Luciana Alba.

La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo podría beneficiarlos

“En este sentido, tenemos que recordar que solamente es facultad de la jueza de Control el desvincular de esta causa a los imputados”, señaló Giorgetti.

Finalmente, la abogada repasó que el hecho investigado por la Justicia ocurrió en 2018, cuando el Congreso de la Nación estaba discutiendo la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

“En ese contexto, se imputó -entiendo que fue por primera vez en el ámbito de la ciudad de Río Cuarto- a una persona que decidió interrumpir de manera voluntaria un embarazo. Eso nos pareció una suerte de provocación, sobre todo para los movimientos feministas", apuntó.

Un caso sin precedentes en la ciudad

El caso que dio origen a la inédita causa judicial por la realización de un aborto clandestino ocurrió el 12 de marzo de 2018, en un consultorio médico ubicado en calle Caseros al 200.

El propio médico a cargo, Mariano Roldán Tafur, había relatado ante los medios de comunicación que la mujer había acudido a su establecimiento con una hemorragia vaginal, procedente del útero, y no asociada al ciclo menstrual.

“Vino una paciente a las 8 de la mañana con una metrorragia. Después llegó un hombre que dijo ser su marido, pero que en realidad no lo es (sería su expareja)”, había explicado.

Él hombre la habría increpado y la empujó delante del médico, a quien también quiso agredir físicamente.

Frente a este escenario, el médico decidió llamar a la Policía para que intervenga.

“Yo sólo actué como médico. Es mi deber atender a toda paciente, sin averiguar qué fue lo que hizo. Ella vino con una metrorragia y no me va a decir qué es lo que pasó”, aseguró Roldán Tafur en aquella oportunidad.

La joven abandonó el consultorio médico en buenas condiciones y se retiró por sus propios medios del lugar.

“Se fue en un patrullero porque el supuesto marido es policía. La Policía no me llevó a mí. Yo no tengo ningún problema, gracias a Dios no me han llevado”, había declarado Roldán Tafur.