El proyecto de ley, elaborado de manera conjunta por organizaciones sociales y con el respaldo académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, tiene como propósito principal declarar la Emergencia Alimentaria en la Provincia de Córdoba. Esta iniciativa busca garantizar el acceso a alimentos adecuados y suficientes para las personas en situación de vulnerabilidad, en especial infancias, familias y adultos mayores. Además, se propone un incremento en la asignación presupuestaria destinada a los dispositivos alimentarios, con el fin de fortalecer comedores y merenderos comunitarios que, desde hace tiempo, están enfrentando una creciente demanda de servicios sin contar con los recursos suficientes para cubrirla.
El proyecto incluye, entre sus puntos más destacados, la creación de un fondo especial destinado exclusivamente a la implementación de medidas de emergencia. Este fondo se destinaría a la compra de alimentos frescos y nutritivos provenientes de productores locales, en un intento por fortalecer la economía social y fomentar la soberanía alimentaria. Asimismo, el proyecto propone la creación de un Consejo Provincial de Seguridad y Soberanía Alimentaria, que será el encargado de monitorear la implementación de las políticas alimentarias a nivel provincial, promoviendo la participación activa de la sociedad civil en el proceso.
En la reunión, tanto los concejales como los legisladores provinciales reconocieron la gravedad de la situación y se comprometieron a estudiar el proyecto en profundidad. Los participantes en la Mesa Alimentaria, como los legisladores Rodrigo Agrelo, Gregorio Hernández Maqueda y Walter Nostrala, entre otros, asumieron el compromiso de avanzar con el proyecto en las respectivas comisiones parlamentarias. No obstante, los funcionarios municipales y provinciales también destacaron las dificultades para ampliar el presupuesto destinado al sector, particularmente si no se cuenta con un aporte significativo por parte del Gobierno Nacional, quien ha reducido y hasta cortado todo tipo de asistencia a los comedores y merenderos comunitarios.
Crisis alimentaria y la situación en Córdoba
Los datos sobre la situación alimentaria en la ciudad capital, brindados por el Observatorio Social de la Municipalidad de Córdoba, son alarmantes. Según el informe, en la ciudad existen 1833 espacios sociocomunitarios que cumplen un rol fundamental no solo en la distribución de alimentos, sino también en la atención integral de las necesidades de las comunidades más necesitadas. Sin embargo, la capacidad de estos espacios para cubrir la demanda de alimentos es cada vez más insuficiente.
De acuerdo con las encuestas realizadas a los responsables de estos establecimientos, solo el 9.6% afirma que siempre tiene suficiente comida para cubrir la demanda. En contraste, un 47% de los comedores y merenderos indican que les alcanza la comida solo a veces, y un alarmante 20.4% señala que casi nunca tienen lo necesario para alimentar a todos los que asisten. Esto refleja una grave insuficiencia en los recursos destinados a paliar la inseguridad alimentaria de miles de personas, lo que pone en evidencia la falta de planificación y apoyo del Estado para enfrentar esta crisis.
El retiro del Estado Nacional: un factor decisivo
El proyecto de ley presentado por las organizaciones sociales también incluye una crítica directa a la falta de apoyo del gobierno nacional. La decisión de recortar las ayudas a los comedores y merenderos comunitarios ha incrementado considerablemente la carga sobre las organizaciones locales, que deben recurrir a sus propios medios para paliar una crisis que sigue empeorando.
A pesar de los esfuerzos del gobierno provincial, los municipios y de las organizaciones sociales para mitigar la situación, la falta de un apoyo federal adecuado ha dejado a muchas de estas iniciativas al borde del colapso. Los espacios comunitarios, que han sido fundamentales en la asistencia alimentaria en tiempos de crisis, se ven forzados a operar con presupuestos ajustados, y en muchos casos, los trabajadores de estos lugares, especialmente las cocineras y cocineros comunitarios, siguen realizando su labor en condiciones precarias y sin el reconocimiento que merecen.
El proyecto de ley presentado ante la Legislatura Provincial no solo busca paliar la situación inmediata, sino también generar un cambio estructural en la política alimentaria provincial, apuntando a una mayor autonomía y soberanía en la producción y distribución de alimentos. A través de la institucionalización de los espacios comunitarios y el fortalecimiento de la economía social, la iniciativa busca crear un modelo más justo, sostenible y participativo para garantizar el derecho a la alimentación de todos los cordobeses.
