Emergencia en discapacidad al congreso
La Cámara de Diputados aprobó el emplazamiento a comisiones para acelerar el tratamiento de la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad, una medida que organizaciones del sector venían reclamando con movilizaciones tanto en redes sociales como en las calles de Córdoba y Buenos Aires.
En ese marco, Marisa Morales, coordinadora de la cooperativa Todos Juntos, trazó un diagnóstico preocupante sobre la realidad que atraviesan las instituciones, las personas con discapacidad y sus familias.
"La situación continúa en emergencia", afirmó Morales, y señaló que la ley vigente, cuya vigencia vence en diciembre de 2026, resultó parcial e insuficiente para mitigar el desfinanciamiento del sector. El reclamo central es que esa ley se extienda por lo menos un año más.
La coordinadora describió la situación como grave en todos los sentidos: medicación, tratamientos médicos, rehabilitación y vida cotidiana de las personas con discapacidad se ven afectados. Para las instituciones, el problema central es el endeudamiento y la falta de pago en tiempo y forma por parte de las obras sociales, especialmente las que dependen del Estado nacional.
El trabajo cotidiano de la cooperativa
Todos Juntos es una organización no gubernamental que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Cuenta con un servicio de centro de día que funciona en dos turnos, con dos grupos y un equipo de trabajo. Sin embargo, sostener ese funcionamiento se vuelve cada vez más difícil: pagar sueldos, servicios y el mantenimiento de la institución representa un esfuerzo que el financiamiento actual no alcanza a cubrir.
Morales detalló que hace dos años no pueden realizar ninguna mejora en las instalaciones, lo que genera un deterioro progresivo. A eso se suma la dificultad para contratar y retener profesionales, ya que los salarios que pueden ofrecer están lejos de lo que consideran adecuado. "Es todo un deterioro que se va produciendo", señaló, y advirtió que eso pone en riesgo la calidad de los servicios que brindan, pese al esfuerzo del equipo.
Si bien la provincia de Córdoba otorgó apoyos concretos a las instituciones, Morales aclaró que eso no alcanza para cubrir los gastos mensuales recurrentes.
Una política que trasciende gestiones
Al analizar las razones del desfinanciamiento, Morales ubicó el problema en un marco más amplio: el sector de discapacidad no es el único afectado. Mencionó a los jubilados y al sector universitario como otros ejemplos de comunidades que enfrentan recortes sistemáticos. Además, señaló que durante la gestión de Mauricio Macri el sector atravesó problemas similares, lo que a su juicio refleja una política de achicamiento del Estado que se repite más allá de los signos políticos.
Respecto al Congreso, Morales recordó que en 2025 el presidente Javier Milei vetó la ley de emergencia en discapacidad, pero el Congreso revirtió ese veto y le dio vigencia. La expectativa es que algo similar ocurra ahora, aunque la coordinadora cuestionó que la lógica de funcionamiento dependa de la presión constante y de la gente en la calle para obtener respuestas.
