Según Idesa, para revertir esta situación el gobierno confía que con orden macroeconómico y las reformas estructurales se romperá el largo ciclo de estancamiento productivo. Para potenciar sus impactos positivos sobre la generación de empleos de calidad, el principal instrumento es la reforma laboral que intenta avanzar en el Senado. Esta ley se integra por un conjunto extenso de modificaciones a las normas que regulan las relaciones del trabajo.
Mientras tanto, el Indec informó sobre la situación del mercado de trabajo. Comparando el tercer trimestre del 2025 con igual período del 2023, el trimestre anterior al inicio del gobierno de Milei, aparece que el PBI aumentó en 1,3% mientras que el empleo urbano se incrementó en 2,3%. Este aumento en el empleo total se conforma de:
- El empleo no asalariado o por cuenta propia creció aproximadamente un 14%.
- El empleo asalariado registrado en empresas privadas cayó un -3%.
- El resto de las ocupaciones (la suma de empleo público más empleo asalariado no registrado) cayó un -1%.
Estos datos muestran que mientras las empresas privadas destruyeron empleos, la totalidad de la expansión del nivel de ocupación fue autoempleo, es decir, trabajadores sin empleador. Información complementaria de la Secretaría de Trabajo señala que el 80% son cuentapropistas informales, esto es, no inscriptos en el Monotributo. Esto sugiere que, en la mayoría de los casos, el aumento en el trabajo por cuenta propia no responde a una vocación emprendedora sino a la necesidad de generar ingresos para la subsistencia. “Es clara la extrema necesidad y urgencia de dinamizar la producción y abordar una profunda reforma de las instituciones laborales”, remarca Idesa.
Y agrega: “El proyecto en el Senado responde a esta lógica. En su amplitud y complejidad aparecen varios puntos perfectibles que es recomendable que sean abordados en su tratamiento legislativo. Pero los desafíos no terminan con introducir ajustes y mejoras en la ley. Además, es crucial y decisiva la aplicación que las justicias laborales de cada provincia hagan de las nuevas normas laborales”.
Para el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, el ejemplo de lo que está ocurriendo con el sistema de riesgos del trabajo es muy ilustrativo. “Una ley nacional del 2017, que tuvo adhesión de la mayoría de las provincias, dispone la constitución del Cuerpo Médico Forense. El objetivo es contar con médicos especialistas en evaluar incapacidades tomando en cuenta las reglas y metodología del sistema de riegos del trabajo y que sean remunerados en función de la tarea que hacen y no del monto de la incapacidad que dictaminan. Pasó casi una década y ninguna provincia instrumentó plenamente la ley. Por esta razón la litigiosidad sigue una tendencia insostenible. Una situación análoga se da con la enorme dispersión de índices diferentes que usan las justicias provinciales para la actualización de los créditos laborales en juicio”, recuerda.
Finalmente, para Idesa, es factible que la producción salga del aletargamiento de la última década e inicie una senda de crecimiento. “Para maximizar su impacto sobre la generación de empleos de calidad es fundamental mejorar y sancionar la reforma laboral. Sin embargo, lo más desafiante será lograr que las justicias provinciales se apeguen a las normas. Que se asuma que ni la autonomía de las provincias ni la independencia del poder judicial legitiman que los criterios personales de los jueces prevalezcan sobre las leyes aprobadas por el Congreso”, consideró el informe.
