La Justicia le ordenó al Municipio que se abstenga de ampliar el enterramiento al que va a parar toda la basura de la ciudad hasta tanto se defina una medida cautelar presentada por la familia Calvo, propietaria de las 10 hectáreas que se expropiaron para incrementar la capacidad del vertedero.
Desde el gobierno municipal le quitaron dramatismo a la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación. El fiscal municipal, Ricardo Muñoz (h), manifestó que se trata en realidad de una precautelar que durará algunos días y que no alterará los planes del Estado de ampliar el actual enterramiento.
Se trata de un extenso litigio que viene sosteniendo la familia Calvo para tratar de que el enterramiento no se amplíe, tal como pretende el Municipio. El enterramiento está al límite de su vida útil y, por esa razón, en septiembre del año pasado, el Concejo Deliberante declaró de utilidad pública y sujeta a expropiación la superficie de diez hectáreas contigua al enterramiento. Al igual que el terreno original, la propiedad es de la familia Calvo.
El Municipio cuestionó que la familia haya cobrado 27 millones de pesos y, a la vez, presente medidas cautelares.
“A los fines de evitar que en los hechos pudiera devenir abstracta la medida cautelar solicitada por los actores, hágase saber a la Municipalidad de Río Cuarto que deberá abstenerse de llevar a cabo cualquier acto material que importe la ampliación del establecimiento municipal de disposición final de los residuos sólidos ubicados en el Paraje Los Espinillos de esta ciudad hasta tanto el Tribunal se expida respecto de la nueva medida referida”, se lee en la resolución judicial.
Muñoz, fiscal municipal, indicó que la medida del tribunal se trata, en realidad, de una precautelar que tiene un efecto temporal acotado, hasta tanto se resuelva la cautelar.
Rechazos
“En dos oportunidades el mismo Tribunal rechazó medidas cautelares en este caso, en abril y noviembre de 2022, y en las dos señaló que no hay contaminación en lo más mínimo. Entendemos que también en este caso se va a resolver en el mismo sentido y se va a rechazar la medida cautelar”, dijo Muñoz.
El fiscal destacó que el Tribunal hizo una inspección ocular en noviembre del año pasado y no se detectaron irregularidades. “La Secretaría de Ambiente también en dos ocasiones realizó visitas al enterramiento y no encontró ningún signo de contaminación. Se hacen monitoreos constantes de toma de aire, agua y tierra y todos los indicadores son positivos. No hay ninguna razón para que cambie el criterio judicial”, dijo Muñoz.
El funcionario municipal puntualizó especialmente un dato:“Es importante destacar que la familia Calvo, que es la actora en el amparo ambiental, cobró la indemnización de casi 27 millones de pesos por la expropiación de las diez hectáreas. El dinero se depositó y la familia lo retiró;es decir, ya administra esa plata. Pero, por otro lado, insiste en que no quiere ampliar el vertedero. Es contradictorio porque presentan recursos judiciales pero, a la vez, administran el dinero que depositó el Estado”, manifestó el fiscal municipal.
Para Muñoz, la precautelar no implica un peligro para el proyecto del Municipio porque la familia ya avaló el sistema de expropiación al haber retirado los fondos y, por otra parte, porque los estudios están demostrando que no existe ningún daño ambiental.
