La tarifa única provincial que busca aplicar Epec surgió de la UNRC
Un equipo de profesionales e investigadores desarrolla el modelo que impulsa la Provincia para equiparar lo que pagan usuarios similares en distintas localidades. Hoy hay 205 distribuidoras eléctricas.
La Provincia y Epec buscan avanzar en la aplicación del nuevo marco regulatorio de la energía eléctrica que apunta a tres objetivos: simplificar y unificar la desordenada y profusa normativa vigente; unificar las tarifas en el territorio provincial, y facilitar la llegada de nuevas tecnologías que promuevan la generación eléctrica distribuida o por hogares.
La primera meta es de ordenamiento y los equipos están en plena tarea, y según adelantaron esta semana a PUNTAL los responsables del área, es la de menor dificultad. La última está especialmente vinculada al futuro, al nuevo esquema que tendrá la distribución y el consumo eléctrico en unos años, basado en las nuevas oportunidades que acercará la tecnología.
Pero sobre el segundo, y más complejo de las metas, las soluciones y proyectos avanzan desde los cubículos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde un grupo de especialistas viene desarrollando esquemas que permitirán alcanzar el objetivo de que los cordobeses paguen lo mismo por igual consumo independientemente del lugar en el que vivan. Esa fue la premisa sobre la que comenzaron a trabajar los ingenieros riocuartenses y que les permitió llevar el primer aporte al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba.
El ingeniero José Luis Hernández, uno de los responsables del proyecto, destacó: “Desde hace tiempo que venimos trabajando a partir de un pedido de la Provincia y hemos avanzado mucho, primero a nivel muestral, tomando como base unas 20 cooperativas, equivalente al 10% del total que existen en Córdoba, y ahora ya con información precisa de cada una de ellas”, señaló a PUNTAL.
El esquema funcionaría con un fondo compensador para equiparar las desigualdades que aún persistan luego de una etapa de eficientización de las estructuras de las 205 distribuidoras (204 cooperativas y Epec). Ahí se llegará a una tarifa de equilibrio del sistema y en el mapa de cooperativas estarán las ubicadas por encima y las que serán más eficientes y podrán cobrar menos. Estas últimas serán las que aportarán al Fondo para que las otras puedan bajar y encontrarse todas en el punto medio.
Luego de una instancia teórica y el análisis del contexto, se logró desarrollar un modelo empírico de regulación, a partir de la caracterización de los dos productos comercializados en este mercado: la potencia eléctrica (KW) y la energía eléctrica (KWh).
Es un proyecto de investigación, desarrollo e innovación del que participan ingenieros, contadores, administradores y econometristas, cuyos resultados, en primera instancia, fueron transferidos a la Provincia.
De allí, por ejemplo, surgió que el 70% de la distribución de energía y potencia la realiza la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), mientras que el 30% restante está a cargo de cooperativas de electricidad y otros servicios, que llevan el 100% de la energía rural de la Provincia.
Estudio y fondo
Hernández es ingeniero mecánico electricista y magister en redes de datos, docente investigador de la cátedra de Informática de la Facultad de Ingeniería y es, junto con el ingeniero Marino Pugliese, responsable del protocolo de trabajo con la Provincia.
“El resultado final de costos obtenidos permitió presentar el funcionamiento de un fondo compensador tarifario, que tiene como objetivo cubrir los desfasajes entre las distintas distribuidoras, en cuanto al cobro de tarifa y los costos regulados de la distribución”, dijo Hernández.
El fin último de la implementación de la tarifa unificada mediante la puesta en marcha de un fondo compensador es “evitar las pérdidas sociales generadas por la heterogeneidad de las densidades eléctricas donde viven los ciudadanos y así lograr una asignación más justa de los recursos de la sociedad”.
Queda además la puerta abierta para que el fondo compensador pueda, a la vez, recibir aportes del Estado, que tiendan a subsidiar el sistema en su conjunto o a determinados tipos de usuarios, en función del diseño de políticas públicas.
¿En qué consiste el estudio sobre la estructura tarifaria eléctrica?
Comenzó con el requerimiento de la Provincia. Se firmó un convenio marco y después un protocolo específico en el que la UNRC se comprometió a hacer el estudio tarifario y encuadrar a los usuarios de las distribuidoras en una estructura tarifaria única.
¿Qué significa una estructura tarifaria única?
Una estructura tarifaria única implica que aquellos que tienen similares características paguen lo mismo, más allá de quién les provea el servicio. Las críticas que se le hacían al sistema al momento de hacer este convenio es que haya tarifas distintas entre una población y otra, por tener diferente proveedor o desiguales condiciones pero sin que se supiera bien por qué.
¿Cómo se trabajó?
Se partió de un análisis estadístico de los costos y las densidades, esto es, la cantidad de kilómetros de línea por cliente, la superficie por la cantidad de usuarios, demanda máxima por kilómetro de línea, entre otras variables. Se procuró ver la relación entre esas densidades y el costo que una distribuidora tiene.
¿Por qué unos pagan más y otros menos?
En los tiempos de la hiperinflación, todos los meses cada cooperativa hacía un estudio de costos; sumaban lo que les costaba a ellos hacer la distribución, con sueldos, combustibles, reparaciones, entre otros ítems, y determinaban la tarifa para ese mes. Ahora, se propone calcular todo, pero contemplando los costos de oportunidad del capital, de las pérdidas, de operación y mantenimiento, y los de compra de la energía y potencia.
¿En qué consiste el modelo empírico de regulación?
Se pudo construir el modelo, pero se necesitaban datos actuales y reales. Por eso fue que se tomó una muestra de un 10% de las cooperativas, a partir de cuyos datos se presentó el modelo al Ministerio, que decidió encargar la segunda etapa, consistente en dos cosas, por un lado, facilitar la captura de datos, para que sean confiables, y, por el otro, la validación de los datos y la comparación, además de un perfeccionamiento del modelo vinculado con la componente social que tiene que tener el cálculo de la tarifa; ahora se va ampliar eso, a partir de contemplar aspectos como los ingresos, las características de las zonas, lo cual puede ser considerado en la estructura de costos.
¿Puede haber precios más bajos a partir de esto?
- No necesariamente. Puede haber una distribución más equitativa, en el sentido de que quienes están en las mismas condiciones paguen lo mismo, vivan donde vivan. Lo que se propone es que, a igualdad de condiciones, se pague la misma tarifa, independientemente de quien sea la distribuidora.
La primera meta es de ordenamiento y los equipos están en plena tarea, y según adelantaron esta semana a PUNTAL los responsables del área, es la de menor dificultad. La última está especialmente vinculada al futuro, al nuevo esquema que tendrá la distribución y el consumo eléctrico en unos años, basado en las nuevas oportunidades que acercará la tecnología.
Pero sobre el segundo, y más complejo de las metas, las soluciones y proyectos avanzan desde los cubículos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde un grupo de especialistas viene desarrollando esquemas que permitirán alcanzar el objetivo de que los cordobeses paguen lo mismo por igual consumo independientemente del lugar en el que vivan. Esa fue la premisa sobre la que comenzaron a trabajar los ingenieros riocuartenses y que les permitió llevar el primer aporte al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba.
El ingeniero José Luis Hernández, uno de los responsables del proyecto, destacó: “Desde hace tiempo que venimos trabajando a partir de un pedido de la Provincia y hemos avanzado mucho, primero a nivel muestral, tomando como base unas 20 cooperativas, equivalente al 10% del total que existen en Córdoba, y ahora ya con información precisa de cada una de ellas”, señaló a PUNTAL.
El esquema funcionaría con un fondo compensador para equiparar las desigualdades que aún persistan luego de una etapa de eficientización de las estructuras de las 205 distribuidoras (204 cooperativas y Epec). Ahí se llegará a una tarifa de equilibrio del sistema y en el mapa de cooperativas estarán las ubicadas por encima y las que serán más eficientes y podrán cobrar menos. Estas últimas serán las que aportarán al Fondo para que las otras puedan bajar y encontrarse todas en el punto medio.
Luego de una instancia teórica y el análisis del contexto, se logró desarrollar un modelo empírico de regulación, a partir de la caracterización de los dos productos comercializados en este mercado: la potencia eléctrica (KW) y la energía eléctrica (KWh).
Es un proyecto de investigación, desarrollo e innovación del que participan ingenieros, contadores, administradores y econometristas, cuyos resultados, en primera instancia, fueron transferidos a la Provincia.
De allí, por ejemplo, surgió que el 70% de la distribución de energía y potencia la realiza la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), mientras que el 30% restante está a cargo de cooperativas de electricidad y otros servicios, que llevan el 100% de la energía rural de la Provincia.
Estudio y fondo
Hernández es ingeniero mecánico electricista y magister en redes de datos, docente investigador de la cátedra de Informática de la Facultad de Ingeniería y es, junto con el ingeniero Marino Pugliese, responsable del protocolo de trabajo con la Provincia.
“El resultado final de costos obtenidos permitió presentar el funcionamiento de un fondo compensador tarifario, que tiene como objetivo cubrir los desfasajes entre las distintas distribuidoras, en cuanto al cobro de tarifa y los costos regulados de la distribución”, dijo Hernández.
El fin último de la implementación de la tarifa unificada mediante la puesta en marcha de un fondo compensador es “evitar las pérdidas sociales generadas por la heterogeneidad de las densidades eléctricas donde viven los ciudadanos y así lograr una asignación más justa de los recursos de la sociedad”.
Queda además la puerta abierta para que el fondo compensador pueda, a la vez, recibir aportes del Estado, que tiendan a subsidiar el sistema en su conjunto o a determinados tipos de usuarios, en función del diseño de políticas públicas.
¿En qué consiste el estudio sobre la estructura tarifaria eléctrica?
Comenzó con el requerimiento de la Provincia. Se firmó un convenio marco y después un protocolo específico en el que la UNRC se comprometió a hacer el estudio tarifario y encuadrar a los usuarios de las distribuidoras en una estructura tarifaria única.
¿Qué significa una estructura tarifaria única?
Una estructura tarifaria única implica que aquellos que tienen similares características paguen lo mismo, más allá de quién les provea el servicio. Las críticas que se le hacían al sistema al momento de hacer este convenio es que haya tarifas distintas entre una población y otra, por tener diferente proveedor o desiguales condiciones pero sin que se supiera bien por qué.
¿Cómo se trabajó?
Se partió de un análisis estadístico de los costos y las densidades, esto es, la cantidad de kilómetros de línea por cliente, la superficie por la cantidad de usuarios, demanda máxima por kilómetro de línea, entre otras variables. Se procuró ver la relación entre esas densidades y el costo que una distribuidora tiene.
¿Por qué unos pagan más y otros menos?
En los tiempos de la hiperinflación, todos los meses cada cooperativa hacía un estudio de costos; sumaban lo que les costaba a ellos hacer la distribución, con sueldos, combustibles, reparaciones, entre otros ítems, y determinaban la tarifa para ese mes. Ahora, se propone calcular todo, pero contemplando los costos de oportunidad del capital, de las pérdidas, de operación y mantenimiento, y los de compra de la energía y potencia.
¿En qué consiste el modelo empírico de regulación?
Se pudo construir el modelo, pero se necesitaban datos actuales y reales. Por eso fue que se tomó una muestra de un 10% de las cooperativas, a partir de cuyos datos se presentó el modelo al Ministerio, que decidió encargar la segunda etapa, consistente en dos cosas, por un lado, facilitar la captura de datos, para que sean confiables, y, por el otro, la validación de los datos y la comparación, además de un perfeccionamiento del modelo vinculado con la componente social que tiene que tener el cálculo de la tarifa; ahora se va ampliar eso, a partir de contemplar aspectos como los ingresos, las características de las zonas, lo cual puede ser considerado en la estructura de costos.
¿Puede haber precios más bajos a partir de esto?
- No necesariamente. Puede haber una distribución más equitativa, en el sentido de que quienes están en las mismas condiciones paguen lo mismo, vivan donde vivan. Lo que se propone es que, a igualdad de condiciones, se pague la misma tarifa, independientemente de quien sea la distribuidora.