A 25 años de la explosión en la Fábrica Militar de Río Tercero, aún no se pagaron las indemnizaciones a los 10.000 damnificados por secuelas físicas y psicológicas, lo que totaliza una suma superior a los 2 mil millones de pesos.
El martes 3 se cumplirá un cuarto de siglo del brutal estallido en el predio militar riotercerense que causó siete muertos, más de 300 heridos y cuantiosos daños materiales.
Por esta voladura fueron condenados los militares Edberto González de la Vega, Carlos Franke, Jorge Cornejo Torino y Marcelo Gatto, por el delito de estrago doloso agravado por la muerte de personas, con penas de entre 10 y 13 años de cárcel.
Por esa misma imputación, el expresidente y actual senador Carlos Menem deberá ir a juicio el 24 de febrero del 2021 en los tribunales cordobeses.
Es la segunda etapa del juicio de Río Tercero que tiene vinculación con el contrabando de armas a Croacia y Ecuador.
Efectivamente, la Justicia comprobó que la planta militar riotercerense se hizo volar a propósito para ocultar el faltante de armas, producto de la venta ilegal de armas hacia esos países.
La causa se iba a cerrar con la hipótesis del accidente, que decía que la chispa de un montacargas había caído en un tambor con trotyl, originando así un incendio que derivó en las posteriores explosiones.
Pero, en virtud de las presentaciones hechas por la querellante Ana Gritti, el caso dio un vuelco y se consolidó la teoría del atentado.
Hoy los abogados Aukha Barbero, Horacio Viqueira y Ricardo Monner Sans representan a María Eugenia y María Julia Dalmasso Gritti, hijas de la fallecida letrada riotercerense.
Su padre, Hoder Dalmasso, fue una de las siete víctimas fatales del letal estallido.
Las otras personas que murieron en ese siniestro fueron Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Romina Torres, Laura Muñoz, José Varela y Elena Ribas de Quiroga.
Pero además de la causa penal, la explosión derivó también en causas civiles por daños y perjuicios.
Se trata de un total de 10.000 damnificados que vienen reclamando más de 2 mil millones de pesos en indemnizaciones.
“Está el compromiso del ministro (Agustín) Rossi de empezar a pagar lo antes posible”, dijo ayer a Puntal el abogado de los damnificados, Mario Ponce.
Según se pudo conocer, el gobierno nacional se comprometió a pagar el mencionado monto antes de fin de año.
La causa pasó por varios jueces: Luis Martínez, el conjuez Diego Estévez, la jueza subrogante Clara Curtino, Oscar Valentinuzzi y Carlos Ochoa.
A 25 años de la explosión, Río Tercero busca cerrar esa herida.
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