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"La Justicia ya avaló la expropiación para ampliar el enterramiento"

Ricardo Muñoz, fiscal municipal, negó que exista riesgo de que la ciudad se quede sin el predio para enterrar los residuos. Manifestó que en noviembre, el Tribunal valoró la declaración de utilidad pública de 10 hectáreas

El fiscal municipal, Ricardo Muñoz, manifestó que la Justicia ya avaló el proceso de expropiación para ampliar en 10 hectáreas el enterramiento sanitario y señaló que no existen elementos distintos para que actualmente se falle en otro sentido.

El funcionario habló después de que una precautelar de la Cámara de Apelaciones de Primera Nominación le ordenara al Municipio abstenerse de ampliar el vertedero controlado. La decisión se da en el marco del litigio judicial que inició la familia Calvo, propietaria de las tierras donde funciona el enterramiento y de las 10 hectáreas que fueron expropiadas, para tratar de que la basura no se entierre más en ese lugar.

Muñoz negó que, tal como señala la oposición, haya riesgo de que la Justicia ordene el desalojo del vertedero de basura y, además, rechazó la acusación del abogado de la familia Calvo, Federico Macciocchi, de que el Estado haya actuado avasallando los derechos de los propietarios.

“La resolución que emitió el Tribunal el día 8 de marzo es una cuestión previa en el marco del tercer pedido de cautelar que se ha presentado para suspender la ampliación del vertedero. Ese pedido ya fue rechazado en dos oportunidades; en una el propio Tribunal hizo una inspección y dijo que no se advierte contaminación en lo más mínimo. Rechazó la cautelar en abril del año pasado y en noviembre, frente al proceso expropiatorio, la Cámara volvió a analizar la situación y dijo que, conforme a la inspección ocular, conforme a la documentación y a monitoreos ambientales, también debía rechazar la medida cautelar porque no estaba acreditada la contaminación ambiental. A su vez, en esa misma decisión, la Cámara valoró la declaración de utilidad pública y la expropiación y dijo que en lo sucesivo deberán administrarse los residuos para que no vuelva a ampliarse”, indicó Muñoz.

Y agregó: “Esto indica que el mismo Tribunal avaló el año pasado el proceso de expropiación para ampliar el vertedero en 10 hectáreas. Y no existe en la actualidad ningún elemento distinto para que la Cámara pueda fallar de otra manera”.

Esto indica que el mismo Tribunal avaló el año pasado el proceso de expropiación para ampliar el vertedero en 10 hectáreas. Y no existe en la actualidad ningún elemento distinto para que la Cámara pueda fallar de otra manera Esto indica que el mismo Tribunal avaló el año pasado el proceso de expropiación para ampliar el vertedero en 10 hectáreas. Y no existe en la actualidad ningún elemento distinto para que la Cámara pueda fallar de otra manera

Muñoz manifestó además que a partir de noviembre del año pasado hubo dos visitas de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, que destacó la manera en que se estaban operando los residuos y fiscalizó los avances de la planta de separación de residuos.

El abogado de la familia Calvo declaró en las últimas horas que el Municipio se comportó de manera avasallante y atropellando los derechos de la familia Calvo. Sobre eso, Muñoz manifestó que se cumplieron los procedimientos establecidos por ley.

Pasos legales

“La Municipalidad respetó cada uno de los pasos que el sistema legal exige: declarar de utilidad pública el bien, consultar al Tribunal de Casación, ofrecer la indemnización. Ante eso la familia no contestó, entonces se consignó judicialmente casi 27 millones de pesos y ante el Juzgado se solicitó que se ponga el bien en posesión de la Municipalidad por haber pagado. Lo que pasó fue que al existir un arrendatario se resolvió esperar los 30 días que establece la ley de expropiación para proceder a la expulsión y eso se estaba tramitando en estos días. No hay actos arbitrarios ni que avasallen derechos; se respetaron todos los pasos”, manifestó Muñoz.

Hubo otro punto que generó polémica y que fue lo que ocurrió con los 27 millones de pesos que depositó el Municipio; la familia Calvo dijo que sólo pidió que se resguardara el poder de compra a través de un plazo fijo y para el gobierno eso implica la aceptación del pago y una decisión sobre la administración del dinero.

“En relación al pago de la indemnización, la familia Calvo ya comenzó a administrar los fondos: solicitó que se constituya un plazo fijo, con lo cual, a su voluntad, está decidiendo qué hacer con ese dinero. Ya está realizando actos de gestión y administración de la indemnización”, declaró el fiscal municipal.