Cuatro de cada 10 familias destinan más de la mitad de sus ingresos a pagar deudas

El nivel de endeudamiento de las familias está llegando a niveles críticos en el país. Actualmente, el 61 por ciento del uso de las tarjetas de crédito se destina a la compra de alimentos pero, además, el 38 por ciento de los hogares tiene que destinar más del 50 por ciento de sus ingresos a cancelar deudas.

El dato surge del informe sobre el nivel de endeudamiento de los hogares argentinos que elaboró el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas. Se hizo en las 24 jurisdicciones nacionales a través de 4.200 encuestas de hogares relevadas durante marzo.

El 91,7 por ciento de los hogares tienen deudas pero, en un plano que va mostrando las complicaciones de las familias, en casi el 62 por ciento de los casos se acumulan entre 2 y 3 deudas. Otro 23,5 por ciento tiene más de tres deudas y el 14,7 por ciento tiene solamente una deuda.

Un dato que marca el deterioro de la economía familiar, o que por lo menos contribuye a ponerle fecha, es que el 54 por ciento de las deudas se contrajeron a partir de 2025. El 37,5 por ciento se originó en 2024 e incluso antes y el 8,5 por ciento arrancó en 2026.

Una información importante es la que revela en qué estado se encuentran esas deudas de las familias:¿se están cancelando en tiempo y forma o hay retrasos en los pagos?

Solamente el 18,2 por ciento de los hogares tienen sus deudas en estado regular, es decir, están al día. El 47,3 por ciento registra atrasos y tiene sus deudas en gestión administrativa como consecuencia de la mora. Pero un alto 34,5 por ciento ya tiene sus pasivos en situación judicial, lo que encarece notablemente ese crédito y además implicará en el futuro que esas familias deban afrontar penalizaciones, gastos y honorarios profesionales.

“El deterioro en la calidad de la deuda es contundente. Las deudas impagas alcanzan el 81,8% (contra 76% en 2025 y 63% en 2024), mientras que las instancias judiciales crecen al 34,5% (versus el 28% en 2025 y 22,2% en 2024), reduciéndose las deudas en situación regular al 18,25%. Esto indica una pérdida generalizada de la capacidad de pago. El crédito, además, cambia su función. El 61% del uso de tarjetas de crédito se destina a la compra de alimentos (58% en 2025 y 54% en 2024), evidenciando que el financiamiento ya no impulsa el consumo, ni mejora el bienestar, sino que cubre necesidades básicas esenciales. En el plano social, este proceso se traduce en un deterioro del nivel de vida, una reducción del acceso a servicios esenciales y una ruptura de las redes de contención. La caída de deudas vinculadas a educación, salud y servicios refleja una salida forzada de estos sistemas, en particular de la clase media, mientras que la disminución de préstamos familiares evidencia un agotamiento de esa red informal de apoyo”, se lee en el informe.

Es decir, la tipología de la deuda también está marcando la existencia de un fenómeno que se ha agudizado:cada vez más familias que tenían consumos de clase media ahora deben cambiar la tipología de sus pasivos y ya no pagan servicios o bienes durables con créditos sino consumos más perentorios.

¿A quiénes les deben las familias? Principalmente a tarjetas de crédito: el 34,5 por ciento de los hogares acumula pasivos -en general para consumo- con esas entidades. Los bancos representan el 12,5 por ciento y el 11,3 por ciento de las familias pide fiado. Otro 10,6 por ciento tiene deudas en impuestos o expensas.

Por otra parte, 24 de cada 100 familias destinan entre el 40 y el 50 por ciento de sus ingresos al pago de deudas;otro 22 por ciento debe usar entre el 50 y el 60 por ciento de su ingreso para los pasivos, mientras que el 16 por ciento destina más del 60 por ciento.

Los que usan apenas entre el 10 y el 20 por ciento de los ingresos para afrontar las deudas representan sólo el 5 por ciento de los hogares.

“La deuda, deja de ser un fenómeno transitorio y pasa a organizar la vida cotidiana. Los hogares priorizan lo urgente sobre lo importante, resignan consumos estructurales y operan en un esquema de supervivencia permanente. En este contexto, el individuo comienza a vincularse con la economía principalmente como deudor, lo que limita su autonomía y movilidad social. Desde el punto de vista político e institucional, el crecimiento de embargos (16,8% en 2026 frente a 15% en 2025 y 11% en 2024) y la judicialización creciente, reflejan que el endeudamiento se ha convertido en un problema público. Asimismo, se observa una creciente percepción de imposibilidad de salida: el 37% de los hogares considera que no podrá saldar sus deudas (contra 24% en 2025 y 18% en 2024), mientras que el 19% no logra siquiera proyectar su situación financiera. Esto evidencia una crisis de expectativas y una progresiva naturalización de la inestabilidad”, se lee en las conclusiones del informe.