Prisión perpetua para un acusado de femicidio en Huerta Grande
La Justicia de Cruz del Eje condenó a un joven de 28 años por el crimen de Yamila Garay. El hecho había sucedido en marzo de 2016.
Un joven fue condenado hoy a prisión perpetua por el femicidio de su ex pareja, Yamila Candela Garay, cometido en 2016 en la localidad de Huerta Grande, según un fallo dictado por la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje, integrada con jurados populares.
La pena fue dictada contra Lucas Di Giovanni (28), quien fue hallado responsable de "homicidio agravado por violencia de género y alevosía" en un juicio que tuvo como particularidad que por primera vez se aceptó a una organización no gubernamental como parte querellante.
El proceso contó con la participación de nueve jurados populares y durante las audiencias se escucharon las declaraciones de familiares de la chica asesinada, de 21 años, y otros testigos.
El abogado Ramiro Fresneda, representante de la familia de la víctima, manifestó estar "satisfecho" con el fallo de la Cámara y sobre la la actuación del fiscal Martín Bertone sostuvo que "ha habido una investigación penal preparatoria exhaustiva, que ha sido central y gravitante para poder llegar a que se haga justicia por el horrendo crimen de Yamila".
"Estamos conformes con el fallo de la Justicia", agregó Fresneda, del Centro de Protección Familiar, la primera ONG en ser aceptada como parte en un caso de femicidio.
El fiscal Bertone dijo a Télam que su decisión se basó fundamentalmente en que "el delito de femicidio trasciende los casos particulares" y que la actuación de las ONG "brinda transparencia a los procesos", facilita "el acceso de la sociedad a la Justicia" y cumple con la misión fundamental de brindar "prevención y asistencia a potenciales víctimas de estos delitos".
El representante del Ministerio Público admitió la incorporación de la asociación luego de analizar el requerimiento de Fresneda.
En ese escrito, el letrado expresó: "La problemática de la violencia contra las mujeres no sólo vulnera el derecho de la víctima directa sino que afecta a una parte importante de la sociedad".
A eso se suma que "los familiares de la víctima directa, como las amigas, el entorno afectivo y social de la comunidad en la que desarrollaba su actividad vital, muchas veces carecen de información sobre sus derechos, y el miedo de sufrir represalias, las inmoviliza, tornando el acceso a la Justicia un camino lleno de obstáculos".
Luego de una búsqueda de dos días, la joven fue hallada asesinada el 29 de marzo de 2016 en una cantera de arena abandonada, camino al paraje El Dragón, entre la localidad de Huerta Grande y la ciudad de La Falda.
Sus familiares advirtieron que no se encontraba en la casa en la que vivía sola, a pesar de que allí había dejado su teléfono celular, sus documentos y su moto, en la cual se movilizaba habitualmente.
Al ser encontrado su cádaver, Yamila tenía una soga atada al cuello y signos de haber sido arrastrada varios metros.
Al momento del crimen, la víctima cursaba un profesorado en la Escuela Nacional de La Falda y meses antes de su asesinato, había marchado contra los femicidios.
Además, la chica era empleada de una agencia de quiniela ubicada en la Terminal de Ómnibus de La Falda.
Después del hecho, hubo varias manifestaciones y marchas pidiendo justicia, y pocos meses después de su crimen, se dispuso llamar con su nombre a la principal arteria que une la localidad de Huerta Grande con La Falda.
La pena fue dictada contra Lucas Di Giovanni (28), quien fue hallado responsable de "homicidio agravado por violencia de género y alevosía" en un juicio que tuvo como particularidad que por primera vez se aceptó a una organización no gubernamental como parte querellante.
El proceso contó con la participación de nueve jurados populares y durante las audiencias se escucharon las declaraciones de familiares de la chica asesinada, de 21 años, y otros testigos.
El abogado Ramiro Fresneda, representante de la familia de la víctima, manifestó estar "satisfecho" con el fallo de la Cámara y sobre la la actuación del fiscal Martín Bertone sostuvo que "ha habido una investigación penal preparatoria exhaustiva, que ha sido central y gravitante para poder llegar a que se haga justicia por el horrendo crimen de Yamila".
"Estamos conformes con el fallo de la Justicia", agregó Fresneda, del Centro de Protección Familiar, la primera ONG en ser aceptada como parte en un caso de femicidio.
El fiscal Bertone dijo a Télam que su decisión se basó fundamentalmente en que "el delito de femicidio trasciende los casos particulares" y que la actuación de las ONG "brinda transparencia a los procesos", facilita "el acceso de la sociedad a la Justicia" y cumple con la misión fundamental de brindar "prevención y asistencia a potenciales víctimas de estos delitos".
El representante del Ministerio Público admitió la incorporación de la asociación luego de analizar el requerimiento de Fresneda.
En ese escrito, el letrado expresó: "La problemática de la violencia contra las mujeres no sólo vulnera el derecho de la víctima directa sino que afecta a una parte importante de la sociedad".
A eso se suma que "los familiares de la víctima directa, como las amigas, el entorno afectivo y social de la comunidad en la que desarrollaba su actividad vital, muchas veces carecen de información sobre sus derechos, y el miedo de sufrir represalias, las inmoviliza, tornando el acceso a la Justicia un camino lleno de obstáculos".
Luego de una búsqueda de dos días, la joven fue hallada asesinada el 29 de marzo de 2016 en una cantera de arena abandonada, camino al paraje El Dragón, entre la localidad de Huerta Grande y la ciudad de La Falda.
Sus familiares advirtieron que no se encontraba en la casa en la que vivía sola, a pesar de que allí había dejado su teléfono celular, sus documentos y su moto, en la cual se movilizaba habitualmente.
Al ser encontrado su cádaver, Yamila tenía una soga atada al cuello y signos de haber sido arrastrada varios metros.
Al momento del crimen, la víctima cursaba un profesorado en la Escuela Nacional de La Falda y meses antes de su asesinato, había marchado contra los femicidios.
Además, la chica era empleada de una agencia de quiniela ubicada en la Terminal de Ómnibus de La Falda.
Después del hecho, hubo varias manifestaciones y marchas pidiendo justicia, y pocos meses después de su crimen, se dispuso llamar con su nombre a la principal arteria que une la localidad de Huerta Grande con La Falda.