Caso fentanilo contaminado: piden ampliar la investigación a ANMAT

En el marco de la causa por el fentanilo contaminado, que ya dejó al menos 96 muertes en distintas provincias y mantiene en estado crítico a varias personas, el abogado penalista Carlos Nayi presentó un escrito ante el Juzgado Federal N°3 de La Plata solicitando que la Justicia avance en la imputación de funcionarios de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) por su presunta responsabilidad en la circulación del lote adulterado que desató la mayor tragedia sanitaria de los últimos años.

El planteo fue realizado en representación de Sol Basualdo Altamirano y Darío Benavídez, padres de B.G.B., el bebé que sufrió graves secuelas tras haber recibido el medicamento contaminado al nacer y que, tres meses después, continúa luchando por su vida. La presentación busca ampliar el alcance de la investigación judicial que hasta ahora se concentra en los directivos de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, señalados como los principales responsables de la producción y distribución del anestésico adulterado.

“Acabo de pedir que se eleven los niveles de responsabilidad y que el radar de la Justicia Federal capte a quienes han cometido delitos a nivel ANMAT y en otros niveles”, dijo Nayi en diálogo con Puntal, al explicar el objetivo de la nueva medida. En ese marco, el letrado agregó: “Es una causa judicial que tiene piso y no tiene techo y deberá desarticular cualquier pacto de no agresión celebrado entre los captados por el radar de la Justicia”.

El documento presentado ante la Justicia Federal repasa las pruebas acumuladas en la causa, los antecedentes administrativos y los testimonios que apuntan a irregularidades sistemáticas en el control estatal sobre la producción farmacéutica.

En su presentación, Nayi advierte que la ANMAT tuvo pleno conocimiento de las falencias en Laboratorios Ramallo desde al menos 2018, cuando comenzaron a detectarse contaminaciones por hongos, medicamentos vencidos, fallas en el etiquetado y se iniciaron sumarios administrativos que nunca derivaron en sanciones ejemplares ni clausuras.

El texto detalla la cronología del caso y revela omisiones graves: el 28 de noviembre de 2024 una inspección no programada en Ramallo detectó deficiencias críticas en infraestructura, control de calidad y procedimientos de seguridad. El acta fue confeccionada el 5 de diciembre, pero 13 días después, el 18 de diciembre de 2024, el organismo aprobó el lote 31202 de fentanilo, hoy vinculado a decenas de muertes. La clausura recién llegó el 10 de febrero de 2025, cuando el producto ya había sido distribuido en hospitales y clínicas.

El abogado también incorporó el testimonio de una ex empleada de HLB Pharma, quien declaró a un medio porteño que se avisaba con antelación qué lotes serían auditados, entre otras irregularidades, lo que revela una presunta connivencia con auditores y funcionarios.

“Nos encontramos ante un hecho inédito en la historia sanitaria argentina: un organismo estatal, que debía velar por la salud pública, no solo falló en su rol, sino que, con actos y omisiones, facilitó la consumación del delito de adulteración y distribución de medicamentos contaminados”, sostiene.

Mientras la causa avanza en los tribunales federales, el caso sigue teniendo rostros humanos. En este caso, el del pequeño B.G.B., que permanece internado desde su nacimiento y cuya vida cambió para siempre por haber recibido el anestésico contaminado.

Su padre, Darío Benavídez, habló oportunamente con Puntal y describió el calvario que atraviesan: “Lo que nos pasó no tiene vuelta atrás, pero queremos que se sepa la verdad. No puede ser que esto le pase a otro chico, a otra familia. Necesitamos que los responsables, todos, paguen por esto”.

Darío y su pareja, Sol, son algunos de quienes impulsaron desde Córdoba una querella que terminó repercutiendo en todo el país. Su denuncia derivó en el pedido que realizó Nayi para detener 24 personas, de las cuales 16 ya fueron arrestadas por orden del juez Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación. Sin embargo, para los padres, el círculo de responsabilidades no está cerrado.

Las pruebas recolectadas, los allanamientos, el secuestro de documentación, la clausura de plantas y las detenciones marcan la magnitud del caso.

Con la nueva presentación de Nayi, se busca romper el cerco sobre la cadena de responsabilidades y llevar a indagatoria a los funcionarios de ANMAT que, según el escrito, “tenían pleno conocimiento de las irregularidades y permitieron que un medicamento potencialmente letal llegara a miles de personas”.