Se trata de una iniciativa que busca promover la transparencia y elevar la calidad ética de quienes deseen ocupar cargos públicos. Concretamente, esta normativa prohíbe asumir espacios en el poder Ejecutivo y Legislativo local a aquellas personas condenadas por la justicia penal provincial o federal.
La ordenanza contempla los delitos de carácter doloso de cualquier delito del Código Penal con condena firme o avalada en un tribunal de segunda instancia
Vale señalar que no solamente regirá para cargos electivos (intendente y concejales) sino también para aquellas personas que designe el intendente para su gabinete (funcionarios) o el propio Concejo Deliberante (Defensor del Pueblo).
La presidenta del cuerpo legislativo local, Ana Medina, comentó en diálogo con Puntal AM que "se trabajó sobre el consenso".
"Esto se va a aplicar en la próxima elección municipal", añadió.
WhatsApp Image 2025-03-13 at 12.44.36.jpeg