El evento, denominado La Lupita Fest, se desarrollaba sin la habilitación correspondiente en un predio de la calle Presidente Perón al 3.400. El operativo se realizó en conjunto entre la Policía, la Dirección de Espectáculos Públicos y la Guardia Local de Prevención.
El primer procedimiento policial tuvo lugar alrededor de las 00.30 del domingo. Las autoridades constataron que se había instalado una carpa sin los informes técnicos necesarios, además de la presencia de personal de seguridad privada no autorizada y la ausencia de un servicio de emergencias médicas. Debido a estas irregularidades, se procedió a la clausura del evento.
Pero poco después, los organizadores trasladaron la fiesta a una casa del country San Esteban, propiedad del productor agropecuario y corredor Gastón González y su esposa Laura Soldano, haciéndola pasar como un festejo de cumpleaños. Las autoridades se hicieron presentes en el lugar alrededor de las 3 de la mañana ante la llamada permanente de vecinos que se quejaban por los ruidos y el ingreso masivo de jóvenes al country. Encontraron unas 300 personas que habían sido convocadas tras la clausura en el primer domicilio, entre ellas, menores de edad. Según trascendió del operativo, los propietarios del domicilio habrían admitido que los asistentes eran los mismos que habían pagado la entrada de $ 8000 para La Lupita Fest. Como resultado, se llevó a cabo la segunda clausura y el desalojo de los presentes. Sin embargo, los inspectores destacaron que la dueña de casa no quiso firmar el acta correspondiente.
De acuerdo a la ordenanza, los propietarios, organizadores como los tenedores son responsables ante estos eventos, explicó el fiscal contravencional Marcelo Alassia y aseguró que a partir de esta implementación se han desarticulado aproximadamente cuatro eventos. “Son más esporádicos luego de la modificación que tuvo lugar a fines de 2024”, señaló.
Posteriormente a la clausura del lugar, las sanciones son económicas en primera medida.
“Rondan desde un mínimo de 7 millones llegando hasta un máximo de 30 millones”, comentó el funcionario.
El procedimiento sigue su curso administrativo en la Fiscalía Contravencional y el Juzgado de Faltas Municipal para determinar las penalidades correspondientes.
