En los próximos días la Fiscalía debe decidir si le dicta al falso médico Ignacio Martín la prisión preventiva o dispone que recupere su libertad.
“Esta semana vamos a analizar si corresponde que Martín recupere la libertad o tenga prisión preventiva”, confirmó a Puntal el fiscal Pablo Jávega.
¿Cómo sigue la causa judicial de ahora en más?
El fiscal tiene que resolver también en torno a las denuncias sobre dos pacientes que murieron tras ser atendidos por Martín.
En rigor de verdad, debe determinar si la intervención del médico trucho causó el deceso de un joven de 29 años, por un lado, y de una mujer de 82 años, por el otro.
Las dos denuncias por mala praxis fueron radicadas ante el fiscal.
Si se llega a dicha conclusión, el fiscal sumará nuevos delitos a la causa principal, con lo cual se agravará la situación procesal de Martín.
Por ahora, el falso médico está imputado de ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de título, uso de documento público falso agravado, uso de documento privado falso, defraudación calificada, falsificación de documento público y defraudación calificada en grado de tentativa.
En estos casos las penas que le corresponden pueden ser de 1, 3 y hasta 8 años de prisión.
Especialistas en la materia dicen que, si se comprueban las muertes, cabe la recaratulación del caso en homicidio con dolo eventual, lo que representa una pena mayor.
El fiscal no descarta sumar nuevas imputaciones aún más graves.
Si ello llega a ocurrir, Martín podría ser citado nuevamente a declarar para ejercer su defensa.
En la indagatoria del jueves se abstuvo de declarar.
En tanto, aún está pendiente la pericia psicológica, que no se hizo porque Martín no colaboró.
Dicha prueba es clave para saber si se está enfrente de un estafador serial o de una persona con graves problemas mentales.
En el Palacio Municipal, creen que se trata de un “psicópata”.
Otra arista de la causa tiene que ver con las responsabilidades políticas. Para decirlo de una manera más simple: ¿quiénes contrataron al médico trucho?
El fiscal no descarta convocar a más funcionarios públicos, incluyendo a los de Córdoba.
Desde el Municipio, que se constituyó en parte querellante, piden a la Justicia que haya una respuesta “rápida y contundente”.
De todas maneras, en el gobierno municipal siguen de cerca el caso por los posibles coletazos que pueda tener.
La investigación que lleva adelante Jávega constituye la etapa preparatoria para determinar si se llega a un juicio o no.
Por ahora, se debe definir si Martín queda libre o no.
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