El fiscal que acusó a Gambero por "shaking baby" se apartó de la causa

Tres años después del fallecimiento de Pedro, el bebé de 4 meses que había sido llevado a la guardia del Hospital San Antonio de Padua en estado crítico, el fiscal que había puesto al padre -Gonzalo Gambero- en el centro de todas las sospechas decidió dar un paso al costado y apartarse de la causa.

Javier Di Santo, el fiscal de Segundo Turno que en su momento había acusado a Gambero de haberle producido a su hijo “shaking baby syndrome”, o lo que en nuestro idioma se conoce como síndrome del niño sacudido, será sucedido ahora por su colega de Cuarto Turno, Daniel Miralles.

Di Santo lo decidió el 18 de agosto pasado, después de que Rosa Sabena le pidiera inhibirse de la causa porque, a criterio de la abogada de Gambero, el fiscal ya tenía una opinión formada sobre el caso y existía riesgo de que no actuase con imparcialidad.

En su pedido, la defensora recordó que Di Santo ya había resuelto enviar a juicio a Gambero por lesiones graves calificadas reiteradas y homicidio calificado por el vínculo, e incluso el fiscal había insistido en su postura cuando el juez de control subrogante, Mariano Correa, le rechazó el pedido.

Gambero finalmente no fue llevado frente a un jurado popular porque el 3 de agosto los jueces Pablo Bianchi, Carlos González Castellanos y Daniel Vaudagna, de la Cámara Segunda del Crimen, rechazaron las apelaciones de Javier Di Santo y del abogado de la madre del niño, Jorge Valverde.

En la resolución Número 54 los jueces avalaron lo resuelto por el el juez Mariano Correa y ratificaron que no había elementos de prueba suficientes para llevar a juicio a Gambero ni tampoco para sobreseerlo.

Así, el expediente recaló otra vez en la fiscalía de Di Santo con la recomendación de que se ampliara el abanico de sospechas no sólo al padre del bebé, sino también a la madre y a la niñera, es decir, a las tres personas que estuvieron al cuidado del niño en sus últimas semanas de vida.

En la entrevista que Puntal públicó el 11 de agosto de este año, Gonzalo Gambero había dejado entrever: “Hay que ver qué determina el fiscal, si va a continuar o no la investigación. Si decide archivar todo, me voy a oponer. No me voy a quedar con que hay dos personas a las que nunca se investigó”.

Rosa Sabena fue más contundente aún, adelantó a este diario que iba a pedir el apartamiento de Di Santo porque ya se había pronunciado dos veces por el enjuiciamiento de Gambero e incluso había sido el fiscal que lo mandó a la cárcel con prisión preventiva. Por eso, argumentó que difícilmente iba a poder ser ecuánime. “Ya tiene una opinión formada, se tiene que apartar”, había dicho.

Di Santo no compartió los argumentos de Sabena y, aunque consideró que estaban dadas las condiciones para que pudiera seguir investigando la muerte de Pedro de manera imparcial, se inhibió para evitar cualquier sospecha de parcialidad.

“No advierto en el caso concreto situación psíquica o anímica que me oriente hoy a irrespetar los valores de ecuanimidad o imparcialidad que la propia ley me exige”, aclaró el fiscal en su escrito.

Negó que exista algún motivo que pueda poner en duda su “esfuerzo”, su “compromiso con la verdad” y “la ecuanimidad” dispensada a las partes “dentro y fuera del proceso con miras a garantizar su total transparencia”.

Pero, más allá de esa circunstancia, reconoció en su escrito que tampoco puede pasar por alto la intranquilidad que puso de manifiesto la defensa de Gambero al poner en duda su imparcialidad. Por ese motivo, expuso: “Me veo en la obligación de no seguir entendiendo en lo relacionado a la muerte del niño Pedro Gambero”.

Daniel Miralles continuará la investigación, que sigue teniendo como único imputado a Gonzalo Gambero, pero ahora con la clara prescripción de la Justicia de que se amplíe la pesquisa a la madre del bebé y a la niñera.

Todos bajo sospecha

Shaking baby

La muerte de un bebé de 4 meses el 25 de agosto de 2017 instaló en la opinión pública un síndrome del que hasta entonces poco se hablaba, el “shaking baby syndrome”.

En la mira

La última persona que estuvo con Pedro antes de que se descompensara fue su padre, Gonzalo Gambero. Esa circunstancia, unida a los resultados de la primera autopsia, lo dejó en el centro de las sospechas. Di Santo ordenó su detención, lo imputó por lesiones graves reiteradas y homicidio, ambos delitos calificados por el vínculo y, finalmente, pidió que lo llevaran a juicio.

Vuelco en la causa

La oposición de Rosa Sabena al juicio dio pie a la participación del juez de Control subrogante, Mariano Correa, quien tras analizar las pruebas de la Fiscalía dio un giro a la causa. Correa rechazó la orden de que Gambero fuera llevado ante un jurado popular y le devolvió el expediente al fiscal de Instrucción con una admonición: que no centre la pesquisa únicamente en el padre, sino que amplíe la investigación hacia la madre del bebé, Lucrecia Piñeiro, y hacia la niñera, Nancy Gómez Palta.

“Ha quedado acreditado que las personas que estuvieron a cargo del niño las últimas 2 semanas antes de su muerte eran la niñera, su madre y su padre, pero la instrucción solamente apuntó al último de los mencionados, soslayando por completo las otras dos hipótesis (esto es, la niñera y la madre del bebé), respecto de las cuales quedaron muchas aristas que no han sido motivo de investigación y pueden echar luz respecto a otros posibles intervinientes en el proceso lesivo que sufrió el bebé”, aseguró el juez de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género.