Jorge Vasconcelos, vicepresidente del Ieral de la Fundación Mediterránea, declaró que el Gobierno no dispone de herramientas potentes para atacar la inflación y agregó que las últimas medidas aún no generan un escenario consistente para contener los precios.
El economista habló con el programa Entre Líneas y trazó un panorama de los principales desafíos que enfrenta la gestión de Alberto Fernández.
- La inflación continuó alta en febrero, 3,6 por ciento, y alimentos y bebidas es un rubro que siguió por encima del resto.
- La inflación empezó a acelerarse en octubre-noviembre, también en cierta medida por una mayor normalización de la actividad económica. La inflación del segundo trimestre del año pasado fue muy baja porque la actividad económica estuvo muy deprimida. La normalización de la economía conlleva una normalización de los precios, muchos de los cuales estuvieron congelados, no por una decisión del Gobierno sino por falta de operaciones, de contratos. La inflación se empezó a acelerar en octubre-noviembre y el Gobierno, desde mediados de febrero, está empezando a implementar una política distinta contra la inflación pero, evidentemente, los datos de febrero todavía no reflejan prácticamente ninguna señal de que ese plan haya impactado sobre la variable inflación. Quizás marzo tampoco sea un mes ideal para testear si el plan está funcionando porque hay muchas correcciones de precios, así que probablemente si el plan tiene algún impacto para desacelerar la inflación recién lo veremos en abril o mayo. Está obviamente en el interés del Gobierno, por ser un año electoral, desacelerar la tasa de inflación pero, a su vez, los instrumentos con los que cuenta tampoco son tan potentes, por eso terminó recurriendo al instrumento más conocido en Argentina que es pisar la evolución del precio del dólar en el mercado oficial para que los precios se acomoden un poco a esa señal. Está bajando el ritmo de la devaluación del peso, que venía en el 4 por ciento mensual, pasó al 3 y ahora en marzo posiblemente la tasa de devaluación del peso contra el dólar va a estar abajo de 2,5. Es decir, está usando el ancla cambiaria. Los resultados todavía no se ven pero está en el interés del Gobierno profundizar esta línea de trabajo porque, obviamente, en un año electoral, si la inflación seguía en el 4 por ciento mensual las chances oficiales iban a estar cuestionadas.
- ¿Es un plan consistente o son medidas que no pueden sostenerse a largo plazo?
- Para que sean consistentes en realidad debería haber una política fiscal más previsible y un déficit fiscal más bajo del que está en el presupuesto. En enero y febrero el Gobierno dio señales de cierta cautela fiscal; de hecho no le pidió pesos al Banco Central para financiar el déficit del Tesoro pero ya en marzo hubo un pedido de fondos de unos 70.000 millones de pesos del Tesoro al Banco Central. Hacer una política fiscal consistente con una inflación inferior al 40 por ciento en 2021 requeriría un déficit fiscal de 2,5 puntos del PIB y el presupuesto habla de un déficit de 4,5 del PIB; es decir, no estamos todavía en un escenario de consistencia y el tema electoral tironea del gasto público. El Gobierno se resiste a descongelar las tarifas de gas y electricidad pero si no lo hace va a costar 1.500 o 1.600 millones de dólares y ese costo se va a comer el 60 o 70 por ciento de la ganancia fiscal que el Gobierno está teniendo por la mejora en los precios internacionales de los granos y en la recaudación de las retenciones. Si la política del año electoral también implica congelamiento de tarifas, entonces la política fiscal consistente no se va a lograr. También es cierto que el Gobierno da muy pocas señales hacia adelante. Es difícil encontrar promesas con más de un par de semanas de duración, así que la política fiscal todavía es una incógnita y hay que reconocer que en el seno del Gobierno hay posiciones distintas con respecto a estos temas.
- ¿Cómo impacta en el orden fiscal el proyecto por Ganancias, que es una buena medida para quienes quedan afuera del impuesto pero que impacta en las cuentas y agrava el déficit?
- En realidad es justo y lógico, en una economía tan informal como la argentina, que aquellos que registran sus ingresos de modo formal no tengan tan penalizados esos ingresos con el impuesto a las Ganancias partiendo de un mínimo no imponible tan bajo. Una corrección del mínimo no imponibe es lógica, hay que ver la magnitud. El costo fiscal de esta medida que se discute en el Congreso es una cuarta o quinta parte de lo que sería el costo fiscal si siguieran las tarifas de gas y electricidad congeladas todo el año. Es un costo fiscal menor y tiene otros efectos que son menos dañinos para la economía que la persistencia del congelamiento de las tarifas. Es una medida que se debería tomar. Y, en cuanto al control de la menor recaudación que eso significaría, está en el sentido común de cuál sería un mínimo no imponible razonable para ir corrigiendo hacia arriba pero sin desordenar demasiado las cuentas públicas. Lo que se está discutiendo en el Congreso no está tan lejos de lo que debería ser. Hay una generosidad vinculada al año electoral pero también es cierto que hay un reconocimiento de esa realidad de que esas personas que estamos con los ingresos en blanco sufrimos mucho más la presión impositiva que los que no.
- Mientras tanto, se dilata el acuerdo con el FMI y el riesgo país sigue subiendo.
- Claro, porque en realidad los vencimientos de este año quizás se podrían afrontar con los mayores ingresos por la suba de precios de la soja o por la emisión de la moneda del Fondo, que va a beneficiar a Argentina en unos 3.300 o 3.400 millones de dólares. El tema es que los vencimientos del año que viene son muy fuertes y si Argentina no alcanza un acuerdo con el FMI se corre el riesgo de entrar en default con ese organismo. Además hay un vencimiento con el Club de París 2.400 millones de dólares. También hay temor con respecto a ese cumplimiento. Si uno mira la deuda que tiene el Estado con el sector privado en moneda extranjera, es una cuarta parte del PIB de Argentina, 90.000 millones de dólares. Sólo los países muy austeros tienen una deuda de esa magnitud. Pero Argentina, pese a esa relación tan baja entre deuda y PIB, tiene ese riesgo país de 1.600 puntos. Eso marca que hay una incertidumbre más profunda: hay gente que piensa que el país va a repetir otros 10 años de estanflación y que, aunque la deuda sea chica, Argentina seguirá siendo insolvente.

